Desde las seis de la mañana las comunidades atacameño lickanantay más próximas al Salar de Atacama volvieron a bloquear el acceso a las faenas de extracción de litio de SQM.
El bloqueo se efectuó en el sector denominado P2, que es la entrada al campamento que SQM tiene en el borde oriental del Salar de Atacama, y en el cruce La Bicicleta, en el extremo occidental de la cuenca, en donde la empresa de la familia Pinochet mantiene sus instalaciones extractivas y de procesamiento.
La toma de ambos puntos se prolongó durante cinco horas, afectando la circulación de al menos 30 camiones en el sector La Bicicleta.
La acción fue realizada por las comunidades de Talabre, Toconao, Camar, Socaire y Peine, las que se manifiestan disconformes con las negociaciones hasta ahora llevadas en el marco de la entrega de la explotación de litio del acuífero atacameño a SQM hasta el año 2060.
Si bien en el acuerdo entre Codelco y SQM se menciona la anuencia del Consejo de Pueblos Atacameños, que integra las 18 comunidades lickanantay de las cuencas del Salar de Atacama y del río San Pedro, las comunidades más próximas al salar exigen conocer y participar en las decisiones sobre la cuenca del acuífero, al ser las directamente afectadas por la explotación del litio.
Yermin Básques, presidente de la comunidad de Toconao, comentó a El Ciudadano que “la toma se origina por la negativa de parte de Codelco y SQM de considerar las demandas de las comunidades atacameñas más próximas del salar, las que somos las más afectadas por el aumento en la extracción de litio”.
El dirigente argumenta que “se debe conversar con los quienes tienen que conversar es con los pueblos que viven en el territorio. Si bien, el Consejo de Pueblos es una asociación, no representa jurídicamente ninguna sociedad, según el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Artículo Nº 6”.
UN ACUERDO LESIVO PARA EL PATRIMONIO PÚBLICO
Pese a las críticas de varios analistas especializados en minería, el 31 de mayo pasado Codelco y SQM suscribieron finalmente el Acuerdo de Asociación que implica extender la presencia de la empresa de Julio Ponce Lerou hasta 2060 en el negocio del litio.
El Acuerdo fue promovido por el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco Matte, y establece que la sociedad está constituida por un total de 100 millones de acciones, de las cuales un 50,01% será para la filial Minera Tarar, creada por la cuprífera estatal; y un 49,99% para SQM.
También se definieron dos períodos para dicha sociedad, uno entre 2025 y 2030, en que el directorio estará formado por seis directores, nombrados a medias entre SQM y Codelco, aunque de igual forma la empresa de Ponce Lerou controlará las decisiones al exigirse la mayoría de los accionistas. A partir del 2031 tendrá un director más, elegido por Codelco. Sin embargo, en la práctica la misma exigencia de mayoría accionaria permite a SQM mantener el control de las decisiones.
Según especialistas en temas de minería el Acuerdo suscrito es lesivo para el patrimonio fiscal. José Cabello, geólogo y directivo del Centro de Estudios de Minerales Estratégicos y Críticos de Chile (CEMEC), a partir de su experiencia como gerente de nuevos negocios y estrategia minera en BHP Billiton, considera que cualquier contrato a lo más entregaba el 20% de la propiedad del salar. Argumenta que cuando el Estado, ya sea a través de Codelco o Enami, tiene el Salar de Atacama con sus reservas de litio y potasio, no requiere entregar la mitad de la propiedad a un socio, buscándose además alguno que aporte en transferencia tecnológica.
Entrevistado por El Ciudadano comentó que “desde el punto de vista estratégico, cuando uno es dueño de las mejores reservas del mundo, se invita a alguien a participar del negocio, pero uno no cede más del 20 por ciento (…) Ante esa situación, hay que hacer una licitación bien hecha y solamente ofrecer el 20 por ciento. Te aseguro que ofertas no faltarán”.
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y EL ACUERDO
El 28 de Mayo reciente la revista Pulso de La Tercera publicó un reportaje sobre el inminente acuerdo entre Codelco y SQM, titulando ‘Los pueblos indígenas: el otro escollo que deben sortear el acuerdo Codelco-SQM’.
Tanto el titular como el contenido del artículo evidencian la visión respecto de las comunidades que habitan los territorios de explotación de parte de los grupos económicos y su industria mediática: en las mismas palabras son ‘un escollo’ a superar. Para dichas instancias, los avances en las políticas internacionales de mecanismos de protección de los pueblos indígenas son un lastre.
Sin embargo, a contrapelo de dicha perspectiva, a partir de acuerdos internacionales dichos mecanismos de protección son obligatorios en la legislación chilena y estarían siendo considerados en el Acuerdo entre Codelco y SQM.
