¡Se buscan! Estos son los 18 condenados por crímenes de lesa humanidad que están prófugos de la justicia

POR ANSEL TORO

La oficina especializada en derechos humanos, Estudio Jurídico Caucoto Abogados, dio a conocer el listado actualizado con un total de 18 exuniformados prófugos de la justicia condenados por delitos de lesa humanidad. Incluso, los criminales mencionados en este listado están involucrados en los crímenes de Víctor Jara y Littré Quiroga, Caso Paine principal, Operación Cóndor, Caravana de la Muerte y Caso “Quemados”.

En noviembre de 2023, existía un listado de 14 prófugos, la mitad de ellos ya fueron capturados. En la actualización de esta lista se agregan a 10 nuevos exuniformados, que habiendo sido condenados por la justicia se dieron a la fuga. El grupo de estos fugitivos está compuesto por exmilitares, carabineros, exfuncionarios de la Armada, y civiles integrantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la Central Nacional de Inteligencia (CNI), inteligencia naval, y el Comando Conjunto, fueron acusados de ser autores y coautores de secuestro calificado, homicidio calificado, asociación ilícita y aplicación de torturas, entre otros delitos.

Estos son los sentenciados fugitivos de la justicia:

Rubén Aroldo Morales López (oficial de Carabineros), condenado a 10 años y un día de presidio mayor como autor del homicidio calificado de Jorge Vásquez Matamala.

Luis Enrique Barrueto Bartning (empresario), condenado a 10 años y un día como coautor de siete secuestros calificados (desapariciones forzadas) perpetrados en la comuna de Santa Bárbara.

Federico Humberto Chaigneau Sepúlveda (oficial de Ejército, DINA), Chaigneau tiene además condenas en el proceso Operación Cóndor. Está sentenciados a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

Alberto Roque del Sagrado Corazón Badilla Grillo (oficial Armada), sentenciado como autor del delito de homicidio calificado y aplicación de tormentos contra Enrique López Olmedo, a las penas de 12 años y 541 días respectivamente.

Nelson Edgardo Hasse Mazzei (oficial del Ejército), condenado como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

Guillermo Salinas Torres (oficial del Ejército).

Pablo Belmar Labbé (oficial del Ejército).

René Patricio Quilhot Palma (oficial del Ejército), condenados como coautores de los delitos de homicidio calificado de Carmelo Soria Espinoza y autores de asociación ilícita. Por el primer cargo se impuso una pena de 15 años y un día a Salinas Torres, y de 10 años y un día a los dos restantes. Por el delito de asociación ilícita se impuso a todos la pena de 541 días de presidio.

Ahora se suman los nuevos prófugos:

Juan de Dios Higueras Álvarez (suboficial de Carabineros), condenado en el Episodio Mulchén, como coautor de los homicidios calificados perpetrados en el (i) Fundo Carmen y Maitenes: Florencio Rubilar Gutiérrez, José Liborio Rubilar Gutiérrez, José Lorenzo Rubilar Gutiérrez, Alejandro Albornoz González, Luis Alberto Godoy Sandoval, Miguel del Carmen Albornoz Acuña, Daniel Alfonso Albornoz González; ii) del Fundo Pemehue: Alberto Albornoz González, Felidor Exequiel Albornoz González, Jerónimo Humberto Sandoval, Medina, Juan de Dios Roa Riquelme y José Fernando Gutiérrez Ascencio, ocurridos en los
días 6 y 7 de octubre de 1973; a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias; También en el mismo episodio fue condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado de las siguientes personas del (ii) Fundo El Morro: de Juan de Dios Laubra Brevis, José Florencio Yáñez Durán, Celsio Nicasio Vivanco Carrasco, Edmundo José Vidal Aedo, Domingo Sepúlveda Castillo y de Guillermo José Albornoz González, perpetrados a partir de los días 5, 6 y 7 de octubre de 1973, en la comuna de Mulchén, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más
accesorias legales.

René Riveros Valderrama (oficial de Ejército) sentenciado en el proceso Operación Cóndor, a dos penas de 18 años de presidio mayor en su grado máximo, por los delitos de secuestro calificado reiterados de Alexei Jaccard Siegler y Héctor Velázquez Mardones; y como coautor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, Jacobo Stoulman Bortnik, Matilde Pessa Mois, Hernán Soto Gálvez y Ruiter Enrique Correa Arce.

Jaime Ojeda Torrent (oficial de Ejército), condenado en el proceso Caravana de la Muerte, episodio La Serena, condenado en calidad de cómplice de 15 homicidios calificados, a la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio. Las víctimas son Óscar Aedo Herrera, Marcos Barrantes Alcayaga, Mario Ramírez Sepúlveda, Hipólito Cortés Álvarez, Jorge Contreras Godoy, Roberto Santa Cruz, Jorge Jordán Domic, Gabriel Vergara Muñoz, Carlos Alcayaga Varela, Jorge Osorio Zamora, José Araya
González, Óscar Cortés Cortés, Manuel Marcarian Jamett, Víctor Escobar Astudillo y Jorge
Peña Hen.

Ricardo Lilllo Morandé (oficial de Carabineros), condenado a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, por los homicidios calificados de Héctor Marín Álvarez, don José Luque Schurman y Benjamín Garzón Morillo, el día 23 de septiembre de 1973, en el sector del Salar del Carmen, ubicado en la comuna de Antofagasta.

