Dictadura y grandes diarios

Un investigación sobre la dictadura chilena descubrió que el diario El Mercurio y algunos de sus medios asociados, así como el Consorcio Periodístico Copesa, recibieron dinero a través de la DINA en 1975. Los pagos se efectuaron mediante cheques que ambas empresas cobraron desde una millonaria cuenta encubierta que esta organización criminal mantenía en un banco nacional, cuyo titular era el jefe de este organismo, Manuel Contreras.

Esto figura en el informe de la Corte Suprema sobre una abultada cuenta camuflada, y está adscrito al expediente sobre el crimen del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, cometido por agentes DINA en Washington en 1976. En él se revisaron todos los movimientos bancarios ocurridos en esta cuenta durante 1975, cuando la DINA reinaba en el país.

Los medios que en un informe aparecen cobrando documentos extendidos por el organismo de fachada son, además de El Mercurio y Copesa, los diarios Las Ultimas Noticias, Diario Austral, La Nación, La Prensa, además de El Día y La Discusión de Chillán. También recibieron pagos los semanarios Qué Pasa y Ercilla y las agencias internacionales de noticias United Press International, UPI y France Presse, como también la agencia nacional Orbe.

Los documentos, que llevaban la inconfundible firma de Contreras, fueron cobrados desde la cuenta corriente número 13280724 del Banco de Crédito e Inversiones de la época, la que en todo caso figuraba bajo el nombre falso de «Dirección de Rehabilitación Nacional, Dinar».

A juicio de organismos de Derechos Humanos, los pagos efectuados por la DINA a estos órganos de prensa, explican no sólo el ocultamiento en la información de estos medios acerca de los crímenes de la dictadura, sino también su complicidad al informar sobre supuestos enfrentamientos en los que murieron militantes de izquierda, cuando judicialmente quedó establecido que sus muertes fueron asesinatos y desaparecimientos.

Entre estas informaciones de prensa está la Operación Colombo. Esta fue un montaje de la dictadura sobre 119 detenidos desaparecidos que algunos de esos medios hicieron figurar como ejecutados por sus propios compañeros en Argentina, producto de rencillas políticas internas o muertos en inventados enfrentamientos con las fuerzas policiales argentinas.

También está el crimen de Rinconada de Maipú, en el que algunos periodistas «cubrieron la espalda» de la DINA difundiendo un falso enfrentamiento con agentes, cuando los prisioneros salieron muertos desde Villa Grimaldi, tal como confirmó la investigación judicial sobre el caso.

Los documentos, que llevaban la inconfundible firma de Contreras, fueron cobrados desde la cuenta corriente 13280724 del Banco de Crédito e Inversiones de la época, la que en todo caso figuraba bajo el nombre falso de «Dirección de Rehabilitación Nacional, Dinar».

A ello se suman los múltiples falsos intentos de fuga de prisioneros informados por estos medios en Santiago y regiones, cuando los juicios y respectivos protocolos de autopsia determinaron que fueron crímenes, como aquellos de Pisagua, Temuco, San Antonio, Copiapó, Calama, Linares y Santiago, entre otros.

La DINA también financió desde esta cuenta a distintos estamentos del Ejército, como su Comandancia en Jefe, el Comando de Institutos Militares, CIM, el Batallón de Telecomunicaciones, la Escuela de Infantería de San Bernardo, los regimientos de Infantería 4 «Arauco» y 9 de Chillán, el Instituto Geográfico Militar y la Fábrica de Materiales y Armamento, Famae.

La propia Junta de Gobierno, la Secretaría General de Gobierno y la Escuela Naval, también cobraron cheques desde la cuenta de «Dinar».

Todos los documentos fueron cobrados en «escudos» que era la moneda nacional vigente en Chile hasta el 29 de septiembre de 1975, cuando fue cambiada al actual peso.

De acuerdo al informe del más alto tribunal del país, la DINA manejó miles de millones de escudos cuando el sueldo vital, ingreso mínimo de la época, era de 27 mil escudos.

Desde esta cuenta también fueron pagados con altas sumas mensuales los principales agentes, además de la amante de Contreras, su secretaria Nélida Gutiérrez, y la enfermera Carlota Bolumburu, que inyectaba a los prisioneros para morir en la Clínica Santa Lucía.

Por Jorge Escalante, Rebelión