Corte Penal Internacional y su inaceptable ‘teoría del buenismo’ (II)

Pablo Jofre

30/05/2024 8:33pm

La Corte Penal Internacional (CPI) desempeña su misión, además de lo mencionado con anterioridad, en dos aspectos: primero, el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados y en segundo lugar la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización para hacerlo.

Es fundamental no confundir esta CPI con la Corte Internacional de Justicia que depende a la Organización de las Naciones Unidas y por tanto es un órgano subordinado que juzga aquellas controversias y litigios entre los Estados. Sin embargo, existe una relación estrecha entre la CPI y la ONU aprobada por la resolución 58/318 de la Asamblea General (¹). La Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia, que interviene únicamente cuando las autoridades nacionales no tienen la disposición o la capacidad para hacerlo.

Las principales críticas a la CPI radican en el doble estándar exhibido cuando se trata de tomar ciertas decisiones, sobre todo cuando se trata de aquellos sindicados como “enemigos de Occidente”. Una muestra evidente de lo que afirmo es la orden de detención emitida en marzo del año 2023 contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin y la comisionada presidencial para los derechos de esos niños, María Lvova-Belova, acusados del presunto crimen de guerra respecto al traslado forzoso de niños desde los territorios ucranianos, haciendo caso omiso de la defensa rusa –no firmante del Estatuto de Roma–, que afirmó en el Consejo de Seguridad de la ONU que su país había acogido a más de cinco millones de ucranianos, de los cuales 700 mil son niños, varios miles de ellos provenientes de orfanatos y casas de acogida. La opinión sobre esta medida era que la CPI trataba, bajo orientación occidental, de “desgastar” y demonizar la figura del presidente ruso (²).

**Vladimir Putin** y **María Lvova-Belova**

Los niños mencionados en la investigación de la CPI efectivamente han estado en establecimientos rusos, pues aquellos que estaban ubicados en la zona del Donbás sufrían constante bombardeos a manos del régimen kievita y ello implicaba un evidente peligro a la vida de estos menores. 1.300 de esos pequeños ya ha sido devueltos a sus orfanatos de origen, 400 están en orfanatos rusos en diversas regiones y 358 niños fueron asignados a hogares, con guardianes en el marco de la denominada custodia tutelada. Aquí simplemente se tomaron las afirmaciones de Kiev y no las de autoridades rusas, en un claro ejemplo de parcialidad y de afinidad exigida por las potencias occidentales aliadas de Ucrania, que ha sido el ente que ha bombardeado los hogares y establecimientos del cual tuvieron que ser evacuados estos menores, fuera de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.

Hablo de doble rasero pues esta misma corte, que ha recibido las denuncias por genocidio contra el régimen sionista israelí, no llevó adelante ninguna acción previa al 20 de mayo de 2024, que obligue a la entidad nacionalsionista israelí a cesar sus crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y de agresión. En la búsqueda de la justicia internacional, la rendición de cuentas, la sanción de los responsables, la no repetición y la reparación de las víctimas, 620 abogados chilenos presentaron una denuncia penal ante la CPI en diciembre del 2023 y ratificada en marzo de este 2024 en contra del primer ministro sionista Benjamín Netanyahu (³). Esa acción y aquellas establecidas por gobiernos y entidades internacionales determinaron, recién 225 días después del proceso de exterminio del nacionalsionismo, que la CPI diera curso a una solicitud de detención a cuyos destinatarios son el primer ministro nacionalsionista Benjamín Netanyahu y su ministro de la guerra Yoav Gallant, componentes del régimen civil-militar israelí que en poco más de siete meses y medio ha asesinado a 35 mil palestinos, hombres, mujeres y entre ellos 16 mil niños. Más de 10 mil palestinos bajo los escombros. La destrucción de gran parte -el 75%- de la infraestructura sanitaria, industrial, servicios básicos, viviendas, carreteras, escuelas, universidades, mezquitas.

Recordemos, además, que un panel de tres jueces decidirá ahora si emitirán las órdenes y permitirán que proceda el caso. Estas decisiones suelen tardar algunas semanas, por tanto, viviremos una etapa de enormes presiones contra la CPI y contra cada uno de sus miembros. Ya en estos días, países aliados del sionismo ponen en duda que la CPI ponga en el mismo nivel, sostienen, a los miembros de HAMAS y a dirigentes de un gobierno que denominan democrático y aliados. Países como Alemania y Austria se encuentran en este grupo. «Es muy extraño que se mencione aquí al primer ministro de un Estado democrático al mismo tiempo que a los terroristas de Hamás, que han causado una masacre sin parangón en la historia» sostuvo la ministra federal austríaca para la UE, Karoline Edtstadler. «Está por ver cómo reacciona el Tribunal Penal Internacional a la petición del fiscal» (⁴) argumentó la ministra una velada amenaza que la temporada de presiones ha comenzado.

