Merino, el otro artífice del golpe

Para viabilizar sus afanes conspirativos Merino, junto a los almirantes Patricio Carvajal y Arturo Troncoso; al director de El Mercurio Agustín Edwards; y a los empresarios y exoficiales de la armada Roberto Kelly y Hernán Cubillos dieron forma, en agosto de 1968, ala Cofradía Náutica del Pacífico Austral.

Este organismo, que en apariencia se abocaba a la navegación a vela y al yatismo, fue el grupo conspirativo más importante de todos los que fraguaron el golpe militar y la instalación del nuevo orden neoliberal en Chile.

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En septiembre de 1971, un grupo de empresarios, con el apoyo de la citada Cofradía, realizó un seminario en el hotel O’Higgins de Viña del Mar. Fue un cónclave en el que se planificó el estrangulamiento de la economía y la generación de acciones violentas destinadas a sumir al país en un caos. Participaron grandes empresarios, como Javier Vial, Ricardo Claro y Eugenio Heiremans.

Según el testimonio brindado por Víctor López -presidente de la Agrupación de Marinos Exonerados– respecto de sus vivencias en la Armada en el periodo inmediatamente anterior al golpe de 1973 -publicado por El Ciudadano en septiembre de 2009 bajo el título El plan de los marinos para evitar el golpe que Allende desoyó–  la tentativa golpista se desencadenó en la Marina junto al paro de los camiones de octubre de 1972. “La cosa se empieza a complicar a nivel nacional. Hay paros y sabotajes. En las charlas ya no se hablaba en contra de una medida, sino que directamente en contra del gobierno.”

López añade que los oficiales comenzaron a hablar del presidente Salvador Allende como “el pelotudo”, “el huevón” y de los ministros como “huevones ignorantes, analfabetos”.

Las fuerzas derechistas chilenas y los servicios de inteligencia norteamericanos, sin embargo, tenían una última esperanza de derrocar al gobierno sin la necesidad de recurrir a acciones violentas e ilegales: esperaban que el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, agrupados en la Confederación Democrática (CODE), obtuvieran en las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973, las dos terceras partes de los escaños del Congreso Nacional. Esto, con el fin de poder destituir a Allende.

Sin embargo, fracasaron en este propósito: la Unidad Popular (UP) alcanzó un 43 por ciento de los votos, lo que significaba un crecimiento de siete puntos respecto de la votación obtenida en las  presidenciales de septiembre de 1970. De esta manera, la destitución por la vía legal se hacía imposible.

Fue entonces que el Pentágono y los uniformados golpistas, liderados por el alto mando de la Armada, se decidieron a impulsar el golpe.

Según sostiene el historiador Jorge Magasich en su libro Los que dijeron que No. La historia de los marinos antigolpistas de 1973 (Lom, 2008) en las semana siguientes al tanquetazo del 29 de junio, “las arengas golpistas” realizadas por oficiales de la Armada “ya no son noticia pues pasan a ser parte de la vida cotidiana”.

Según consigna este investigador, en julio de 1973 tuvo lugar “la ‘primera sesión de estudios de los mandos medios de la Armada’, una asociación ilegal de capitanes de corbeta y de fragata golpistas, en abierta transgresión a la disciplina, pero tolerada por el mando”.

El almirante José Toribio Merino escribió las conclusiones de dicho encuentro las que plasmó en un “documento naval”. Allí se pide ‘una pronta definición del Mando que satisfaga nuestros ideales en base a oponerse a la dictadura marxista en todos los frentes’”.

Los allanamientos realizados en el contexto de la Ley de Control de armas –que se dictó en octubre de 1972- se generalizaron después del tanquetazo, pero afectaron exclusivamente a fábricas y domicilios de leales al gobierno de Allende.

“El almirante Merino explica que siempre que se allanaba un lugar donde había una radioemisora de izquierda, participa el mismo grupo de especialistas en radiocomunicación, para que se conozcan los equipos utilizados por cada una de ellas. El capitán Arturo Troncoso, el autor del plan del golpe en Valparaíso, participa en numerosos allanamientos ‘para conocer perfectamente los objetivos’”, como señala Magasich en su libro, basándose en las memorias de Merino.

Según este historiador, entre el 16 y el 22 de julio del año del golpe, en un departamento de Vitacura, se realizó una reunión entre el jefe de la organización terrorista de ultraderecha Patria y Libertad, Roberto Thieme y dos oficiales de la Armada. Uno de ellos era Hugo Castro, futuro ministro de Educación de Pinochet.

