El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó este lunes prisión preventiva contra el alcalde de Recoleta Daniel Jadue por los presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, en el marco de la iniciativa de farmacias populares.
Luego de tres días de formalización, la jueza Paulina Moya defendió la medida argumentando que «este tribunal no tomó ideologías ni posiciones políticas para tomar su decisión, pues la ley se debe aplicar igual a toda persona independiente de su posición política y nadie puede recibir un trato especial por la Justicia».
Tras conocerse la decisión del tribunal, el edil comunista insistió en su inocencia a través de redes sociales y aseguró que apelará a una medida que calificó como «desproporcionada».
«Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. ¡Apelaremos esta medida desproporcionada!», escribió Jadue en su cuenta de Twitter.
Críticas en redes sociales
A través de las redes sociales, las y los ciudadanos expresaron sus críticas a la decisión tomada por el tribunal en contra de Jadue, cuestionando que el pasado 31 de mayo, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago optó por rechazar nuevamente la prisión preventiva y mantener el arresto domiciliario total de la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
Pese a que el Ministerio Público había solicitado una nueva audiencia de revisión de cautelares para pedir la prisión preventiva, tomando en consideración que la exjefa comuna había quebrantado en siete ocasiones su medida cautelar, Barriga sigue cumpliendo arresto domiciliario total en su vivienda localizada en la comuna de Peñaflor.
Cabe recordar que la ex autoridad fue formalizada por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, por un monto de $31 mil millones de pesos.
¿»Y» la Cathy Barriga en su casa?»
«¿Y la Cathy Barriga en su casa?», es una de las preguntas que plantearon las y los cibernautas en la red social «X», acusando un doble rasero y sesgo político por parte dela justicia en la aplicación de medidas cautelares.
Ilícitos y corrupción de los alcaldes de la derecha
Asimismo, en las redes sociales se pueden observar una gran cantidad de mensajes y publicaciones en los que se cuestiona las medidas cautelares aplicadas en casos de presunta corrupción que involucran a alcaldes de la derecha.
Entre estos casos, figura el del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien fue formalizado por delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos, por un monto de $750 millones.
Torrealba estuvo en prisión preventiva desde junio de 2023 y, en febrero de 2024, pagó $100 millones para reparar el mal causado y reconoció la mayoría de los delitos, además de revelar nuevos antecedentes que no estaban en la carpeta investigativa. En la actualidad cumple arresto domiciliario, con arraigo nacional y la prohibición de acercarse a los querellantes.
También se encuentra el caso de Virginia Reginato (UDI). Cabe recordar que el Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso al Informe de Auditoría a la Municipalidad de Viña del Mar, el cual reveló inconsistencias entre los saldos del Balance de Comprobación y el Sistema de Contabilidad Gubernamental Municipal, existiendo diferencias entre el total de Activos y el total de Pasivos y/o Patrimonio, avaluados en $45.758 millones, durante la gestión de la exjefa comunal, sumándose en total pérdidas de $100 mil millones.
Por su parte, el exalcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat Pietracaprina (RN), fue sentenciado por el Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago a 61 días de reclusión menor en su grado mínimo, suspensión de cargos públicos por 2 años y 1 día y al pago de una multa de $675.000, tras ser condenado como autor de dos delitos de negociación incompatible.
Asimismo, el exalcalde de Sagrada Familia, Martín Arriagada Urrutia (UDI), fue condenado a tres años de presidio –que cumple en libertad– , por fraude al fisco por un monto $750.000.000, además se le prohibió ejercer cargos u oficios públicos por cinco años y debió pagar una multa de 813 mil pesos.
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