Si embargo, aquellos que cuestionan a la CPI no han dudado en demonizar al presidente ruso ¿Por qué Putin y no Netanyahu? solíamos preguntarnos antes de la solicitud del Fiscal jefe de la CPI considerando además los 76 años de crímenes cometidos por el sionismo contra el pueblo palestino. ¿Por qué Rusia y el señalamiento constante a su gobierno como enemigo principal de Occidente y, sin embargo, el ente israelí es permanentemente protegido por sus aliados occidentales y en el seno de los organismos internacionales? Ya se ha iniciado una andanada de ataques y críticas a la CPI por parte de Washington y los suyos frente a la orden de detener al criminal Netanyahu y Gallant, que seguramente implicará presiones para países como Japón, Alemania u otros, para quitar el apoyo financiero e incluso generar una política para tratar de eliminar este organismo internacional. Con lo positivo que puede ser la solicitud de detención del dúo criminal Netanyahu y Gallant, también hay que emitir una orden internacional de detención a otros miembros del régimen civil-militar nacionalsionista, entre ellos:

Isaac Herzog. Presidente del régimen sionista. De padre irlandés y madre egipcia.
Itamar Ben Gvir. Ministro de seguridad nacional. De familia originaria de Irak.
Bezalel Smotrich. Ministro de finanzas de familia originaria de Ucrania.
Ayelet Shaked, de origen iraquí, exdiputada y ministra de recientes gobiernos sionistas, que incita permanentemente al genocidio del pueblo palestino.
Avigdor Lieberman. Ex ministro de guerra y colono de origen moldavo, que ha llamado a lanzar una bomba nuclear contra el pueblo palestino.
El ex jefe del estado mayor del ejército sionista Benny Gantz, con padre de origen rumano, que llama a la destrucción de la Franja de Gaza y la eliminación total de la resistencia, con el asesinato de miles de niños.
El ex primer ministro Yair Lapid, de origen yugoeslavo, como también el ex primer ministro de origen estadounidense, Naftali Bennett

**Bezalel Smotrich**, **Benjamín Netanyahu** y **Itamar Ben-Gvir**.

Frente a los llamados a exterminar a la población palestina por parte de políticos como Ben Gvir y Smotrich, el legislador árabe israelí Ahmad Tibi, de la alianza Hadash-Ta’al (que ha sufrido la muerte de tres de sus familiares por bombardeos del ejército israelí en la Franja de Gaza) sostiene que ambos ministros extremistas están “incitando al genocidio”, comparando sus propuestas con los llamados nazis a un expansionismo bajo el concepto de “Lebensraum” o “espacio vital” (⁵). Para los nazis, ese concepto incluía la idea de que había una raza superior con derecho a expandirse en el territorio y desplazar a sus habitantes originarios, como es exactamente lo que hace el nacionalsionismo israelí con el pueblo palestino. Igualmente tengamos presente que Sudáfrica, que presentó una acusación ante el Tribunal internacional de Justicia (dependiente de la ONU) a través de su representante Tembeka Ngcukaitobi defiende que “la incitación al genocidio emana del más alto nivel” del Gobierno israelí, por lo que no puede presentarse como frases aisladas de “grupos fuera de control”. Y esta realidad es fundamental para dar cuenta que se trata de crímenes de una entidad no de individuos o soldados que no obedecen órdenes. Es lo que se denomina “terrorismo de Estado”, una política de solución final emanada desde los niveles más altos de la sociedad extremista israelí.

La Corte Penal Internacional debe dejar de ser rehén de los chantajes y presiones de Estados Unidos y los suyos, dejar de tratar de equiparar aquello que no es posible equilibrar como es la acción del victimario y la víctima. ¿Se imagina usted solicitar la detención –si hubiese existido en la Segunda Guerra Mundial la CPI– de los jerarcas nazis y al mismo tiempo a los líderes de la resistencia partisana o los maquis franceses o a los guerrilleros soviéticos tras las líneas del ocupante nazi? No es posible aceptar ese equilibrio falso y oportunista, de solicitar órdenes de detención de Netanyahu y Gallant y al mismo tiempo meter en este saco a líderes de la resistencia de miembros de HAMAS, para así satisfacer a los que ponen la plata para la música de la CPI. La CPI debe ser apoyada en su trabajo por el Consejo de Seguridad de las ONU e incluso la propia fiscalía de la CPI usar de oficio informaciones que reciba, para iniciar investigaciones sobre la base de la información que reciba de fuentes fidedignas y esas fuentes existen y de absoluta confianza como son los propios relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas, organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales sobre los crímenes cometidos por el ente israelí (⁶).

