Imagen portada: Piña “Chiquita” de supermercado Jumbo.
“Chiquita” en Chile: Un historial de sangre y masacres
En una oferta en Jumbo de la empresa Cencosud, las piñas destacaban con la marca “Chiquita”, adornadas con la imagen de una mujer en vestimenta tradicional, llevando un canasto de frutas en su sombrero. Todo parece idílico, pero detrás de esa marca se oculta un oscuro historial de sangre. Hoy, este pasado vuelve a ser noticia, ya que la empresa ha sido condenada en Estados Unidos por su complicidad en actos de violencia en Colombia.
Luego de 17 años de un proceso judicial, un primer grupo de víctimas consiguió llegar a juicio contra Chiquita Brands, logrado un fallo a favor. El jurado encontró responsable a la multinacional de haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar responsable de múltiples masacres, mayoritariamente de personas rurales, marcando así un hito en la lucha por la defensa de los derechos humanos.
En estos días, circula la noticia. Mira el siguiente video: “Fallo histórico por financiación a las AUC: jurado encuentra responsable a Chiquita Brands”, comentado por el senador Iván Cepeda Castro (Noticias Caracol)
El propio senador comentó en su cuenta X
Transnacional Chiquita Brands y su historial
Chiquita Brands International, conocida mundialmente por sus distintivos plátanos y piñas, ha sido un nombre prominente en la industria frutícola desde su fundación en 1871 bajo el nombre de United Fruit Company. Sin embargo, detrás de su imagen amigable y productos frescos, se esconde una historia oscura de explotación y violencia en América Latina.
Fundada por Minor C. Keith, United Fruit Company (UFC) jugó un papel crucial en la intervención de las economías de varios países de Centroamérica, pero no sin un alto costo humano. La empresa se expandió rápidamente, adquiriendo vastas extensiones de tierras y controlando las principales rutas ferroviarias y portuarias, consolidando así su monopolio sobre la producción y exportación de bananas en primera instancia. Esta hegemonía le permitió ejercer un poder considerable sobre los gobiernos locales, derivando en el término «repúblicas bananeras».
Uno de los episodios más infames en la historia de Chiquita Brands, heredera de la UFC, es la Masacre de las Bananeras en Colombia en 1928. Los trabajadores de las plantaciones de la UFC se declararon en huelga, exigiendo mejores condiciones laborales. La respuesta de la empresa y el gobierno colombiano fue brutal: tropas del ejército abrieron fuego contra los huelguistas en Ciénaga, resultando en la muerte de un número indeterminado de personas, que según algunos estimados, podría haber sido de cientos. Este trágico evento fue inmortalizado por Gabriel García Márquez en su obra «Cien Años de Soledad«.
En décadas recientes, Chiquita Brands ha enfrentado nuevos escándalos. En 2007, fue acusada de haber pagado aproximadamente $1.7 millones a grupos paramilitares en Colombia entre 1997 y 2004. Estos pagos fueron realizados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar involucrado en numerosas violaciones de derechos humanos, incluyendo masacres y desplazamientos forzados de campesinos. Chiquita justificó estos pagos alegando que eran necesarios para proteger a sus empleados, pero las revelaciones provocaron indignación y cuestionamientos sobre la ética empresarial de la compañía.
Las consecuencias de estos actos no se limitaron a multas y daños reputacionales. En 2014, familiares de víctimas de las AUC presentaron demandas en Estados Unidos contra Chiquita, acusando a la empresa de complicidad en los abusos cometidos por los paramilitares.
En respuesta a estas controversias, Chiquita Brands ha tratado de mejorar su imagen, sin embargo, para muchos, los esfuerzos de Chiquita no borran los años de sufrimiento y explotación que han marcado la vida de miles de campesinos en América Latina.
El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach (Florida), indicó que la ayuda de Chiquita a las AUC, constituyó «una actividad peligrosa» que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos, consignó Blu Radio.
El medio resaltó: “La multinacional deberá pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del siglo XXI, especialmente en la región bananera de Urabá”, indicó el medio.
De acuerdo a las versiones de prensa, Chiquita Brands International, cerró sus operaciones en Colombia en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa «bajo presión».
Hoy, mientras la empresa continúa su operación y exportaciones, incluido Chile, el recuerdo de las víctimas de la violencia vinculada a sus actividades persiste.