Durante la mañana de este martes 4 de junio, y en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se realizó la audiencia por la querella por el delito de injuria interpuesta por la exdiputada y actual funcionaria de la Municipalidad de La Reina, Andrea Molina, en contra de la directora de este medio, Josefa Barraza. Pero, el tribunal resolvió que El Ciudadano no cometió el delito de injuria en contra de Molina, puesto que, solo realizaron el acto de informar respecto a un hecho de connotación pública, por lo que se acogió la petición de sobreseimiento definitivo a favor de la periodista.
Respecto a esto, el abogado defensor de Barraza, Mauricio Daza, afirmó que están muy satisfechos con la decisión del tribunal de decretar el sobreseimiento definitivo de la causa, ya que, los antecedentes que se han publicado tanto por El Ciudadano como por otros medios de prensa en relación al caso Factop, constituye información que forma parte del debate público, la cual involucra a la exdiputada y actual funcionaria de la Municipalidad de La Reina, Andrea Molina.
-Con querellas como la presentada por Andrea Molina contra la periodista Josefa Barraza se limita la libertad de expresión bajo la amenaza de una sanción penal, afectándose el escrutinio público de las conductas de las autoridades, lo que trae aparejado el debilitamiento de la sociedad democrática. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha condenado al Estado en el caso Baraona Bray Vs. Chile, señalando que resulta improcedente la persecución penal para la protección del derecho a la honra de los funcionarios públicos, al ser contraria al derecho a la libertad de expresión que reconoce el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos», comentó Daza.
Por su parte, Javier García, director del Observatorio del Derecho a la Comunicación, dijo que en Chile se usa de forma abusiva las acusaciones por el delito de injurias para hostigar a periodistas o silenciar voces críticas, existiendo otras alternativas como el derecho de réplica para proteger la honra de las personas o autoridades que son objeto de escrutinio público. Incluso, según el experto hay más de 1.500 de querellas al año, las que en su mayoría son desestimadas, pero sirven para asustar y hostigar.