Por Nicole Ignacia Molina Alarcón
Quedan 100 días para las elecciones de gobiernos locales en Chile -municipios- y es importante visibilizar que la participación de mujeres en el poder local ha avanzado a un ritmo demasiado lento: el promedio de mujeres alcaldesas electas en Latinoamérica y el Caribe se sitúa en el 15,4%, mientras que Chile supera el promedio, pero sólo llega a un 17%, lo que demuestra que los hombres concentran el poder en las instancias de decisión a nivel local.
A 2020 sólo un 13% de las mujeres chilenas consideraba postular a un cargo de representación política y un 73% de estas creía que los partidos políticos chilenos no hacían lo suficiente para incorporar a más mujeres en política. Las principales barreras observadas eran el desinterés de los partidos por incorporar a más mujeres (78%), la falta de disponibilidad horaria por labores de cuidado y domésticas (28%), la falta de interés de las mujeres (26%) y la falta de recursos económicos (20%).
Asimismo, se observa que las mujeres sienten que en un 81% las personas que ocupan cargos de elección popular no se esfuerzan lo suficiente en avanzar en la agenda de derechos de las mujeres e incorporación de la perspectiva de género. A pesar de lo cual se observa una alta tasa de desafección política, es decir, a la falta de confianza en los procesos políticos, un 52% de las mujeres chilenas no se identifican con alguna posición política y sólo un 9% son o han sido militantes de un partido político.
A 2024 la representación de las mujeres sigue siendo insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones de Chile y del mundo. Por tanto, a pesar de las cuotas establecidas, la paridad de género en la política está lejos de ser alcanzada, siendo necesario avanzar en la profundización de las democracias y la democratización de los regímenes políticos, socioeconómicos y culturales.
Entre las estructuras institucionales, sociales y culturales que persisten y restringen el acceso de las mujeres a la vida política se encuentra la violencia contra las mujeres por razón de género en la vida política (VCMP), que corresponde a la violencia física, sexual, simbólica, sicológica, económica o patrimonial que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, así como también los obstáculos e impedimentos en el acceso al ejercicio de estos.
En cuanto a lo que la VCMP refiere nos encontramos frente a un “elefante en la habitación”, expresión metafórica que hace referencia a una verdad evidente que es ignorada y que nadie quiere discutir: es imposible pasar por alto la presencia de un elefante en una habitación, pero las personas evitan el problema que implica. Sin embargo, la propia presencia de una situación tan grande se vuelve incómoda para todas y todos. No se puede pasar por alto que no se está cumpliendo en Chile con el derecho de las mujeres a una vida libre de todo tipo de violencia si la VCMP no se toma en cuenta y deja a las mujeres como ciudadanas políticamente incorrectas en las disputas de poder.
Es necesario que los partidos políticos en Chile cuenten con medidas que sancionen explícitamente la VCMP, desarrollando acciones para prevenirla: estableciendo medidas de protección a la víctima, medidas sancionatorias a la persona agresora, así como también medidas de reparación integral y no repetición, mediante la creación de protocolos y medidas de atención integral al interior de las organizaciones políticas, con el objetivo de que se generen espacios seguros a la interna que permitan la participación activa y la permanencia de las mujeres en ellas, y que de alguna forma esto conlleve a lograr disputar y ganar espacios de poder en el ámbito local.
Lograr la paridad en la distribución del poder constituye un pilar central para generar las condiciones tales que permitan el ejercicio pleno de los derechos humanos y la ciudadanía de las mujeres. De esta forma, de presentarse una reducida cantidad de mujeres candidatas para alcaldesas se generará nuevamente un déficit democrático, aspecto a evaluar en las candidaturas a octubre de 2024.
Por Nicole Ignacia Molina Alarcón
Ingeniera comercial y Magister en políticas públicas. Docente de Economía en la Universidad de Playa Ancha.
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