En el Congreso de la República se discute una moción parlamentaria que busca modificar la Ley 20.249, conocida como la Ley Lafkenche, la que crea los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO).
Los autores de la moción argumentan que buscan «perfeccionar» la norma, pero enfrentan fuertes críticas de comunidades y organizaciones costeras, quienes alertan sobre la posible afectación de sus derechos adquiridos y el riesgo de discriminación, insistiendo en la preservación de usos tradicionales del mar y las potencialidades para una gobernanza colectiva.
A pesar de logros concretos que existen en la implementación de los Ecmpos, persiste una campaña de estigmatización , como ocurrió el viernes 7 de junio de 2024, cuando la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crubc) de la Región de Los Lagos, en medio de un fuerte clima de poralización, rechazó 4 de 5 peticiones de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios.
La experiencia del ECMPO Caulín ante la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura de Senado
Como ejemplo de importantes logros en la implementación de la ley, representantes de 15 organizaciones, incluyendo comunidades indígenas y sindicatos de pescadores artesanales de la MESA ECMPO Caulin de Ancud, Chiloé, expusieron ante la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Destacaron los beneficios que los ECMPO brindan a las economías locales y expresaron su preocupación por las propuestas de modificación, enfatizando la importancia de la gobernanza colectiva y la sostenibilidad para las comunidades costeras.
Juan Amolef, dirigente de la mesa Empo Caulín, señaló sobre su participación en esta instancia: “Venimos al Senado a defender a la Ecmpo Caulín, porque estamos en contra de las modificaciones que se han presentado y creemos que se necesita una consulta indígena para que sean los pueblos originarios los que decidan los cambios y cuáles y cómo nos pueden beneficiar”.
En esa línea, Freddy Cárdenas, también de la mesa Empo Caulín, indicó: “En mi calidad representante de los pescadores que pertenecen a este sector y que estamos integrados en este, debo señalar de que nosotros como pescadores artesanales hemos visto la gran recuperación de nuestros recursos que en algún momento estaban en vía de extinguirse por la sobreexplotación que había de los pescadores hacia estos recursos sin ningún tipo de protección y hemos visto el enorme avance y la recuperación que han tenido hoy día gracias al buen manejo que se ha realizado dentro de este espacio costero de pueblos originarios, que nos dio la oportunidad a los pescadores artesanales de poder de alguna manera recuperar hoy día gran parte de lo que teníamos perdido, lo que significa también estar muy conforme, ya que se recupera una fuente laboral que era el único sustento que tenemos en este sector y bueno, también para dejarle algo a las futuras generaciones que van a venir después”.
Agregó Cárdenas: “Así que como le digo, ha sido una bonita experiencia y ojalá que esta experiencia de este tiempo Caulín se pueda replicar en otros sectores de la misma manera y con las buenas prácticas que aquí se han realizado”.
Análisis crítico al proyecto ley modificación Ley Lafkenche: Falta de diálogo con los Pueblos Originarios
La Dra. Mariela Núñez Ávila, asesora científica de la Mesa ECMPO Caulin, comuna de Ancud, Chiloé, expuso en la Comisión y señaló en esta instancia: “Lo esperable era que desde las mismas instituciones, como CONADI, Subpesca, el plan buen vivir, la Comisión de Paz y entendimiento, entre otros creados para mejorar la relación entre el Estado de Chile y los Pueblos Originarios, quienes están en conocimiento de que existen algunos problemas en la implementación de la Ley Lafkenche, hubiesen propiciado encuentros para ir dialogando con los pueblos originarios en búsqueda de las mejoras a la Ley Lafkenche, que estas propuestas se discutieran y salieran desde las propias comunidades indígenas”.
Núñez-Ávila también indicó: “En cuanto al fondo de las modificaciones propuestas, preocupa bastante que estén considerando sacar de la destinación de las ECMPO a los “caladeros de pesca”. Estos son los recursos marinos que están reconocidos bajo la ley de pesca vigente y en el nuevo proyecto de Ley que está proponiendo el gobierno, los cuales son susceptibles de planes de manejo”.
