Durante los últimos días, se han revelado nuevos antecedentes respecto a la masiva contratación de militantes de Renovación Nacional al interior de la Municipalidad de La Florida, y los que coincidentemente arribaron tras la llegada de Cecilia Pérez en el municipio. Sin embargo, una nueva entidad edilicia ligada a Chile Vamos vuelve a estar en el «ojo del huracán».
El Equipo de Investigación de El Ciudadano tuvo acceso a la denuncia ante Contraloría, en contra del actual alcalde de Collipulli, Manuel Macaya (RN), por utilizar abogados contratados por la Municipalidad, para patrocinar sus causas particulares.
Según se lee en el documento, la abogada Yenifer Gatica está contratada a honorarios desde enero de este año, para el programa municipal de atención al público, mientras que Pablo Montre -también abogado-, se encuentra contratado bajo la misma modalidad a honorarios desde hace más de 10 años, con similares funciones, agregándose la tramitación de juicios vigentes en representación del municipio.
«Gatica Cabrera compareció en la causa rol N° 34.446-2022, de la Iltma. Corte de Apelaciones de
Temuco, caratulada “Macaya/Bustos”, concurriendo a efectuar los alegatos respectivos de la vista de la causa, en representación del señor Manuel Macaya, alcalde de Collipulli. Asimismo, en la causa penal RIT N° 1118-2023, del Juzgado de Garantía de Collipulli, la profesional indicada asume la defensa del
señor Macaya Ramírez, delegando poder al señor Montre Rodríguez», se detalla en el oficio de Contraloría.
Respecto a esto, el municipio respondió que no existe ninguna disposición en el ordenamiento jurídico que prohíba al asesor jurídico municipal ni a los prestadores de servicios a honorarios, asumir el patrocinio y defensa de los juicios particulares del alcalde, «toda vez que las inhabilidades e incompatibilidades son de derecho estricto, y que además, las actuaciones realizadas por los servidores
aludidos ante los Tribunales de Justicia se han efectuado sin entorpecimiento de sus labores habituales».
Este medio conversó con una de las denunciantes del caso, la concejala Jacqueline Ponce, quien aseguró que con la concejala Julianna Bustos, denunciaron a Macaya por mal uso de los caudales públicos, y lo que se suma a otras acusaciones en contra del edil.
-Como el nombramiento como Dideco de Víctor Riquelme, hermano de la actual concejala Clara Riquelme, demorándose más de tres años en que la Contraloría emitiera dictamen declarando inhábil su nombramiento. Por la legalidad en la compra de dos desfibriladores, pues existiría un sobreprecio y tampoco tenían el giro comercial. En cuanto a los sumarios que tiene la Municipalidad, hay profesionales que no ha declarado y se encuentran suspendidas por más de un año y dos años-, dijo Ponce.
Incluso, a lo anterior se agregarían las investigaciones penales de uso malicioso de instrumento público, falsificación de firmas, y licencias de conducir falsificadas.
No obstante, la entidad contralora resolvió que se advierte que Montre y Gatica deben velar por los intereses particulares de Macaya, lo que podría afectar las decisiones que deba adoptar el alcalde y el control jerárquico sobre los mismos, por lo que la simultaneidad de ambas contrataciones puede restarle imparcialidad.
Además, que los abogados representen al alcalde no resulta conciliable, por lo que la Municipalidad de Collipulli deberá adoptar las medidas pertinentes para corregir dicha situación, de lo cual deberá dar cuenta a Contraloría en el plazo de 30 días hábiles.
Recordemos que el alcalde Macaya fue formalizado por el delito de desacato por la no entrega documentos de un sumario solicitado por un tribunal, por el juicio laboral por vulneración de derechos, que involucra a la exdirectora del Departamento de Salud Municipal, Pamela Escobar.