La Agenda de Seguridad de Boric está teñida de racismo colonial

Por Héctor Llaitul Carrillanca

En su cuenta pública, Boric centró su discurso en la seguridad y en las medidas para combatir la delincuencia. Esto se debe principalmente porque su gobierno ha tomado como propias las posiciones de la ultraderecha, que ha centrado una gran campaña comunicacional sembrando el temor frente al alza de la delincuencia, utilizando prácticamente todos los medios de comunicación ligados al empresariado y a sectores de la derecha chilena económica. De esta forma se desvía la atención y se manejan mentalidades, ocultando e invisibilizando los verdaderos problemas y demandas más sentidas de la gente. Así, se impone un tema como un gran problema y se lo transforma en una demanda, lo que debiera ser cubierto y resuelto por las autoridades, quedando así en segundo plano otras demandas en orden a justicia social, principalmente en lo referido a trabajo, salario y pensiones justas, educación y salud dignas.

Respecto del tema de la delincuencia y su incremento en el último tiempo, análisis que haremos más adelante, lo que nos resulta indispensable es denunciar que este fenómeno está siendo utilizado para implementar políticas gubernamentales supuestamente para combatir este flagelo, pero que, sin embargo, las verdaderas razones son otras y van en otro sentido.

La responsabilidad del incremento de la delincuencia en Chile es de las propias gobernanzas neoliberales, quienes han creado las condiciones estructurales y políticas para que la delincuencia se desarrolle y mute hacia el crimen organizado, el cual a su vez se termina relacionando con las propias estructuras del poder y la institucionalidad opresora.

Lo concreto es que este gobierno, como ningún otro, ha cedido a la presión de los sectores más recalcitrantes de la derecha económica y política, vanagloriándose incluso de ser la administración que más leyes de seguridad ha dictado.

Es seguro que se profundizará una agenda cargada de políticas y medidas que contarán con toda la fuerza de la institucionalidad opresora, reforzando así los pilares fundamentales del Estado capitalista y colonial chileno. En consecuencia, se incrementará la represión y la criminalización de la protesta social en nombre de un falso combate a la delincuencia. Esta será sólo la excusa, el discurso y el relato para reforzar la persecución de las diversas expresiones de rebeldía y descontento de los pobres del campo y la ciudad en Chile.

Estamos asistiendo a la consolidación de un Estado de tipo policial represivo en defensa de los intereses de los poderosos. Así quedó de manifiesto en la movilización y lucha que viene desarrollando el Pueblo Nación Mapuche. El asunto que nos debe preocupar por tanto es que, con la imposición de esta agenda de seguridad, se va legitimando un tipo de gobernanza que actúa como un verdadero régimen de ocupación de la soberanía de nuestras comunidades y experiencias de control territorial. En efecto, ya se impuso la militarización en el Wallmapu y con esta agenda se refuerza y normaliza una verdadera ocupación militar de características ideológicas y culturales de colonialismo interno que tiene como pretensión final aplastar el desarrollo del movimiento mapuche autonomista en lucha.

Los temas de seguridad son muy legítimos en algunos sectores ya que mantiene y justifica la persecución hacia el crimen organizado, pero, mañosamente, y a su vez, buscan vincularlos a actos y expresiones de resistencia de los sectores más golpeados por el sistema con el objetivo de mezclar adrede estas situaciones y con ello justificar la represión a cualquier expresión del pueblo organizado y en lucha.

Ello se constata al observar las condiciones actuales de opresión e injusticias hacia el Pueblo Mapuche, donde su implementación a sangre y fuego -que tiene objetivos muy definidos que no quedan en el papel claramente establecidos-, pero que en los hechos significa mayor castigo, con violación a los derechos humanos, como torturas y muerte de los weichafes y luchadores sociales.

De igual forma hemos visto, de un tiempo a esta fecha, cómo se ha pretendido deslizar un discurso contra la causa mapuche, que en las últimas décadas es la que más ha confrontado contra los intereses del gran capital, y que a estas alturas ha levantado propuestas efectivas para reconstruir espacios territoriales sin la presencia del Estado burgués y sin la reproducción del extractivismo.

