Casos ProCultura y Tren de Aragua: El desafío del fiscal Patricio Cooper

Desde junio pasado el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper Mont, se encuentra en el centro de la atención pública, luego de que el jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, ordenara que asumiera el liderazgo de dos investigaciones penales de gran envergadura. La primera relacionada con el caso del Tren de Aragua y la segunda concerniente a los convenios de organismos del Estado con la Fundación ProCultura.

El persecutor es abogado egresado de la Universidad Diego Portales, el año 2000 ingresó al Ministerio Público y ha trabajado en las jurisdicciones Loncoche, Viña del Mar, Independencia y Recoleta.

Entre 2004 y 2010 fue fiscal especializado en delitos sexuales y violentos de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, y fiscal adjunto jefe en Santiago Poniente, destaca el sitio web de la Fiscalía.

En febrero de este año asumió como fiscal regional de Coquimbo y en enero pasado cuarto en el propio Fiscal Nacional Ángel Valencia le encomendó liderar la investigación sobre el Tren de Aragua en la comuna de Los Vilos, a raíz de la polémica excarcelación de cinco integrantes por parte del Juzgado de Garantía local.

Cabe recordar que tras la connotación pública que gatilló la decisión del tribunal, se inició una investigación penal en contra de Luis Soto Muñoz, abogado asistente de la Fiscalía de dicha comuna.

El jurista fue desvinculado luego del episodio que protagonizó en una audiencia de revisión de medidas cautelares en el tribunal de Los Vilos, cuando evidenció no tener los antecedentes necesarios para oponerse a los argumentos de los defensores de cinco integrantes de la peligrosa organización criminal , acusados de secuestro, asociación ilícita y robo con intimidación.

Esto exasperó a la jueza de garantía, Daniella Pinto, quien se refirió a la situación varias veces, asegurando que informaría de ello al fiscal jefe, calificando la situación de “impresentable”.

Debido a la ausencia de antecedentes, la magistrada debió acoger los planteamientos de las cinco defensas, quienes pedían levantar la prisión preventiva de sus representados, a cambio de medidas cautelares de menor intensidad y el pago de una fianza de 5 millones de pesos – los que pagaron en efectivo – por lo cual quedaron en libertad. 

Desde la fiscalía de Atacama afirmaron que la investigación sigue en desarrollo, por lo que se evitarán hacer comentarios por los medios. La misma situación declararon desde la fiscalía regional, en la que el persecutor regional, Patricio Cooper, es el encargado de seguir con el caso, consignó Diario El Día.

Ante este escenario, varias fuentes del Ministerio Público criticaron la labor del fiscal Cooper, cuestionando que no reasignara esa causa a tiempo, sacándola de la Fiscalía Local e inyectándole recursos acordes al tamaño del problema.

“Eso dice mucho del liderazgo de un fiscal para armar equipos”, indicaron a El Mostrador.

 Fiscal Cooper lidera investigación sobre convenios de ProCultura

El pasado 27 de junio, ​el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, decidió reasignar la investigación del caso relacionado con la Fundación Procultura al fiscal Patricio Cooper Monti, quien encabeza la Fiscalía Regional de Coquimbo.

Esta decisión marcó un cambio significativo en el curso de las investigaciones, que hasta ahora estaban bajo la jurisdicción de la Fiscalía Regional de Aysén, dirigida por el fiscal Carlos Palma, quien quedó fuera de las indagaciones tras revelarse un comprometedor pantallazo del teléfono del abogado Luis Hermosilla.

El persecutor terminó salpicado e investigado por presunto tráfico de influencias luego de que Ciper revelara una conversación entre el fiscal y Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en que este ofrecía financiar un doctorado y gestionar su nombramiento como fiscal metropolitano Centro Norte.

Tras la decisión del Fiscal Nacional, Cooper tener quedó con la responsabilidad de desenmarañar la compleja relación del Estado con fundaciones privadas y llevar a cabo la pesquisas sobre la Fundación Procultura han involucrado a múltiples regiones del país, incluyendo Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes, las cuales habían sido coordinadas desde Aysén.

En concreto, el fiscal Patricio Cooper Monti quedó la facultad de designar fiscales adjuntos en cada región según lo considere necesario para avanzar en la investigación y en la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso de interés nacional.

¿Qué pasó con las indagatorias de la arista ProCultura?

Sin embargo, según consignó El Mostrador, la reasignación de esta causa generó la paralización de las diligencias; en especial sobre la arista más relevante del caso Fundaciones –relativa a los millonarios convenios celebrados entre instituciones del Estado y la fundación ProCultura, que dirigía el psiquiatra Alberto Larraín, «las cuales se detuvieran bruscamente, justo en el momento en que la indagatoria se acercaba al centro del poder, la Región Metropolitana (RM), tras consecutivos allanamientos a los gobiernos regionales más importantes del país y otras reparticiones públicas».

De hecho, a meses de iniciada la investigación en contra de ProCultura, la arista continúa sin ningún formalizado.

Cabe recordar que de las 50 fundaciones investigadas en el marco del Caso Convenios que estalló en julio de 2023, ProCultura es de las que más revuelo ha causado, en parte, por la cantidad de actores involucrados en las millonarias transferencias desde diferentes reparticiones gubernamentales.

Las indagatorias apuntan en particular a los gobiernos regionales de cinco regiones: Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Aysén y Magallanes. Sin embargo, podrían sumarse también Ñuble y la Región Metropolitana.

Tras el levantamiento del secreto bancario de la cuenta de empresa de ProCultura, se pudo detectar transacciones sospechosas a las cuentas personales de Larraín Salas por $77 millones y a la cuenta de la representante legal, la actriz María Constanza Gómez Cruz, por $33 millones.

Asimismo, las indagatorias revelaron que los convenios sospechosos estaban en las regiones de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Magallanes y la Metropolitana. La sumatoria de los fondos cuestionables se ubica en $5 mil 866 millones, distribuidos de la siguiente forma: Antofagasta: $ 1.174.815.000; Atacama: $171.796.000; Valparaíso: $289.903.378; Ñuble: $268.100.000; Biobío: $1.726.585.000; Magallanes: $ 551.690.000; y la Región Metropolitana: $1.683.788.000.

Ante este escenario, el desafío del fiscal Cooper es impulsar el desarrollo de las investigaciones, para poder formalizar a los responsables de los hechos de corrupción.

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