En el contexto de la discusión sobre el Proyecto de Ley que obligaría a las radios a emitir un 20% de música chilena, la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) e instituciones opositoras a la iniciativa legal han aseverado que este proyecto atenta contra la libertad de expresión, ya que obligaría a la gente a escuchar algo que no quiere.
Esta afirmación, a nuestro juicio, ignora el hecho de que en Chile los medios de radiodifusión están regulados únicamente por la libre competencia, lo que ha conducido a la concentración de la propiedad, impactando esto en los contenidos, los que tienden a homogenizarse. En este sistema de medios, movido principalmente por incentivos económicos y lógica comercial, los espacios para escuchar música diferente a la promovida por los grandes sellos internacionales son escasos (casi nulos), sumado a que tenemos un espectro radioeléctrico saturado donde prácticamente no existe la posibilidad de entrada de nuevos actores.
A la luz de lo anterior, no se puede sostener que las audiencias puedan elegir qué quieren escuchar sino que, a lo más, pueden escoger frente a una oferta restringida. Es erróneo entonces afirmar que hoy las audiencias tienen injerencia en la programación de las radios. El acceso a la expresión en los medios de comunicación no es equilibrado porque los dueños de estos se reservan este derecho de acuerdo a una línea editorial desconocida para el público.
El hecho que la radio sea regulada únicamente con criterios de libre competencia niega el carácter simbólico e identitario de los bienes asociados. Puede ser perfectamente que los criterios de selección sean otros que den cuenta de la diversidad del país. Las iniciativas tendientes a regular los medios para garantizar la correcta difusión de nuestros bienes culturales y el acceso a la diversidad de obras artísticas que existen en Chile, no buscan otra cosa que resolver una grave falencia de nuestro país en materia de libertad de expresión como es el asegurar a todos los ciudadanos -y no sólo para los propietarios de los medios- la posibilidad de expresarse en ellos, y conocer obras y producciones diferentes de las impuestas por el mercado. Una ley de cuotas es, en este sentido, una iniciativa más que razonable para subsanar esta falencia.
El establecimiento de incentivos económicos para promover la difusión de música chilena como han postulado los ex titulares de Cultura Roberto Ampuero y Luciano Cruz-Coke no ha sido suficiente. Según cifras del Consejo de Fomento de la Música Nacional, entre 2006 y 2010 se destinaron 1.500 millones a la línea de difusión de música y a pesar de eso, el año 2006 las radios tocaron un 10,8% de música nacional y el 2010 un 11,2%, una variación muy poco significativa, lo que demuestra que esa política no tuvo el impacto deseado. La lógica de los incentivos económicos, además de ser ineficaz, no recoge lo fundamental que es el derecho de las audiencias a una diversidad en la oferta definida con criterios culturales y no económicos.
Como señaló la actual Ministra de Cultura, Claudia Barattini, en diversos países del mundo existen mecanismos para garantizar la presencia de la música nacional en emisoras locales, y nunca se ha cuestionado que esto constituya un atentado a la libertad de expresión.
Esperamos que esta discusión parlamentaria apunte a generar mecanismos para equilibrar la presencia de la industria musical chilena, en un escenario donde más del 80% de las obras musicales que escuchamos en la radio son extranjeras.
Lorena Donoso
Investigadora del Observatorio de Medios, FUCATEL
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