Una serie de gestos y de dichos que van en la línea de una “carta de navegación” propia, como la definió el mismo Huenchumilla, asociada o no al programa de gobierno y que corre el inmenso riesgo de quedar en una simple hoja de ruta.
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Chiste repetido
Entrevistado por La Tercera, el Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo descartó usar la ley antiterrorista, tal como se explicita en el programa de gobierno porque, dijo, “no creemos que sea una fórmula para resolver conflictos sociales”. El problema es que en 2002, siendo Gobernador de Arauco, Peñailillo invocó la misma ley, tras la quema de unos camiones forestales y la agresión a sus conductores en Alto Tranaquepe[1]. El tejado de vidrio de Peñailillo se extiende por toda la coalición gobernante, por lo que estos símbolos quedan cortos: se anuncia que se dejará de utilizar la ley antiterrorista, pero no se explica por qué, ni se hace una revisión profunda de su uso en el pasado. Sin eso, el mea culpa pierde todo su potencial y arriesga esfumarse con el tiempo, de la misma manera que el perdón de Huenchumilla.
En Wallmapu sabemos quién es la Concertación, devenida hoy en Nueva Mayoría, porque conocimos su política de represión, división de comunidades y su cogobierno en alianza con la principal parte del problema, los poderosos terratenientes de la Región. También sabemos quién es Huenchumilla, el primer alcalde que intentó expulsar a los vendedores ambulantes del centro de Temuco, el que fue Ministro Secretario General de la Presidencia del gobierno de Ricardo Lagos, primer gobierno en invocar la Ley Antiterrorista y en cuya administración ejercían los responsables políticos de la muerte de Alex Lemún. El mismo Huenchumilla que fue presidente de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) instancia creada luego del Acuerdo de Nueva Imperial (1989) tras el cual Huenchumilla señaló “yo me encargaré de que el compromiso que ha sostenido la concertación con el pueblo mapuche se cumpla” (Diario Austral 17/12/1989). El objetivo de la CEPI era la creación de una nueva ley indígena, la que fue aprobada recién a fines de 1993, tras seis redacciones que cercenaron el documento y le quitaron validez. Los otros compromisos de Nueva Imperial tampoco llegaron muy rápido: el Convenio 169 de la OIT fue ratificado 19 años después y el reconocimiento a los Pueblos Indígenas en la Constitución sigue sin hacerse efectivo, ¿cumplió su promesa Huenchumilla?
Muchos sostienen que el (des)Acuerdo de Nueva Imperial es uno de los principales gérmenes del conflicto político mapuche-chileno reciente. Tras la dictadura, la Concertación era una cara nueva, Aylwin y otras autoridades realizaron gestos históricos, vinieron a reunirse con las autoridades tradicionales, prometieron un nuevo trato y … todo quedó en nada. ¿Se repetirá el chiste?[2]
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También hemos podido ver en estas semanas el afán de Huenchumilla por reunirse con mucha gente y mostrarse como un político “en terreno”. A Don Francisco le gusta sacarse fotos en reuniones y avisar por twitter su agenda. Sin embargo muchas comunidades y organizaciones le han solicitado gestiones de alto nivel para establecer espacios donde se pueda abordar la problemática de fondo sobre los proyectos de inversión en territorio ancestral, sin embargo ninguno de estos pedidos ha tenido respuestas concretas.
Tanto nadar para al final ahogarse
De todos modos el mayor logro de Huenchumilla no son los simbolismos, sino el cambio de eje en la discusión. El conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno está siendo reconocido como un conflicto político, por parte de la máxima autoridad regional. A diferencia de la solicitud de perdón, la propuesta de oficialización del mapuzungun está puesta en otro marco, el de una política posible de desarrollarse.
Valoramos que se acepte la propuesta de oficialización del idioma y esperamos que esta pueda ser efectivamente reglamentada, como la mesa de trabajo para la oficialización que hoy propusieron diversos grupos en la Intendencia, sin embargo nos preocupa la forma en la que se presentó. Tras la reunión con los profesionales del Programa de Educación Intercultural Bilingüe (PEIB), Huenchumilla señaló que “a los políticos se nos ocurre una idea cuando se nos ilumina la ampolleta y tenemos que clarificar esas ideas: tengo una chispa de idea y la voy a encender luego, estoy tratando que prenda bien y en eso estamos todavía. Es como una inspiración, un rayo que surge de repente” (Diario Austral 4/4/2014), ninguneando con esto los años de movilización que han surgido desde distintas organizaciones mapuche exigiendo la oficialización del idioma, y a los propios profesionales del PEIB, que minutos antes le habían entregado la propuesta de oficialización, ¿de qué ampolleta hablaba Huenchumilla?
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En caso de que finalmente se oficialice el mapuzungun en la región, su implementación debe ser completa y entenderse dentro de un marco de reconocimiento de que la Araucanía (y también BíoBío, Los Ríos y Los Lagos) son territorios con una identidad cultural específica, y que el derecho al estudio, difusión y promoción del mapuzungun son una parte dentro de un proceso de restitución histórica en todos los sentidos. Si, en cambio, la oficialización se transforma en un mero decreto o si su reglamentación es parcial y simbólica, se consolidará el modelo multiculturalista neoliberal, que se ha venido perfeccionando en los últimos gobiernos, con una Concertación que una vez más intentará aislar políticamente a las organizaciones y comunidades más autónomas, esta vez con el respaldo de las incipientes organizaciones de la derecha mapuche, que emergieron junto al gobierno de Piñera.
Los gestos y promesas, hasta ahora simbólicos, de perdón o no aplicación de ley antiterrorista, tendrán que ser evaluados en su magnitud cuando termine este periodo presidencial. Solo ahí sabremos si esas palabras tuvieron una base real o solo quedaron como buenas intenciones al inicio del periodo.
El moderado programa de gobierno, no solo en materia indígena si no en otras áreas relacionadas, como la energética, no llama precisamente a la expectativa, y hace aparecer los gestos de Huenchumilla como aislados, sacados de su propia carta de navegación, que corre el riesgo de hundirse como un barco cargado con perdones y lindas promesas, pero a fin de cuentas, naufragado.
El gobierno tiene ahora posibilidades de concretar los simbolismos de sus autoridades. La derogación del decreto 66 sobre consulta indígena, la del decreto 40 que reglamenta el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; establecer una moratoria a los proyectos de inversión que atentan contra los derechos comunitarios hasta que la consulta no esté regulada de acuerdo a los estándares internacionales, la derogación del fuero militar y una serie de otras medidas necesarias y que pueden ser implementadas en corto plazo, mostraría un avance, un verdadero mea culpa de cómo venía obrando la Concertación.
También la huelga de hambre iniciada esta semana por los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol será un buen termómetro para medir a las nuevas autoridades. Exigencias como el indulto humanitario al peñi José Llanca Tori y el traslado de los presos al Centro de Educación y Trabajo de Angol, situaciones que requieren solo voluntad de aplicar medidas administrativas, permitirán medir la voluntad política del nuevo gobierno, más allá de promesas y mesianismos de corto plazo.
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