Tras un mes de haber asumido como psiquiatra en el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) enfrenta una nueva polémica, tras conocerse que no habría presentado el informe para acreditar las pericias realizadas, tal y como estaba estipulado en el contrato suscrito para recibir sus honorarios.
La militante de la UDI fue contratada el pasado abril para realizar pericias psiquiátricas y brindar apoyo al programa Brecha Psiquiátrica, orientado a disminuir listas de espera sobre salud mental en el organismo.
De acuerdo con un reportaje de Resumen. Cl, en 2019 el SML detectó «un notable incremento en la demanda de este tipo de pericias y una escasez de profesionales calificados disponibles para la realización de las mismas», lo que se requirió al Ministerio de Salud autorizar elaboración de un plan especial que, «mediante la contratación de profesionales competentes, permita disminuir la amplia lista de espera existente».
Según el medio citado, Van Rysselberghe fue contratada para realizar «pericias psiquiátricas conforme a la metodología y normativa interna de la institución, y asistencia a los juicios orales a los que pudiese ser citada», con la finalidad de contribuir a disminuir las listas de espera en lo que respecat a pericias de salud mental.
El contrato establecido por los meses de abril, mayo y junio, incluye el pago de un honorario de $350.000 por cada informe de pericia psiquiátrica realizada. Para rrecibir esta suma la psqiatra debería «elaborar y presentar un informe de desempeño que contendrá la agenda de las pericias con su respectiva asistencia, el registro de los informes periciales realizados y entregados para despacho al solicitante».
asimismo, se estbableció que el pago de los honarios se ealizaría «el día 05 del mes siguiente al de la prestación del servicio, previa visación del Jefe de Presupuesto y Finanzas, una vez recepcionado el informe de desempeño y la boleta de honorarios respectiva».
Sin embargo, según pudo constatar Resumen, Cl, el primer mes de trabajo de en el SML de Concepción cerró sin informe ni honorario.
«Resumen acreditó que la médica Van Rysselberghe no presentó antecedentes e informes para los cuales fue contratada en el mes de abril, sobre los cuales se podría ejecutar el pago de honorarios», afirmó el medio digital en su reportaje.
Aunque el sitio de Transparencia está actualizado hasta el mes de abril para cotejar si se produjo el pago, el propio SML señaló que «el perito no presenta informe de trabajo el presente mes, por lo cual su cancelación queda pendiente hasta la presentación de antecedentes».
Por tal motivo, la militante UDI la militante UDI no habría respaldado mediante la presentación de un incforme, las pericias para las cuales fue contratada durante su primer mes de trabajo.
Investigan a Van Rysselberghe por posible liberación de criminal de lesa humanidad
De este modo, la polémica sobre la relación contractual entre y el SML se agrava, ya que el pasado miércoles el organismo anunció que abriría un sumario sobre el peritaje realizado por la ex senadora UDI, en el Caso de la Matanza de San Rosendo y Laja, en la Región del Biobío.
En concreto Van Rysselberghe efectuó informe psiquiátrico a un condenado por este crimen ocurrido en septiembre de 1973 en las comunas de Laja y San Rosendo durante la dictadura.
Se trata del sargento en retiro de Carabineros, José Otárola Sanhueza, de 82 años de edad, quien en marzo pasado fue condenado 15 años y un día de presidio, por su responsabilidad como autor de los delitos de homicidio calificado de 19 personas.
La polémica se suscitó luego de que el ministro en visita, Carlos Andana, solicitara al SML de Concepción realizar un examen psiquiátrico sobre el estado mental del ex uniformado, tras una petición de su defensa, que pide bajar su condena-que cumple en la cárcel El Manzano- por presentar una patología mental.
Sin embargo, el abogado querellante, Patricio Robles, cuestionó el peritaje realizado por Van Rysselberghe, en el que declararía imposibilitado mentalmente a Otárola para cumplir su condena, argumentando que la psiquiatra no fue contrada para causas de Derechos Humanos.
De hecho, tras una solicitud de acceso a la información público, desde el propio SML confirmaron que «está contratada para cubrir la brecha de psiquiatría del 2018-2022 para casos criminales, por ende, no tendrá participación en los casos mencionados (1973-1990)», consignó BíoBío Chile.
«Evidentemente, este informe más allá de sus conclusiones, nos parece que por la posición política que tiene la doctora (Van Rysselberghe), resulta ser inválido», declaró Robles al medio citado.
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