Ofensiva ciudadana inicia masificación de Asamblea Constituyente

La nueva constitución es parte del programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en el que se plantea que pese a las modificaciones que le han hecho los gobiernos democráticos, “la idea central está sustentada en la desconfianza a la soberanía popular”. Desde las organizaciones, apuntan al desafío de instalar el tema en el debate público, para generar presión en las instituciones.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Víctor Hugo de la Fuente, director de Le Monde Diplomatique, recordó que en 2010 ya hubo atisbo de esta demanda, cuando se ingresó un proyecto de ley que pedía una urna adicional, para consultar a la ciudadanía sobre la Asamblea Constituyente. Además, señaló que esa iniciativa se realizó con éxito en Colombia, en el marco de un proceso que fue impulsado por los estudiantes de ese país.

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De la Fuente, se refirió también al contexto en el que se desarrollan estos procesos en diversos países. “Hay un fenómeno mundial que es el alejamiento de la ciudadanía, frente a las instituciones, porque sienten que no las representan. Cuando se acusa que la gente no va a votar, la culpa es de quienes gobiernan, de los políticos porque no están representando a las personas. En Venezuela la participación electoral es mayor a un ochenta por ciento, en Francia en cambio aumentó la gente que no vota porque en muchas partes existe ese rechazo”, dijo.

En el marco de este debate, el grupo “Mujeres Socialistas por la Asamblea Constituyente” desarrolló el Primer Foro Panel de discusión en torno al tema. En la instancia expusieron los abogados Fernando Atria y Francisco Fernández, además de Gustavo Ruz, fundador del Movimiento por una Asamblea Constituyente.

Ruz consideró un contrasentido que el Gobierno pretenda enviar a debate parlamentario un nuevo texto constitucional para el segundo semestre, después de resolver la Ley de Reforma Tributaria y la Ley sobre Reforma a la Educación. Esto porque si se quieren impulsar transformaciones en el sentido que demandan los movimientos sociales, se debe modificar primero la Constitución y después dictar esas leyes. A su juicio, el hecho de hacerlo al revés deja al descubierto una clara intención de que el debate sobre la Constitución quede amarrado de pies y manos y no pueda alterar lo que ya estará definido desde antes.

Además, se refirió a las suspicacias que emanan desde los movimientos sociales respecto a que estas reformas no constituirán un cambio de la esencia del modelo económico, y que en consecuencia “el debate constitucional será una especie de gatopardismo, con arreglos cosméticos como los que hizo en 2005 Ricardo Lagos”. En ese sentido, consideró que la discusión parlamentaria será inocua, porque para contar con el quórum de 80 diputados y 26 senadores habrá que complacer las exigencias que harán RN y UDI para lograr la mayoría necesaria”, afirmó.

La contradicción institucional

Hasta ahora, lo que causa mayores cuestionamientos entre los movimientos sociales, es el mecanismo por el cual se pretende realizar esta reforma.

Desde el Gobierno, señalan que la nueva Constitución se hará a través de un proceso democrático e institucional, donde la Presidencia de la República y el Congreso deberán acordar criterios que permitan dar cauce legal a la reforma. Frente a esto, diversas agrupaciones se han manifestado en contra, argumentando que los parlamentarios no reciben ese mandato al ser elegidos.

Al respecto, Ruz explicó que detrás de la expresión “institucional”, hay una fuerte contradicción. Por un lado, porque significa que se ciñe a la Constitución de 1980, requisito que no estuvo presente en 1925, cuando Alessandri creó la nueva constitución después de la de Portales (1833), ni tampoco en 1980. A la luz de esos antecedentes el líder del Movimiento por la AC interroga por qué ahora sí se debería respetar a la Constitución de Pinochet, en circunstancias que fue creada bajo una dictadura, con el objetivo de no ser modificada. Por otro lado, está el hecho de que la Constitución vigente no otorga atribuciones al Parlamento para redactar una nueva Carta Fundamental.

Esteban Silva, presidente del Socialismo Allendista aseguró que Chile se encuentra en una etapa propicia para comenzar un proceso que ponga fin a la concepción del Estado subsidiario, impuesto por la dictadura y profundizado por la Concertación. Además, se refirió a los obstáculos y desafíos que implicará este camino: “Hay un entrabamiento institucional, producto del tipo de constitución pinochetista y reformada que lleva la firma de Ricardo Lagos, que no es representativa de los intereses de los chilenos. Al mismo tiempo, falta más conciencia y de esto estamos sumamente claros, por lo que nos encontramos trabajando para buscar la mayor confluencia, unidad y movilización en torno a tomar conciencia ciudadana de que es fundamental la Asamblea Constituyente y no es un tema secundario el mecanismo, porque eso hace la esencia misma de la generación democrática de una constitución que represente los intereses de las grandes mayorías”, dijo.

En ese sentido, Silva recalcó que “no es lo mismo decidir si la reforma se hará a través de una Asamblea Constituyente, vía democracia participativa, o a través del sistema institucional binominal y sesgado vigente en Chile”.

Convencidos de que el desafío ahora es concientizar a la población, para poder ejercer presión sobre las instituciones, diversos movimientos se agruparon en un Frente Amplio que entre otras iniciativas, ya convocó a una manifestación pública para el próximo domingo 13 de abril en la Plaza Almagro.

Por Camila Medina

Radio U Chile