En la ocasión, los oficiales navales informaron de la inminencia de un nuevo paro que buscaba crear las condiciones que permitieran dar el golpe. Le piden a Patria y Libertad que “contribuyan” a esta tarea “volando vías ferroviarias, carreteras y oleoductos”.

La Armada entregó bombas y la capacitación, tarea que fue encargada al ex jefe de comandos de la infantería de marina, Vicente Gutiérrez.

Los elementos se desataron en las primeras horas del 27 de julio de 1973, cuando militantes de Patria y Libertad –que actuaban coordinados con efectivos del Servicio de Inteligencia Naval (SIN)– asesinan al edecán naval del presidente Allende, comandante Arturo Araya Peters.

El homicidio ocurría en su propia casa, ubicada en la calle Fidel Oteíza de la comuna de Providencia. Un grupo de militantes de Patria y Libertad armó un alborotó frente a la casa el que incluyó el uso de armas de fuego. Cuando el edecán salió a repelerlos, con disparos al aire, un francotirador disparó desde un domicilio ubicado frente a su casa dos tiros que le dieron muerte. Diversas versiones –no confirmadas- señalan que el autor del disparo fue el agente de la CIA David Sánchez Morales.

Según reseña el periodista Robinson Rojas en su libro Estos mataron a Allende (casa editora Martínez Roca, Barcelona, 1974), el objetivo de este crimen fue doble: “impedir que Araya Peters, hombre muy cercano al pre­sidente Allende y partidario de la tesis ‘constitucionalista’ (…) fuera ascendido a contralmirante en noviembre-diciembre de 1973 y, de esta manera, pasara a for­mar parte del Estado Mayor de la Armada Nacional”.

El ascenso de Araya Peters era temido por el alto mando de la Armada, que era “el seno de la conspiración para derribar al gobierno constitucional”, porque “permitiría descubrirla antes de tiempo”, asegura Rojas.

Según este periodista, el segundo objetivo de los marinos golpistas fue “montar una trama para culpar al PS de la muerte del edecán naval, y provocar así una reacción favorable a la conspiración en el resto de los altos mandos de las fuerzas armadas y carabine­ros”.

El montaje se efectuó. Efectivos del SIN y del Servicio de Inteligencia de Carabineros (Sicar) recorrieron –las horas posteriores al crimen- numerosas comisarías intentando encontrar a alguien a quien cargar. Finalmente hallaron al militante del Partido Radical y electricista de la Corfo, José Riquelme Bascuñán, quien había sido detenido por realizar disturbios en estado de ebriedad. Como parte de la trama se le fabricó un carnet de militante del PS. Tras ser torturado con electricidad en el sótano del Ministerio de Defensa e interrogado por el fiscal naval Aldo Montagna, firmó una declaración en la que se autoinculpó y vínculo en el asesinato a la fracción “elenos” del PS y a la escolta presidencial (GAP).

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Sin embargo, el montaje quedó al descubierto. En los primeros días de agosto la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones, tras entrevistar a Riquelme, constató que este había declarado bajo torturas. La pista respecto de los verdaderos autores la otorgó un error de la golpista Radio Agricultura: esta difundió la declaración de Riquelme dos horas antes que este fuera detenido. El seguimiento de esta huella permitió descubrir que tras el crimen estaba Patria y Libertad.

Pese a esto, las fuerzas golpistas utilizaron esta muerte para arrinconar aún más al gobierno de Allende. La derecha y la DC, liderados por el senador Fernando Ochagavía y por el diputado democratacristiano Claudio Orrego –padre del homónimo nuevo intendente de Santiago-, levantaron una fuerte campaña que se hizo eco de este montaje.

Como parte de la planificación golpista, horas después del homicidio del edecán Araya el gremio de los camioneros decretaba un paro nacional indefinido para pedir la renuncia del gobierno. Esta huelga sirvió de caldo de cultivo a numerosas acciones terroristas que fueron realizadas por Patria y Libertad con capacitación y soporte logístico de la Armada.

Según señala Magasich, en ese contexto “muchos marinos comprenden que están en una disyuntiva de la que no pueden escapar: serán utilizados para dar el golpe legítimo y reprimir duramente a quienes se opongan”.