Según observaron José Aylwin y Juan Carlos Cayo, del Observatorio Ciudadano y de la Plataforma de Sociedad Civil Chilena de Derechos Humanos y Empresas, en los 20 artículos y varios anexos que contempla el Acuerdo, se abordan entre varias otras materias la consulta indígena respecto de los nuevos contratos y se hace referencia a los derechos que corresponden a las comunidades atacameñas, habitantes ancestrales del Salar de Atacama.
En un documento difundido recientemente, Aylwin y Cayo dan cuenta que se identificó a 18 comunidades, las que integran el Consejo de Pueblos Atacameños, reconociéndose la conexión de dichas comunidades con “el territorio que habitan”, el valor ecosistémico del Salar de Atacama y las tierras y aguas de uso ancestral.
Para ello, Codelco y SQM se comprometen a “implementar los mejores estándares en su relación con las Comunidades Atacameñas, con enfoque en el desarrollo de capacidades, el fomento de la transparencia y la promoción de los derechos humanos de dichas comunidades”.
Del mismo modo, ambas empresas se comprometen a “realizar todos los esfuerzos razonables por alcanzar el consentimiento previo, libre e informado para el desarrollo de nuevas actividades en el territorio de las comunidades, y el beneficio mutuo que significa desarrollar un relacionamiento basado en el diálogo y comunicación permanentes, la confianza, la colaboración, el respeto mutuo y la buena fe”.
Los investigadores valoran el reconocimiento al derecho del pueblo lickanantay de definir sobre sus territorios y apostar por el consentimiento en la explotación de sus recursos, aunque llaman la atención que la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta hace poco, “tanto por SQM como por Albemarle, ha sido impulsado sin proceso de consulta con las comunidades directamente afectadas, y mucho menos con su consentimiento”.
Además destacan que, además de las 18 comunidades del consejo, hay otras siete existentes que no integran dicha instancia, las que “tienen los mismos derechos que las comunidades reconocidas previamente”.
En relación a las comunidades colla y la explotación del Salar de Maricunga, resaltan que pese a que el contrato entre Codelco y SQM se refieren a la transferencia de las concesiones mineras de esta última a la cuprífera en dicho acuífero cordillerano no se haga referencia alguna a las comunidades del pueblo colla Pai Ote, que tienen sus veranadas en los territorios de dicha cuenca, localizada entre los valles cordilleranos al interior de Copiapó.
“El uso y ocupación tradicional que las comunidades del pueblo colla, en particular la comunidad colla Pai Ote hace del Salar, es un hecho indiscutible, conocido además por Codelco. Por lo mismo dicha omisión resulta del todo contradictoria con el reconocimiento de los estándares de derechos humanos referidos a pueblos indígenas contenida en el Acuerdo”- destacan.
UNA CONSULTA INDÍGENA EN SUSPENSO
La consulta indígena tras el acuerdo entre Codelco y SQM quedó a cargo de Corfo, instancia que intentó iniciar el proceso el pasado 28 de mayo, pero fue parado por las comunidades atacameñas, en particular la comunidad de Socaire.
“Corfo quería comenzar la consulta y la paramos. Ahora José Miguel Benavente anda en Europa, estamos a la espera de como anda la consulta. Queremos que nos muestre el contrato y como partir las negociaciones”- comenta Básques.
El dirigente agrega que el objetivo para las comunidades es acceder a los contratos y poder evaluar su existe la capacidad hídrica de explotar el salar por los próximos 35 años. “Tenemos antecedentes técnicos de que no es viable”- sentencia.
Consultado respecto del aumento en la cuota de explotación de litio que conlleva el acuerdo, Básques comentó que “obviamente para nosotros si se hiciera en las mismas condiciones actuales, sería la muerte para los pueblos ancestrales. La cuenca hídrica no daría abasto para 40 años más de explotación, sobre todo si doblan el ritmo actual. En las condiciones de hoy es una barbarie. Piensa que ocupan 1.600 litros por segundo para echarle a las piscinas para que el agua después se evapore ¿qué cuenca resiste eso?”.
Contrasta dicho uso de agua con la condición de sequía y ausencia de servicios básicos en las mismas comunidades próximas a la explotación del salar. “Las cuatro comunidades no tenemos los servicios básicos y salen por el mundo a decir que conversan con nosotros”- comenta el dirigente.
A si juicio se trata de una estrategia para invisibilizarlos. “Y es para que abandonemos los territorios al secar nuestras cuencas. Al margen de los acuerdos, los que vivimos en el territorio tenemos que decir si tienen probabilidad de desarrollo o no. Quienes conocemos la cuenca somos nosotros”.
Consultado respecto de si desconocen al Consejo de Pueblos Atacameños como instancia negociadora, Básques sostuvo que “no nos oponemos a que lleguen a acuerdos con el consejo, pero quienes tienen la potestad son las comunidades próximas al territorio somos las que estamos directamente afectadas. Y eso contempla que conozcamos los términos del contrato y definamos en conjunto las condiciones de explotación de la cuenca”.
Mauricio Becerra R.
El Ciudadano
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