Tal y como habían anunciado, un grupo de diputados independientes y del PPD, acudieron este lunes a la Contraloría General de la República, para ingresar un requerimiento de fiscalización y solicitud de pronunciamiento con respecto al pacto de asociación firmado entre la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A (SQM), sobre la producción de litio en el Salar de Atacama desde 2025 hasta 2060.
De acuerdo a los parlamentarios el polémico pacto, suscrito entre la estatal y la minera controlada por Julio Ponce Lerou, raya en lo «inmoral e ilegal».
«Todo el procedimiento bajo nuestro punto de vista está viciado, porque aquí no se hizo una licitación abierta con llamados a actores internacionales que trabajan desde hace tanto tiempo en litio», indicó el diputado Cristián Tapia, integrante de la comisión de Minería.
El parlamentario cuestionó la prisa con la que se suscribió el convenio, tomando en cuenta que el contrato estipulado entre Corfo con SQM vence a finales de 2030.
“No entendemos todavía cuál fue el apuro. Este contrato vence recién el 31 de diciembre del 2030, que es el contrato que tiene estipulado Corfo con Soquimich. Entonces, la verdad es que a nosotros nos parece muy extraño, porque esto ni siquiera se trató en la Comisión de Minería, ni del Senado, ni de la Cámara de Diputados», dijo, en declaraciones consignadas por Bio Bío Chile.
Tapia, quien la semana pasada ingresó una denuncia ante el Ministerio Público, a fin de que se investigue la negociación entre Codelco y SQM para la extensión, a través de trato directo, de la explotación de litio en propiedad del Estado hasta el año 2060 con beneficio para Ponce Lerou, también hizo mención a los cuestionamientos que realizó la empresa China Tianqui, que posee un 22,16% de la propiedad de SQM, cuyos directivos han denunciado que no fueron parte del proceso de negociaciones.
Desde la empresa asiática insisten en que se realice una junta de accionistas con urgencia ya que, no se encontraba ninguno de sus representantes a la hora de la firma del polémico acuerdo,
«El socio estratégico de Soquimich, como Tianqi, tampoco le pareció esta negociación porque no estuvieron incluidos en ninguno de estos procesos. Esperamos que Contraloría haga esta fiscalización y se pronuncie ante los hechos que nosotros estamos describiendo”, enfatizó.
En la misma línea, la diputada independiente, Camila Musante, se refirió a la falta de transparencia en el acuerdo que establece la condiciones del proceso de producción de litio por los próximos 35 años, en la reserva más importante del mineral no metálico a nivel mundial, ubicada en el Salar de Atacama.»
«Acá hay una cuestión que tiene que ver con la familia Pinochet, pero más allá de la propia exclusión, cuando hablamos de la explotación del litio, estamos hablando de una cuestión que es de interés nacional, que es estratégica», planteó.
“Este requerimiento lo que busca no solamente es dar cumplimiento a las normas de prioridad y de transparencia, y a conocer las razones en torno a la falta de licitación dentro de esta negociación, sino que además resguardar el interés nacional que está en torno a la explotación del litio”, indicó.
Trato directo a nietos de Pinohet
Para el diputado PPD, Raúl Soto, uno de los aspectos de mayor gravedad dentro del acuerdo suscrito es que aunque deja a Julio Ponce Lerou sin posibilidad de ser parte del directorio de la nueva empresa creada por Codelco, llamada Minera Tarar SpA-que será absorbida por SQM Salar S.A.- el hermano del empresario y sus hijos, quien son nietos del dictador Augusto Pinochet, sí contarán con esa opción.
De hecho, la hija de Ponce Lerou, Francisca Lucía Ponce Pinochet ya ha asumido responsabilidades claves en las empresas de la familia.
“En ese contexto, desde la perspectiva política, lo que está haciendo el presidente Gabriel Boric es entregar un trato directo a los nietos de Pinochet, eso, desde nuestra perspectiva, es una traición al pueblo de Chile, es una inconsecuencia muy grande ante el silencio cómplice de la izquierda y con el acuerdo de la derecha económica», condenó Soto, quien también mencionó la falta de transparencia en un proceso que se efectuó «a puertas cerradas» y a espaldas de la ciudadanía.
«Creemos que la forma jurídicamente en la cual se ha llevado adelante este acuerdo no es transparente, que ha sido de espaldas a la ciudadanía, que no se ha entregado de manera adecuada la información para tomar las mejores decisiones, que ha sido un proceso sin competencia, a puertas cerradas, y eso no es lo que espera la ciudadanía hoy día», afirmó el parlamentario.
Por su parte, el diputado Independiente-PPD, Héctor Ulloa, criticó la pasividad y el silencio cómplice por parte de la mayoría de la clase política, en aceptar el acuerdo que ha sido descrito por académicos, expertos, economistas, dirigentes sociales y organizaciones medio ambientales como un «mal negocio para Chile«.
“La única cosa que se nos dice hoy día es que es un buen negocio, pero eso significa prácticamente aceptar a través de un acto de fe, un acto de voluntad, cuando no se ha entregado antecedente alguno para avalar dichas afirmaciones”, afirmó Ulloa.
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