Las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial manifestaron su rechazo ante la falta de definición del Pleno de la Corte Suprema ante la gravedad de los hechos denunciados sobre la posible comisión de delitos por tráfico de influencias en la designación de los jueces y ministros.
«Las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial protestamos enérgicamente por la falta de definición del Pleno de la Excelentísima Corte Suprema ante los graves hechos denunciados», indicaron a través de un comunicado compartido en sus redes sociales.
Tráfico de influencias en nombramientos
La controversia por nombramientos dentro del Poder Judicial se originó se luego de que un reportaje de CIPER revelara una serie de chats que posicionan al exministro de Defensa y actual candidato a alcalde por Santiago, Mario Desbordes (RN), en conversaciones con el bullado exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago -y luego de Copiapó-, Juan Poblete, quien autorizó interceptaciones telefónicas ilegales de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) contra Mauricio Weibel, periodista que destapó el «Milicogate«, así como a otros comunicadores y militares denunciantes de corrupción.
En las conversaciones que salieron a la luz, se detalla la intención de Poblete por lograr que su amiga María Teresa Letelier alcanzara un lugar en el máximo tribunal del país, incluso solicitándole al exministro Desbordes apoyar su candidatura como ministra de la Suprema.
A esto se suma, el caso de la ministra Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, quien según otro reportaje de CIPER habría influido en el nombramiento de Ángel Valencia como fiscal Nacional.
¿Qué dijo la Corte Suprema?
La nueva vocera de la Corte Suprema, la ministra María Soledad Melo, no descartó la comisión de delitos por tráfico de influencias en la designación de los jueces y además aseguró estar disponible a colaborar en investigaciones.
Luego de una reunión que duró varias horas, Melo, leyó una declaración pública en la que los magistrados expresaron su convicción de “separar la función jurisdiccional de la administrativa”.
“Entendiendo la urgencia que se requiere, la Corte retomará las gestiones que permitan dicho objetivo y radicar los nombramientos y otros asuntos relativos al gobierno judicial, en un organismo que se establezca para tal efecto”, anunció.
La magistrada además mencionó una serie de medidas, entre ellas el “avanzar en la redacción de un código de ética judicial” y la “conformación de una mesa de trabajo con representantes de las distintas salas de esta Corte, sobre concursos y nombramientos para continuar con el estudio de la modificación de las actas 104 y 105 de 2021, que abordan estas materias”.
“En dicha instancia pueden ser invitados otros actores relevantes para conocer sus aportes sobre estas temáticas”, agregó la vocera.
Melo descartó por ahora que se desarrolle una investigación disciplinaria al interior del máximo tribunal del país por la polémica del tráfico de influencia en los nombramientos.
Trabajadores del Poder Judicial protestan por falta de sumario administrativo
Desde la Organización de Trabajadores y Trabajadore del Poder Judicial (OTJ) indicaron que esperaban con expectativas los anuncios que comunicará la nueva vocera de la Corte Suprema.
Aunque saludan la decisión de acoger la sugerencia de la OTJ de abrir una mesa de trabajo para abordar de forma urgente la selección de los funcionarios, así como la invitación al Poder judicial y Legislativo «para avanzar en las reformas necesarias para cambiar el modelo de gobernanza del Poder Judicial».
Sin embargo, expresaron su «más enérgica protesta a la decisión de no abrir sumario administrativo alguno y no suspender a los funcionarios involucrados».
«Como trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial sabemos que tanto ministros de Corte, como Jueces y Administradores, frente la más leve sospecha de falta funcionaria, proceden a abrir sendos sumarios administrativos contra los trabajadores», señalaron.
Por tal motivo, plantean que no se entiende que ante la grandes denuncias, la máxima autoridad del Poder Judicial omita «ordenar las investigaciones administrativas por quien corresponda»
Asimismo, en la declaración indicaron que sin una determinada y clara decisión política de enfrentar la corrupción, venga de quien venga, no será posible defender la institucionalidad comprometida con los hechos de corrupción denunciados, ni tampoco «recuperar la necesaria confianza republicana en una de las más importantes instituciones de la República, el Poder Judicial».
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