El proyecto que apunta a hacer responsables a los organizadores de cualquier manifestación pública de los deterioros que puedan ocurrir fue aprobado el miércoles pasado por la Cámara de Diputados. Sólo falta ahora el visto bueno del Senado.
Pese al rechazo de diversas organizaciones sociales y ciudadanas, los diputados aprobaron el polémico proyecto de ley con 42 votos a favor y 29 en contra. Sólo resta ahora la visación del Senado a las modificaciones hechas por la Cámara.
El artículo 4 de dicho proyecto de ley, que establece responsabilidad solidaria de las organizaciones que convoquen a manifestaciones en las calles en caso de que se generen perjuicios a la propiedad pública o privada, fue aprobado con 38 votos a favor y 33 en contra.
El proyecto de ley (Boletín 4821) hace responsable de los desmanes a quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”.
La finalidad declarada del proyecto es “fortalecer el papel de las policías en la mantención del orden público”.
El proyecto señala que, al no haber convocantes oficiales, “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía. En caso que no haya habido tal comunicación, se presumirá que los organizadores y convocantes de una reunión o manifestación pública, son las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse; o quienes coordinaron el lugar y tiempo de la reunión o manifestación; o lideraron, dirigieron, guiaron o estuvieron a la cabeza de la actividad el día de su desarrollo”.
AJUSTE DE LEYES PINOCHETISTAS
Con este proyecto se modifica las leyes números 12.927, sobre Seguridad del Estado; 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y en el Código Penal.
O sea, de pasar el tercer trámite constitucional (Senado), cualquier organización que convoque a una marcha en la que se produzcan daños a la propiedad, tendrá que hacerse responsable de estos.
Otra norma de dicho proyecto es el artículo 2 b, que sanciona con multas a personas que cubran su rostro en manifestaciones públicas, independiente de si cometan delitos o no. Además se castiga con penas de cárcel (541 días a 3 años) y multa de 4 a 8 UTM (entre 130 y 260 mil pesos) a quienes cometan desmanes o delitos con su rostro cubiertos (encapuchados).
CON LA VENIA DEL GOBIERNO Y LA DERECHA
El proyecto es promovido por el gobierno ciudadano de Michell Bachelet, cuyo subsecretario general de la Presidencia, Edgardo Riveros, que hizo de representante del Ejecutivo en la votación del proyecto, dijo que los “interesados en dar a conocer sus ideas y preocupaciones han de ver cómo aquellos infiltrados desacreditan su reunión ante los ojos del público e incluso se ven obligados a abandonar o poner término a las manifestaciones cuando los desmanes escalan a una especial dimensión”.
El diputado de RN, Alberto Cardemil, justificó esta norma diciendo que “no puede ser que nos estemos acostumbrando al espectáculo, que alguien llama a una manifestación pacífica, todos están muy conformes, la infiltran los encapuchados y destrozan todo a su paso en la Alameda, en el centro de Santiago. Eso hay que evitarlo de tal manera que el que llame a una manifestación, tenga que cumplir ciertas normas que la policía le impongan, que son mínimas para quedar eximido de la responsabilidad civil que se acarrea”.
Por su parte, el PS Sergio Aguiló, dijo que “han abusado de la confianza de la Presidenta de la República al enviarnos un artículo de esta naturaleza. No deja de ser vergonzoso este verdadero espectáculo que hemos visto acá, donde le piden que informe de este proyecto al ex subsecretario de la dictadura militar, quien se solaza en el informe, y Riveros y Cardemil, pidiendo que nosotros aprobemos”.
Aguiló y el PPD Tucapel Jiménez anunciaron que recurrirán ante tribunales internacionales para impugnar esta norma, ya que vulnera el Pacto de San José de Costa Rica suscrito por Chile. También anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional una vez que el proyecto sea promulgado.
El proyecto fue aprobado con los votos de la derecha y de parlamentarios como los socialistas Isabel Allende, Fulvio Rossi y el DC Jorge Burgos.
El proyecto sólo espera la aprobación del Senado para que se convierta en ley.
El Ciudadano
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