“El chivo expiatorio”: Reflexiones sobre migración, delincuencia y el rol del Estado

En todo este escenario, donde existiese una supuesta estrecha relación entre los niveles de criminalidad actual con el aumento explosivo de la migración durante los últimos años, a la luz de los datos no pareciera ser tal.

Wari

22/07/2024 8:23pm

Por Diego Durán Toledo [1]

A raíz de los hechos de violencia ocurridos durante la última semana, que han causado gran conmoción a nivel nacional, no solo se ha reavivado la creciente y sostenida problemática de inseguridad que se viene arrastrando hace algunos años, sino que también el discurso de distintos sectores políticos, que han apuntado como “chivo expiatorio” las oleadas migratorias que han ocurrido durante los últimos años como un factor relevante para la configuración del actual escenario de crisis.

En este sentido, y en un hecho sin precedente en la historia democrática del país desde 1990, hay integrantes de poderes del Estado que han fomentado un discurso de “xenofobia institucional”, proponiendo por ejemplo la limitación del derecho humano a la inmigración (Art. 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948), tal como es el caso del proyecto de ley de parlamentarios de oposición, respecto a la suspensión de ingresos temporales por seis meses, permisos de ingreso sujeto a contratos de trabajos, visados estudiantiles y permanencia definitiva para ciudadanos de 13 países (entre ellos obviamente Venezuela, que es la comunidad actual más importante de extranjeros residentes en Chile), argumentando que el origen de este proyecto de ley radica en la situación de criminalidad actual a nivel país y condicionando inclusive la extensión de la vigencia de dicha imposibilidad de ingreso, a una reducción de niveles de determinados delitos cometidos por los connacionales de dichas naciones.

En esta misma línea, autoridades especialmente del Ministerio del Interior, en un intento de aminorar el nivel de las críticas hacia su gestión en materia de seguridad, en sus distintos puntos de prensa han sido particularmente elocuentes en recalcar las nacionalidades de los involucrados, fomentando un discurso estatal en el cual se ha vinculado estrechamente al crimen organizado y sujetos de nacionalidad extranjera.

Cabe destacar que la academia ha desarrollado distintas teorías respecto a este fenómeno de relación entre la migración y al delincuencia, por ejemplo Stumpf (2006) ha acuñado el término “crimmigration” (crimigración en español), que es la contracción de palabras en español de crimen y migración, en la cual se pareciera avizorar la política futura del Estado chileno, ya que según dicha autora, este concepto abarca la creación y aplicación de normas jurídicas que refuerzan la deportabilidad de las personas extranjeras que cometen delitos, como asimismo la puesta en marcha de políticas que vinculan estrechamente el control de fronteras con el sistema penal. Algo que a todas luces pareciera ser el espíritu de los poderes del Estado.

Efectivamente, la presencia del crimen organizado extranjero, como es el caso del “Tren de Aragua” ha impactado principalmente en el cariz de los delitos cometidos, algunos de ellos ajenos a la historia delictual chilena, como es el caso de la extorsión (que, en el año 2023, fue tipificado en el ordenamiento legal nacional), por citar solo un ejemplo.

Sin embargo, a nivel de cifras, según un reportaje del medio digital “The Clinic” y en base a datos del Ministerio Público, a marzo de 2023 un 9,2% de los formalizados por delitos eran extranjeros, cifra que es proporcional a las proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (2021), según el cual, a diciembre de 2022, la población extranjera representaba un 8,19% (1.625.074 personas) de la población total proyectada a nivel nacional (19.828.563 habitantes).

A su vez, según un estudio de migración y delincuencia en Chile efectuado por Ajzenman, Domínguez y Undurraga (2020), se concluye que hay una asimetría importante entre la relación de impacto significativo entre migración y percepción de inseguridad, pero nulo efecto en la victimización.

Ahora bien, suponiendo que los datos antes señalados no fuesen relevantes a la hora de descartar la tesis de la relación entre migración masiva y delincuencia, y en el supuesto de aceptar ésta como válida, ¿qué nos dice la experiencia comparada respecto al endurecimiento de la política migratoria y la reducción de los índices delincuencia?

Veamos algunos ejemplos en la materia.

La política de «tolerancia cero» de la administración Trump ante la migración irregular o ilegal, motivada entre otros elementos por el convencimiento del ex presidente norteamericano de una estrecha relación entre la criminalidad y la migración en la frontera mexicana estadounidense, no generó evidencias claras de que tuviera un impacto significativo en los índices generales de delincuencia en Estados Unidos, en base a las estadísticas del FBI durante su administración.

Otro caso es el de Italia, ya que con la administración de Matteo Salvini, que implementó una política migratoria más estricta, argumentando entre otros elementos la estrecha relación entre migración irregular y/o masiva, especialmente de migrantes africanos y la criminalidad en dicha nación. Sin embargo, las estadísticas oficiales sobre criminalidad en Italia no muestran una correlación directa entre las políticas migratorias de Salvini y una reducción significativa en los índices de criminalidad en el país.

Al parecer, esta intención del Estado chileno y sus respectivos poderes, de vincular la migración con la crisis de criminalidad no se sustentaría tanto en los datos que respalden esta causa, como tampoco en casos comparados que respalden el efecto de una política migratoria más restrictiva en pos de una sociedad más segura.

Quizás, en realidad los poderes del Estado buscan un “chivo expiatorio” en un otro ajeno (en este caso el extranjero migrante de origen latinoamericano) a su sociedad, como una forma de soslayar los problemas en las políticas públicas de seguridad, como la escasa preparación de sus policías ante nuevas formas de crimen organizado, el débil sistema de inteligencia policial que permita desarticular organizaciones delictuales, la escasa capacidad de las distintas fuerzas políticas para avanzar en proyectos de ley de seguridad, la oposición de ciertos sectores en avanzar en medidas para seguir “la ruta del dinero” de organizaciones criminales, el abandono del Estado en ciertos sectores geográficos y/o sociales donde el narcotráfico se ha erigido como la ley de facto, entre otros muchos elementos.

Quizás y solo quizás, el rol del Estado de Chile debería estar enfocado en los cambios estructurales de sus políticas de seguridad pública para combatir a los antisociales, más que apelar a una solución respecto a un grupo humano determinado.

Por Diego Durán Toledo

Referencias

Ajzenman, N; Domínguez, P & Undurraga, R (2020) “Immigration, Crime, and Crime (Mis)Perceptions”

Instituto Nacional de Estadísticas (2021) “Demografía y proyecciones de población”

Stumpf, Juliet (2006) “The Crimmigration crisis: Immigrants, crime, and sovereign power”. American University Law Review, vol. 56, Nº 2, pp. 367-419.

The Clinic, edición digital del 1 de mayo de 2023 “Delitos en Chile: un 9,2% de los formalizados entre enero de 2022 y marzo de 2023 son extranjeros”.

[1] Académico universitario y miembro del Grupo de Investigación Unidad de Análisis del Rol del Estado de Chile (UA-RECHI) de la Universidad Autónoma de Chile. Magíster en Gobierno y Gerencia Pública, Administrador Público y Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Chile.