La Dirección General de Aguas de Atacama declaró admisibles una serie de denuncias contra la Junta de Vigilancia del río Huasco y sus Afluentes, las cuales apuntan a irregularidades y abusos que habría cometido la organización al momento de distribuir el agua de la cuenca.
En particular, a la Junta de Vigilancia se le acusa de distribuir injustamente las dotaciones de agua de la cuenca del río Huasco, favoreciendo a las comunidades de los canales Compañía, Buena Esperanza y Quebrada Honda.
En paralelo, se cursó multas a las comunidades de los canales Ventanas, Compañía y Quebrada Honda por no entregar información de sus extracciones de aguas, como están mandatadas por ley. El monto total de estas sanciones llega casi a los 27 millones de pesos.
El Director Regional de Aguas, Rodrigo Sáez, comentó en Diario Atacama que «hay argumentos plausibles para profundizar en la investigación de cómo se distribuyeron 6 millones de metros cúbicos en la cuenca del río Huasco, lo que sin duda es de interés de los denunciantes, los regentes y los usuarios de la cuenca.
El caso del río Copiapó
En paralelo a la fiscalización de la Junta de Vigilancia del río Huasco, la Dirección General de Aguas de Atacama lleva adelante un proceso de intervención de la Junta de Vigilancia del río Copiapó tras constatarse que la organización había permitido la instalación de bocatomas ilegales para desviar las aguas de la cuenca.
Un reportaje de El Ciudadano reveló que uno de los usuarios que participaba de este esquema era nada menos que el senador por Atacama Rafael Prohens (RN), quien además realizó un negocio con estas aguas con el entonces subgerente general de la minera Atacama Kozan, Francisco Sánchez, también militante de Renovación Nacional.
Tras la publicación del reportaje, el concejo municipal de Tierra Amarilla decidió revocar el título de hijo ilustre de la comuna al senador Prohens, además de denunciarlo ante la Superintendencia de Medio Ambiente para determinar el daño medioambiental que ocasionó al río Copiapó.
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