Agrega: “Estos caladeros son también uno de los usos consuetudinarios que están dentro del área que está destinada a la ECMPO, estos recursos marinos se cuidan y se realizan planes de manejo asegurando que el recurso se mantenga en el tiempo. La idea es no sobreexplotar ni agotar los recursos marinos, como ya ha ocurrido en gran parte del borde costero de la zona centro-sur de Chile”.
La Dra. Mariela Núñez Ávila, también enfatizó: “Entonces el Estado de Chile, más que quitar los recursos marinos a quienes planifican su uso para asegurar su mantención en el lago plazo, debiera proponer políticas públicas para que las otras zonas del borde costero también sean planificadas y no sean contaminadas ni sobre explotadas como ocurre hoy, lo que provoca que los pescadores artesanales y buzo mariscadores ya no tengan donde obtener sus recursos. Hasta los lobos marinos ya no tiene donde obtener su alimento y atacan las redes de pesca de los pescadores artesanales. La situación de sobreexplotación de los recursos marinos es crítica y no puede ser que el Estado no tome carta en el asunto y se vean los propios pueblos que han compartido por años el mar, enfrentados hoy en algunas zonas”.
Ecmpo Caulín, ejemplo de gobernanza colectiva
Mariela Núñez Ávila, sobre la experiencia costera en Ancud, relató en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura: “La ECMPO de Caulin es un ejemplo de donde se realiza un trabajo entre pueblos originarios y pescadores artesanales, donde los pescadores entendieron el valor de cuidar los recursos marinos y se benefician de tener abundantes recursos producto del buen manejo que ellos realizan en conjunto. En Chiloé al menos, pueblos originarios y pescadores artesanales históricamente han trabajo juntos, por ejemplo, para el mayo chilote del año 2016 juntos defendieron el mar de la contaminación generada por la industria salmonera. Muchos son familiares, muchos pescadores son tambien huilliches”.
Agrega: “Hoy vemos con tristeza que algunos pescadores artesanales estén enfrentados contra pueblos originarios, porque no ha existido capacitación por parte del Estado ni sociabilización de cómo se implementa la Ley lafkenche, de lo que se puede o no se pueden hacer dentro de una ECMPO, hay bastante desinformación”.
Es un problema administrativo, no legislativo
“Varias otras modificaciones propuestas apuntan más bien a problemas del orden administrativo, sin embargo, son las instituciones públicas las que demoran en la tramitación en los siete pasos que tiene el proceso de destinación de un ECMPO. En la ley lafkenche y su reglamento se estipulan plazos que en total suman 2 años y medio, sin embargo, hoy en promedio se están demorando 9 años y más”, afirmó Mariela Núñez Ávila, asesora científica de la Mesa ECMPO Caulin, comuna de Ancud.
La profesional informó a la Comisión: “De toda la superficie solicitada por los pueblos originarios, el Estado solo les ha otorgado un 5%. Esto debido a la demora en la tramitación, una alta tasa de rechazo y también de reducción de área solicitada inicialmente. No todo lo solicitado es otorgado, ya que, la institucionalidad pública debe ver áreas de sobreposición de otras concesiones ya otorgadas y tambien acotar los espacios de uso según el número de las comunidades solicitantes y los usos consuetudinarios que se deben demostrar durante el proceso. El Estado de Chile está en deuda con los pueblos originarios”.
La Dra. Mariela Núñez Ávila, asesora científica de la Mesa ECMPO Caulin, comuna de Ancud, Chiloé, señaló que los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) permiten planificar el borde costero, mantener tradiciones y organizar el uso de recursos marinos para asegurar la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Este modelo de desarrollo sustentable involucra a diversas organizaciones sociales y fue aprobado en 2008. Núñez enfatizó que cualquier modificación debe realizarse mediante consulta indígena previa, según el convenio 169 de la OIT, y lamentó la falta de reconocimiento de sus beneficios en Chile.
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