Víctor López testimonia que “en todos los buques se comentaba que la cosa se está poniendo fea, que parece que viene un golpe de Estado. Vamos a apagar esta cuestión dijimos”.

Sintieron que tenían que hacer algo. Entonces se les ocurrió hacer una reunión de coordinación de distintos buques. Esta se verificó a principios de agosto en el restorán Los Pingüinos, de Valparaíso. Fueron parte de ella alrededor de quince marinos de distintos buques y escuelas. “Yo plantee –narró López- que la situación era grave y se había salido de los cauces institucionales y que había que ponerla en conocimiento del gobierno”.

Este marino recuerda haber propuesto neutralizar el golpe –cuando este se produjera- “tomándose los buques y escuelas para que fracasara”. Otros marinos, encabezados por el sargento Juan Cárdenas, proponían anticiparse al golpe haciéndose de los barcos de la escuadra en su próxima salida.

En ese contexto es que un grupo de marinos de la escuadra chilena organiza una serie de reuniones con dirigentes políticos de la izquierda chilena para informar la inminencia del golpe y de sus propuestas para evitarlo.

El martes 7 de agosto de 1973, el Servicio de Inteli­gencia de la Marina detectó una reunión realizada en Talcahuano, entre unos doscientos suboficiales marineros y Miguel Enríquez, Oscar Garretón y Carlos Altamirano, líderes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y del PS.

Según señaló el periodista Robinson Rojas, el vicealmirante José Toribio Merino y sus asesores del SIN “estimaron que con ello tenían material suficiente para montar un ‘golpe rojo’ en la Armada. El 7 de agosto anuncia­ron oficialmente que se había descubierto una ‘subversión’ en los buques de guerra Almirante Latorre y Blanco Encalada, dirigida por Altamirano, Henríquez y Garretón”.

Marinos constitucionalistas o antigolpistas fueron detenidos en bases navales de Talcahuano y Valparaíso. En los días siguientes los periódicos izquierdistas Puro Chile y Noticias de Última Hora dieron cuenta de las feroces torturas que sufrieron los detenidos.

Según señala Rojas en su citado libro, estos marineros “eran obligados a firmar confesiones absurdas mediante procedimientos brutales, que horrorizaron a la opinión pública. Se descubrió en el Hos­pital Naval de Valparaíso que a un marinero le habían si­do reventados, a golpes, los testículos”.

Según las narraciones de las esposas de los detenidos -que pudieron conversar con ellos tras una semana de incomunicación- se pudo establecer que a los marinos detenidos se les introdujo –en medio de los “interrogatorios”- la cabeza casi hasta el punto de la asfixia, en tambores de petróleo abiertos, llenos de excre­mentos y orines humanos. También se golpeó con una fusta en el escroto a detenidos que permanecían colgados con las piernas abiertas, desnudos, amarrados de una barra para hacer gimnasia.

El día 31 de agosto, en el contexto del Consejo Naval Anual de la Armada Nacional, que calificaba a todos los oficiales ejecutivos de la institución, el alto mando institucional se reunió a almorzar en Valparaíso. Cuando el constutucionalista almirante Raúl Montero arribó a dicho encuentro, los altos oficiales allí presentes, encabezados por Merino, le pidieron que se retirara “porque iban a deliberar sobre la situación política nacional, y ellos no le te­nían confianza”, como señala Rojas en su libro. Ese mismo día este comandante presentaba su renuncia ante Allende en La Moneda, pero este lo convencía de quedarse algunas semanas más mientras desactivaba el golpe.

El 11 de septiembre, Merino derrocaba a Montero y tomaba ilegalmente el mando de su institución tal como hizo el general Cesar Mendoza en carabineros.

El líder ultraderechista Manuel Fuentes Wendling expuso, en las conclusiones de su libro Memorias secretas de Patria y Libertad (Grijalbo, 1999), una mirada que puede considerarse certera respecto del rol que jugó Merino y la Armada en el Golpe:

“¿Desde donde la CIA y la embajada norteamericana inducen el golpe militar al interior de las fuerzas armadas? Todos los antecedentes llegan a conducir que desde la Armada. No desde el Ejército. Es, a mi juicio, el vicealmirante José Toribio Merino Castro el artífice del ‘pronunciamiento’, junto al general del Aire, Gustavo Leigh Guzmán. A Pinochet, según todas las versiones, costó mucho convencerlo”.