La ONU le pide cuentas a Chile

Al término del examen de dos días al que se sometió Chile en Ginebra ante el Comité contra la Discriminación Racial de la ONU finalizado este viernes, uno de los 17 expertos que lo componen, el guatemalteco José Francisco Cali Tzay, le pidió al gobierno que explicara las razones por la muerte de un tiro en la espalda del indígena mapuche Jaime Facundo Mendoza Collio, sucedido el pasado miércoles 12.

Por otra parte, que el caso se encuentre bajo la jurisdicción militar, causó disgusto en varios otros expertos. La doctrina de Naciones Unidas preconiza que las violaciones de los derechos humanos es competencia de tribunales civiles, dejando sólo en manos de magistrados militares los delitos específicos de su profesión, como las faltas a los reglamentos castrenses, o el espionaje y la traición.

En ese contexto, el experto ruso, Alexei Avtonomov, manifestó su inquietud por la aplicación de la ley antiterrorista a los mapuches. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron al Comité una lista de 29 mapuches, procesados por la Ley Antiterrorista, y 34 «prisioneros políticos» encarcelados.

Al mismo tiempo, aprovechando esta comparecencia de Chile en un órgano de la ONU, las ONG presentes en Ginebra redoblaron sus denuncias. «Las políticas racistas y genocidas del gobierno de Michelle Bachelet han cobrado una nueva y valiosa vida de uno de los nuestros, Jaime Facundo Mendoza Collio, muerto por las balas asesinas y cobardes de los agentes del Estado», acusó el indígena mapuche Francisco Vera Millaquen, quien entregó un documento a este Comité, firmado por la Mesa de Trabajo por los Derechos Colectivos de los Mapuches.

«En esta larga lucha por la recuperación de nuestro territorio ancestral usurpado a fuego de metralla por el propio Estado, han herido de bala también a Juan Carlos Curinao Rucal, de la comunidad Huañaco Millao de la comuna de Ercilla», agrega el documento, suscrito así mismo por otros dirigentes mapuches que acudieron a Ginebra.

«Los disparos fueron hechos por un efectivo de fuerzas especiales, quienes desde hace meses se encuentran en la zona en que se concentran los conflictos de tierras que involucran a propietarios particulares y comunidades mapuche», agregó Blaise Pantel, del Observatorio Ciudadano, que reúne a otras cuatro ONG, entre ellas Amnistía Internacional (AI).

«Recordemos que Alex Lemun en el 2002, José Domingo Collihuinca en el 2006, y Matías Catrileo en 2008, han muerto como consecuencia de la acción represiva de la policía de Carabineros», añadió Blaise Pantel, que elevó al Comité documentación del Observatorio Ciudadano.

«Condenamos el uso de la violencia como mecanismo para abordar los conflictos interétnicos de larga data que existen en Chile, en particular aquellos vinculados a la propiedad de la tierra», sostiene el documento Blaise Pantel.

Las ONG informaron a la ONU que hay en Chile alrededor de un millón de mapuches, quienes mayoritariamente habitan zonas rurales, ocupando 15% del territorio nacional, de una densidad mayor que otras regiones del país.

Eso provoca que «cualquier intervención dentro de una comunidad mapuche impactará a muchas más personas» que en otros lugares de la geografía nacional, como el caso de los vertederos de residuos, indicó Manel Curilen, vocero de un grupo de ONG que han presentado una denuncia por «racismo ambiental» ante este Comité contra el Estado chileno.

«Han instalado 26 vertederos, 13 de ellos dentro y cuatro aledaños a comunidades mapuches, con 9 mil 220 toneladas de residuos, afectando a 3 mil persona que allí viven», precisó Manuel Curilen, representante de las Comunidades Mapuches en Conflictos Ambientales, quien distribuyó un documento a los miembros del Comité.

Manuel Curilen se quejó también de la instalación de aguas servidas en territorios mapuches, muchas de ellas sin el consentimiento de los indígenas, «y la mayoría de las veces sin previo aviso».

«El gobierno criminaliza la lucha de los mapuches», planteó Flor Rayen Calfumao Paillalef, quien tiene en trámite otra denuncia ante este Comité por «discriminación judicial», debido a que los mapuches son tratados de manera mucho más coercitiva que los demás habitantes del país en cuanto a la aplicación de la legislación vigente.

Los 17 expertos independientes que integran este Comité vigilan el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, tomándoles exámenes periódicos a los países que la han ratificado, como acaba de ocurrir con Chile. El próximo 28 de agosto emitirán un dictamen de recomendaciones que será de cumplimiento obligatorio para Chile.

Por JUAN GASPARINI

Proceso