Es por lo mismo que la justicia chilena a través de sus instituciones clasistas y racistas pretenden vincular los hechos de resistencia con los delitos comunes o crímenes que nada tienen que ver con la causa mapuche. Se pretende así demonizar al movimiento mapuche, justificando la represión y persecución política hacia las organizaciones y liderazgos más consecuentes de la lucha territorial autónoma mapuche. Un ejemplo concreto es la solicitud por parte de la fiscalía al weichafe Pelentaro Llaitul, de penas desproporcionadas que suman más de 70 años, junto con las de otros presos Camche.

Lo cierto es que si se analizan bien las políticas y medidas para combatir la delincuencia común o el crimen organizado, se puede advertir que esto es sólo una gran justificación para imponer un plan de verdaderas características contrainsurgentes, cuyo objetivo central es intentar frenar y combatir las distintas expresiones de rebeldía y protesta social. Es así como paulatinamente se fue instalando la criminalización de la protesta mapuche, pero ahora la pretensión final es la instauración, como lo mencionamos, del régimen de ocupación político-militar en la Araucanía, para lo cual resulta necesario crear todas las condiciones políticas, jurídicas e institucionales para que estas fuerzas de ocupación puedan actuar con el resguardo suficiente y así justificar la represión y sus excesos. De esta forma se puede entender la porfía de la clase política por legislar leyes y medidas que combinen políticas represivas y punitivas en defensa del extractivismo y las inversiones capitalistas que depredan los territorios ancestrales mapuche. En efecto, en la actualidad se debate y legisla respecto de cómo atacar la delincuencia mediante un relato y discurso anti-mapuche, relacionándolo al delito común y crimen organizado, pretendiendo crear así la falsa imagen en la población de que resulta necesaria la represión indiscriminada. Así se puede comprender la porfía para restablecer leyes de excepción (Ley Antiterrorista y Ley de Seguridad del Estado), planes de seguridad y una cantidad impresionante de legislación ad hoc para normalizar la criminalización y la acción represiva, inclusive en lo que se refiere a la militarización, justicia militar y Estado de excepción.

Hay que denunciar también la mistificación que se hace respecto del gasto fiscal descomunal que se hará para implementar los planes y medidas anunciadas, gastos millonarios en una salida militarista y política para sostener una verdadera ocupación policial-militar, lo que incluye el actuar inescrupuloso del Ministerio Público, cuyos fiscales anti-mapuche ligados a la derecha hacen y deshacen sin control y en total impunidad. Hay que recordar las cifras entregadas por la propia gobernanza en 2022, donde señalan que los costos de los estados de excepción fueron de $320 millones cada 15 días, lo que si se multiplica por los dos años de su implementación suman miles de millones del erario público y que solo beneficia a los mismos poderosos.

Se debe denunciar, para que quede claramente establecido, que la delincuencia es un fenómeno del sistema corrupto y que el crimen organizado mantiene vínculos desde el poder, como es lo que sucede con las forestales, quienes están detrás de las mafias del robo de madera y los paramilitares de la derecha. Establecer claramente un deslinde entre las acciones de connotación delincuencial y criminal, y lo que es la causa mapuche, porque las reivindicaciones territoriales y políticas que vienen desarrollando las comunidades no se detendrán y el conflicto histórico recrudecerá frente a la acción colonial y criminal del Estado.

A este contexto corresponde el discurso oficial racista y colonial, concatenado entre la derecha y el gobierno actual, donde se da una condena política a un dirigente mapuche. En efecto, el Estado chileno, desde su fundación, ha enfrentado violentamente el conflicto contra la Nación Mapuche, lo cual constituye una política colonial represiva de carácter eminentemente racista y cruel.

Históricamente todos los levantamientos y la protesta mapuche han sido reprimidos sin contemplación, cada vez que se han defendido los territorios o se han llevado a cabo procesos de recuperación de tierras usurpadas. Así, los promotores y los responsables de la represión no solo han sido protegidos, sino que premiados y promovidos por la institucionalidad chilena. Una constante histórica que marca la relación de antagonismo y conflicto histórico.