Crímenes del nacionalsionismo que se ejecutan, no sólo desde octubre del año 2023 (recordemos que la ocupación, colonización y exterminio del pueblo palestino tiene más de siete décadas) o aquellos que el régimen de Zelensky y anteriores cometen contra los habitantes del Donbás. Crímenes ejecutados desde el momento mismo que los sectores neonazis ucranianos, avalados por Washington y la Unión Europea, derrocaron al expresidente Víctor Yanukovich el año 2014. Tanto el régimen sionista como el kievita gozan de impunidad y protección, que imposibilitan un trabajo imparcial de la CPI. Tengamos presente que la CPI no ha emitido orden alguna contra los líderes ucranianos, sean estos civiles y militares, por los crímenes contra el mundo ruso parlante del este ucraniano. Ese doble rasero, esa hipocresía condenable hace sospechar que la justicia, que debería ser igual para todos sin que este pensamiento pueda ser calificado de ingenuo, simplemente se convierte en una justicia parcial, orientada por intereses hegemónicos y no de respeto a los derechos humanos.

Cuando algún funcionario de la Corte Penal Internacional se atreve a emitir una opinión y una acusación de crímenes cometidos por los “amigos de los poderosos” suele ser amenazado con las penas del infierno. A Washington y los suyos no les complace la justicia independiente. Así ha acontecido cuando se ha acusado a fuerza militares estacionadas en el extranjero o en la ocupación e invasión de territorios cometer crímenes durante sus operaciones militares. Recordemos las opiniones y decisiones de los gobiernos estadounidenses con sus amenazas y sanciones a los fiscales de la CPI cuando estos acusaron por crímenes de guerra y lesa humanidad, genocidio y agresión a militares y agentes de la CIA de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. En septiembre del año 2020, en una polémica decisión, el gobierno de Estados Unidos sancionó a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, así como a otro alto funcionario de la CPI (⁷).

Anuncio hecho por el ex secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo, quien acusó a la CPI de «intentos ilegítimos de someter a ciudadanos estadounidenses a su jurisdicción», teniendo en cuenta que la CPI investigaba si las fuerzas militares de Estados Unidos han cometido crímenes de guerra en Afganistán. A pesar de mis intentos de ver el vaso lleno respecto a lo que la CPI ha definido con relación a Netanyahu y Gallant mi pesimismo es extremo. No es posible confiar en un organismo tan coartado y sujeto a presiones de los mismo que han alentado genocidios en nuestros países.

La teoría del buenismo es estéril frente al sionismo y el nazismo y eso bien lo saben los propios funcionarios de organismos internacionales como la ONU. Tal es el caso de Craig Mokhiber, director de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien dimitió el día 28 de octubre de 2023 tras acusar públicamente a la organización de no abordar lo que llamó un «caso clásico de genocidio de manual» en Gaza (⁸). Misma acusación que debería hacerse extensiva a múltiples organismos, incluyendo a la CPI, que no menciona, en la solicitud de detención contra Netanyahu, el concepto de genocidio. No hay que temer las palabras cuando ellas reflejan la realidad de los crímenes cometidos por el nacionalsionismo israelí y sus mandos civiles y militares contra millones de palestinos.

Existen personas que superan esa teoría del buenismo y sus palabras influyen positivamente en decir las cosas como son. “Cuando la intención genocida es tan conspicua, tan ostentosa, como lo es en Gaza, no podemos apartar la vista, debemos hacer frente al genocidio; debemos prevenirlo y debemos castigarlo”, declaró la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos, en los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, durante la presentación de su informe Anatomía de un genocidio. Esto, durante la sesión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en marzo de este año 2024 (⁹). Allí, Francesca Albanese sostuvo que “hay motivos razonables» para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del delito de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza. «En concreto, Israel ha cometido tres actos de genocidio con la intención requerida: causar graves daños físicos o mentales a miembros del grupo; infringir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo»; claro y preciso, el régimen israelí es genocida y la Corte Penal Internacional debe dejar de lado su cobardía política y llamar a parar los crímenes que como Netanyahu y su sociedad cada día devienen en una entidad nazisionista que debe ser detenida y eliminada.

Por Pablo Jofré Leal

Periodista. Analista Internacional

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