Durante la jornada de este jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por presunto tráfico de influencias en el nombramiento de la Corte Suprema, en el marco del caso “Operación Topógrafo”.
La acción judicial se produjo luego de que un reportaje de CIPER revelara una serie de chats que posicionan al exministro de Defensa y actual candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes (RN), en conversaciones con el bullado exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago -y luego de Copiapó-, Juan Poblete, quien autorizó interceptaciones telefónicas ilegales de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) contra Mauricio Weibel, periodista que destapó el «Milicogate«, así como a otros comunicadores y militares denunciantes de corrupción.
En las conversaciones que salieron a la luz, se detalla la intención de Poblete por lograr que su amiga María Teresa Letelier alcanzara un lugar en el máximo tribunal del país, incluso solicitándole al exministro Desbordes apoyar su candidatura como ministra de la Suprema.
La querella presentada por el INDH fue aprobada en sesión del Consejo del lunes 10 de junio, y contó con el visto bueno de Consuelo Contreras, Constanza Valdés, Paula Salvo del Canto, Haydée Oberreuter, Juan Carlos Cayo, Lieta Vivaldi y Francisco Ugás.
Cristián Pertuzé, Sebastián Donoso, Beatriz Corbo e Ignacio Covarrubias, en tanto, se abstuvieron.
Querella de INDH contra todos los responsables de tráfico de influencias
Según Mario Desbordes, la acción juidcial se trata de una operación en su contra, en medio de su candidatura a la Alcaldía de Santiago.
Sin embargo, la consejera del INDH, la abogada Constanza Valdés, explicó que “la querella presentada es contra de todas las personas que resulten responsables del delito de tráfico de influencias».
Indicó que es una materia que involucra el nombramiento de una ministra de la Corte Suprema, y «además tiene que ver con una temática que se ha estudiado mucho en los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que recientemente se ha puesto más en boga, que tiene que ver con corrupción y derechos humanos”.
Planteó que la querella es trascendental para la resolución de este caso, donde el Instituto tiene una legitimación activa.
«Acá también posiblemente veamos el involucramiento de agentes del Estado y es donde principalmente el Instituto tiene una legitimación activa importante por violaciones a los derechos humanos, y por delitos también cuyos bienes jurídicos tengan que ver con la democracia, los derechos humanos, el acceso a la justicia, etcétera”, declaró la abogada a ADN.
Valdés destacó que “esta es la primera querella que se presenta por el Instituto en esta materia y por lo mismo también tiene una relevancia bien particular sobre todo en relación a los estándares internacionales y la convención en materia de corrupción”.
Para presentar la querella, el Consejo del INDH consideró que el hecho hoy bajo investigación, representa una grave vulneración a la garantía del derecho a un juez independiente e imparcial. En ese sentido, el Instituto estimó de la mayor relevancia que las afectaciones a la independencia judicial que puedan ser constitutivas de delito sean investigadas y, de comprobarse los hechos, sancionadas conforme a la Ley.
La querella recuerda que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aborda el tráfico de influencias. Entre otros puntos, ahí define este tráfico como “la solicitud o aceptación por un funcionario público o cualquier otra persona, en forma directa o indirecta, de un beneficio indebido”.
Además, el INSH destacó que la garantía de la independencia judicial opera como un derecho para los jueces en cuanto no sean objeto de presiones para desarrollar su función. Pero, asimismo, es un derecho para los ciudadanos, en orden a que las decisiones judiciales las emita un juez que pueda actuar con total independencia e imparcialidad.
Cabe destacar que el desarrollo de la investigación de los hechos denunciados por el INDH, se encuentra, por decisión del fiscal nacional Ángel Valencia, en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich.
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