Desde la cárcel

Por Héctor Vega

Grandes casos llevados a la justicia, se invisibilizan en un país que vive de engaños e hipocresías.

Es lo que sucede con Héctor Llaitul que defiende una causa que el Estado de Chile nunca ha reparado y que decidió terminar a sangre y fuego a fines del siglo XIX. Quienes despojaron de sus territorios al Pueblo Mapuche, tuvieron reconocimiento público por servicios prestados a un Estado que desconoció tratados, vulneró acuerdos y derechos y, cuyos capítulos vergonzosos de la historia de Chile quedaron registrados en crónicas, notarías y sentencias judiciales. Es más, hay calles de la capital que exhiben nombres de militares, en reconocimiento a sus crímenes cometidos en el Wallmapu y en complicidad con la institucionalidad civil de la República.

Cuando Daniel Jadue decidió que los viejos no podían quedar en manos del Cartel de la especulación farmacéutica, había que cortar de raíz este intento de rebelión; tamaña sensibilidad ante la tercera edad no podía tolerarse – provenía de un comunista. Actos de este tipo son sospechosos, por eso se denunciaron alevosas intenciones de enriquecimientos personales, fraudes en contabilidades municipales. Pero, al mismo tiempo, no era posible que el resto de las comunas careciera de los mismos servicios que Recoleta exhibía. Por eso, aún en el triángulo de las comunas de mayor riqueza de la Región Metropolitana, desde las buenas intenciones de sus habitantes, surgieron otras tantas farmacias comunitarias. No nos olvidemos que Daniel Jadue fue precandidato presidencial, que en estas lides no pueden darse ventajas y que uno menos en el punto de partida, es ya una ganancia apreciable.

Para que no hubiera dudas acerca de cómo hacemos justicia en este país, ambos, Llaitul y Jadue, desde la cárcel, debieron entender que con la defensa del capital y la honra de los que decidieron terminar con el Pueblo Mapuche, no se juega.

Esto no es nuevo. Hace ya casi 20 años fiscales y jueces, ignorando testimonios falsos, decidieron la cárcel para Jorge Lavandero, un senador que denunció por años, desde el Senado de la República, el robo de nuestras riquezas naturales por las transnacionales que las explotan. Acusado de delitos infamantes, su nombre fue sometido al escarnio público. Políticos y periodistas se solazaron en la vil exhibición de este linchamiento público.

Defender la lucha secular del Wallmapu; defender la Salud del Pueblo; defender las riquezas naturales de nuestro territorio, es un delito en Chile.

Delitos que, hoy nos enteramos, es juzgado por los mismos tribunales que aparecen en el celular de un abogado-lobista que confundió la profesión con el tráfico de influencias. Actividad bien remunerada, pero que pone en duda la objetividad de sentencias judiciales y la carrera misma de la magistratura.

Durante la Convención Constitucional (plebiscitada y rechazada el 4 de septiembre de 2022) propusimos, en representación de la Fundación Nueva Educación y Sociedad (FNES), la formación de un Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del Poder Judicial, cuya ley orgánica debía establecer su estatuto y régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Esta propuesta fue ignorada, pero los hechos que hoy se investigan en el seno de la Corte Suprema, por influencias indebidas en los nombramientos de ministros y jueces, señala que teníamos razón de crear un organismo que gobierne a los miembros del Poder Judicial: justicia dentro de la Justicia.

Instalada la duda acerca de quienes imparten justicia, la judicialización de la política, práctica inveterada de los y las profesionales de la política para liquidar a sus adversarios, es una clara referencia a los casos aquí planteados de Héctor Llaitul, Daniel Jadue y Jorge Lavandero.

Esto señala la crisis en que se debate la viabilidad misma de la República; por eso, desde la cárcel decimos BASTA, esto no pasará.

Por Héctor Vega

Santiago, junio 27, 2024

Fuente: Politika

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