Iván Humberto Figueroa Canobra (oficial de Ejército), condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más accesorias legales, por los delitos de homicidio calificado consumado de Rodrigo Rojas De Negri, y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana Arancibia.

Juan Daniel Marambio López (suboficial del Ejército), condenado como coautor del homicidio calificado de Francisco Javier Santoni Díaz, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más accesorias.

Miguel Fernando Gajardo Quijada (empleado civil del Ejército – CNI) Condenado como cómplice de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio más accesorias legales.

José Isaías Vidal Veloso (comisario de la Policía de Investigaciones de Chile- CNI) Condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado de Hugo Ratier Noguera y Alejandro Salgado Troquian, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo más accesorias legales.

Luis Raimundo Quezada Chandía (ex conscripto) condenado como coautor de los homicidios calificados de Hernán Henríquez Aravena, y de Alejandro Flores Rivera, a la pena de 17 años de presidio mayor en su grado máximo.

Andrés Pablo Potin Lailhacar (ingeniero civil – Patria y Libertad – Comando Conjunto), condenado en calidad de coautor del delito de secuestro calificado de Luis Emilio Maturana González, a la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y en calidad de coautor del delito de secuestro de Juan René Orellana Catalán, a la pena de 400 días de presidio menor en su grado mínimo.

Prófugos capturados a la fecha:

Jorge Vargas Bories, oficial de Ejército y agente de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), por lo que fue trasladado al penal Colina I. El exuniformado fue condenado como coautor del asesinato bajo tortura del profesor de enseñanza media y ex militante del MIR, Federico Álvarez Santibáñez, ocurrido el 21 de agosto de 1979.

Manfredo Enrique Jurgensen Caesar (médico, CNI), sentenciado como coautor del homicidio calificado de Federico Álvarez Santibáñez, a la pena de 8 años de presidio. Estuvo prófugo desde enero, detenido en Argentina en junio de 2023 cuando intentaba abordar un vuelo a Alemania, siendo solicitada su extradición pero falleció días después privado de libertad.

Olegario Enrique González Moreno (Ejército, DINA), condenado como coautor de 9 secuestros calificados (desapariciones forzadas), a la pena de 10 años y un día, entrando a cumplir condena en julio de 2023.

Héctor Fernando Osses Yáñez (oficial de Carabineros, dirigente gremial de uniformados en retiro), condenado como autor en casi una docena de casos por asesinatos en la Población San Gregorio, quién estuvo prófugo entre 2021 a 2023.

José Miguel Meza Serrano (Armada, DINA), y Eduardo Alejandro Oyarce Riquelme (suboficial Ejército, DINA), sentenciados como coautores de los delitos de secuestro calificado de Fernando Navarro Allendes y Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio cada uno, y de los delitos de secuestro simple de Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Berríos, por lo que fueron condenados a 3 años de presidio respectivamente

Víctor Álvarez Droguett (Ejército, DINA), condenado como coautor de los delitos de homicidio calificado en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, Horacio Cepeda Marinkovic y Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 15 años y 1 día de presidio mayor en su grado máximo; condenado como coautor de los delitos de secuestro calificado en las personas de don Fernando Alfredo Navarro Allendes y de Héctor Véliz Ramírez, a la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio; condenado como autor de los delitos de secuestro simple en las personas de don Juan Fernando Ortiz Letelier, don Horacio Cepeda Marinkovic y don Lincoyán Yalú Berríos Cataldo, a la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio. Condenado a 10 años de presidio por el secuestro calificado de Marta Ugarte Román.

Juan Dionisio Opazo Vera (exconscripto), sentenciado como coautor de 38 homicidios calificados a la pena de 10 años y un día, en el Caso Paine, Episodio Principal.

Juan Renán Jara Quintana (oficial del Ejército), Condenados como coautor de los secuestros calificados y homicidios calificados de Víctor Jara Martínez y Littré Quiroga Carvajal. Se impuso una pena de 10 años y un día por los secuestros y de 15 años de presidio por los homicidios.

Por su parte, Francisco Bustos, abogado del Estudio Caucoto Abogados, analiza dos dimensiones de
este fenómeno. En primer lugar, el Estado Chileno y en particular el Poder Judicial, ha cumplido con su obligación de investigar, juzgar y sancionar crímenes contra la humanidad, y por esta misma razón se han podido generar diversas sentencias.

Además, agrega que “las agrupaciones de familiares, organizaciones de la sociedad civil como Londres 38 han venido denunciando la existencia de prófugos como forma de impunidad. El hecho que desde que esto se advirtiera haya aumentado el número de evadidos, es indicativo de que el sistema de persecución penal puede tomar más medidas para prevenirlo, especialmente en materia de mejorar el control o imponer medidas cautelares más gravosas”.

Finalmente, Bustos afirma que como querellantes, han solicitado las medidas cautelares correspondientes a cada caso. Haciendo hincapié en que varios de los represores ya están detenidos cumpliendo sus condenas, reafirmando que la fuerzas policiales han hecho un buen trabajo.

*Los exuniformados y condenados mencionados en esta nota están en calidad de retiro.