Se establece -en primera instancia- una condena arbitraria e injusta en mi contra por ser dirigente y portavoz del movimiento autonomista mapuche. Ella es una condena eminentemente política, que fue diseñada y efectuada a la medida de lo que solicitaban los poderosos, en este caso por la presión ejercida por las forestales y la ultraderecha chilena. Sin embargo, ante este fallo injusto, hacemos los siguientes descargos:

Primero: el proceso y condena por delitos «comunes» es en base principalmente a relatos de “testigos protegidos”, lo que importa una vulneración del derecho a defensa y al debido proceso. Esto, a pesar de que el Estado chileno ya ha sido condenado por su utilización en contra de dirigentes mapuche. Así ocurrió hace ya 10 años en el denominado caso «Lonkos», en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el uso de testigos sin rostro afecta el derecho de la defensa a interrogar testigos, condenando por ello al Estado de Chile. Es importante recordar esto, porque en dicha sentencia, además, la CIDH determinó categóricamente la violación, entre otros derechos, del principio de legalidad y el derecho a la presunción de inocencia; el derecho de igualdad ante la ley y no discriminación y el derecho a la libertad personal. Sin embargo, el Estado chileno parece haberlo olvidado o simplemente hace caso omiso, porque continúa recurriendo a este tipo de pruebas para encarcelar al mapuche en un contexto de criminalización de la justa lucha por territorio y autonomía.

Segundo: se me impone una pena de cárcel de larga duración por dichos emitidos en mi calidad de Werken, en entrevistas a medios de comunicación legalmente establecidos. Se me ha condenado estimando que la manifestación de esos dichos configura “delitos contra el orden público» de la LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO, siendo dos de ellos calificados por el tribunal como delitos de «apología a la violencia», lo que constituye un atentado a la libertad de expresión, derecho garantizado por la propia Constitución Política del Estado, contraviniendo principios fundamentales de un Estado que dice ser democrático. Es más, en un acto abiertamente racista se desconoce mi rol de Werken, cuestionándolo con parámetros occidentales de validación.

Es un hecho inédito porque se trataría de la primera condena por este “delito” durante los gobiernos que han sucedido a la dictadura civil y militar, la primera condena que en «democracia» se ha decretado por “apología a la violencia”. Lo que agrava la situación es que se trata de una condena contra un dirigente mapuche, denotando su carácter discriminatorio y racista.

Aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado, también se me ha condenado por un supuesto delito de «incitación», igualmente a partir de mis dichos, con una evidente falta de fundamentación, simplemente acogiendo la tesis del Ministerio Público, sin hacerse cargo el tribunal de los argumentos de mi defensa. Incluso en su sentencia el tribunal llega al punto de hacer suyas algunas expresiones del fiscal de la causa, tales como ‘Héctor Llaitul es la CAM», demostrando su falta de imparcialidad.

Tercero: es importante destacar el carácter eminentemente político de esta condena, ya que la Ley de Seguridad Interior del Estado, junto a la Ley Antiterrorista, es una legislación diseñada para perseguir y castigar a la disidencia política. Fue promulgada durante el segundo gobierno de Ibáñez, perfeccionada y profusamente utilizada durante la dictadura pinochetista, y ahora el actual gobierno progresista no dudó en invocarla en mi contra, manteniendo y ampliando una querella, evidenciando su servilismo a los intereses del gran capital, especialmente de los grupos económicos que devastan el Wallmapu. Se debe insistir en este punto: se trata de una condena política, ya que esta ley hoy se utiliza para castigarme por mis dichos como dirigente y portavoz del movimiento autonomista mapuche, a instancias del gobierno de Boric a través del Ministerio del Interior, en cuyas manos ha estado siempre el poder de decisión acerca de la aplicación de esta ley, ya que no solamente amplió la querella presentada durante el gobierno de Piñera, sino que además la ha sostenido instando por mi condena, en circunstancias que si se desistiera de ella, de acuerdo a lo que dispone la misma Ley de Seguridad Interior del Estado, se decretaría el sobreseimiento definitivo de la causa por estos delitos. Es decir, el gobierno de Boric tiene directa responsabilidad en la imposición de esta condena.

Cuarto: la condena en mi contra contraviene en todos los sentidos el ordenamiento jurídico internacional y las recomendaciones de las principales instancias de Derechos Humanos en el ámbito de Naciones Unidas, en cuanto han cuestionado la aplicación de leyes penales de excepción a la lucha territorial del Pueblo Mapuche, instando porque no sean utilizadas, recomendaciones que son ignoradas por el Estado chileno ya que, en definitiva, nuevamente está empleando toda la herramienta punitiva que tiene a su disposición, insistiendo en la respuesta criminalizadora.

Libertad a Ernesto y Pelentaro Llaitul, y a todos los PPM CAMCHE

Por Héctor Llaitul Carrillanca

Comunicado publicado originalmente el 2 de junio de 2024 en ANRed.

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