El gobernador de la provincia de Córdoba (Argentina), José Manuel de la Sota, aseguró que el conflicto entre grupos ambientalistas y la empresa Monsanto por la instalación de una planta de tratamiento de semillas en la localidad de Malvinas Argentinas se resolverá a través de una «consulta pública».
El mecanismo surge de la Ley de Convivencia Ambiental que está discutiendo la Legislatura cordobesa.
El Gobernador explicó que con las audiencias públicas «estamos planteando un mecanismo donde los estudios de impacto ambiental puedan ser explicados». Uno de los objetivos es «evitar deformaciones de tipo político interesado de aquellos que en vez de buscar soluciones crean problemas porque viven del problema», planteó.
De la Sota detalló que la nueva Ley prevé «hasta la participación de los ciudadanos de ese lugar, con total prescindencia de los de afuera» a través de «una consulta popular para decidir o no una instalación de este tipo».
Con respecto al estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto en 2013, el Gobernador señaló que el mismo «no fue de satisfacción de los técnicos de la provincia por considerar que tenía gruesos errores de implementación».
Sin embargo, Monsanto tiene la posibilidad de presentar un segundo estudio que será sometido a la audiencia pública. «Si con eso quedan convencidos los vecinos, tal vez ya no haga falta una consulta popular o una votación», subrayó De la Sota.
Finalmente, el Gobernador adelantó que la Ley de Convivencia Ambiental «ya está determinando un mapa industrial» para que cuando las empresas tomen la decisión de instalarse «sepan que en el lugar que ellos elijan no va a haber controversia».