Organizaciones ambientales exigen término de evaluación de proyecto que amenaza humedal en Chile Chico

Organizaciones ambientales exigen el término anticipado de la evaluación de un proyecto que “regulariza” drenaje ilegal y amenaza al humedal La Puntilla, localizado en la desembocadura del río Jeinimeni, en Chile Chico.

En concreto, la Agrupación Ambiental y Sociocultural Antukulef junto a la Fundación Raíces de Calafate presentaron un requerimiento ante el Servicio de Evaluación Ambiental solicitando que se exija un Estudio de Impacto Ambiental y no sólo declaración a la iniciativa, que es la figura escogida por la empresa Patagonia Ridge SpA.

De acuerdo con el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del  proyecto que busca “regularizar” la intervención del humedal La Puntilla, fue ingresada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) duarmte el pasado mes de junio.

La DIA fue impulsada por Patagonia Ridge SpA, representada por los abogados José Sánchez Drouilly y Gerardo Arellano López. Sin embargo, la sociedad conformada en 2017en Santiago, es controlada por Francisco Galleguillos Estay, cuya familia a su vez es propietaria de la Sociedad Exportadora Patagonia Cherries, que se encarga de la de comercialización de cerezas.

El cuestionado proyecto apunta a “la implementación de un sistema de drenaje con el fin de desarrollar obras orientadas a dar salida y corriente a las aguas muertas o a la excesiva humedad del terreno, por medio de canales tipo zanjas”. Esto con la finalidad de establecer una plantación de cerezos (cerezas de exportación) en el mismo predio, para luego cultivar la plantación, «lo que es una actividad económica frutícola habitual y de gran desarrollo en la zona de Chile Chico».

¿Producción de cerezas o desarrollo inmobiliario?

Aunque el objetivo del proyecto apunta al cultivo y producción de cerezas, la DIA fue presentada como una forma de cumplir el dictamen de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) del 20 de octubre de 2021 mediante el cual se requirió a Patagonia Ridge SpA ingresar las obras de drenaje que desarrolló en La Puntilla entre 2019 y 2020.

Cabe destacar que durante la fiscalización del organismo se constató que en la misma área se se habñia llevado a cabo una parcelación de 24 lotes bajo el nombre de Costanera del Lago, los cuales habñían sido comercializados por Anfruns Propiedades y Aescala Patagonia.

De hecho, en el expediente de unidades fiscalizables de la SMA aparece el proyecto bajo la categoría de iniciativas de “vivienda e inmobiliarios”.

Según consignó, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, la denuncia original fue interpuesta por particulares ante la SMA en junio de 2020 por “actividades de relleno de humedal y construcción de un condominio, en la desembocadura del río Jeinimeni”.

En el mismo mes, la Municipalidad de Chile Chico hizo lo propio por estarse “secando un predio de 48,05 hectáreas en la zona de mallín patagónico, para fines inmobiliarios” y por la “construcción de un cercado fuera de normativa dada la proximidad al borde del Lago General Carrera”.

Luego de haber transcurrido un año de investigaciones, la SMA concluyó que el proyecto de Patagonia Ridge SpA “se encontraría dentro de la causal de ingreso al SEIA de la letra a.2.4 del artículo 3° del RSEIA, ya que consiste en un proyecto que incluye obras de drenaje o desecación de un cuerpo de agua superficial que cumple con los requisitos de la citada tipología”.

El organismo constató que tales obras contaron inicialmente con financiamiento de la Comisión Nacional de Riego (CNR) por UF 1.250,55 (unos $ 50 millones al los cálculos actuales), y fueron respaldadas por el subsecretario de Medio Ambiente del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Javier Naranjo, quien en agosto de 2021 “descartó daño ambiental” al humedal La Puntilla, producto del drenaje de éste.

La empresa recurrió al Tribunal Ambiental de Valdivia impugnando la decisión de la SMA, pero en octubre de 2023 la justicia le dio la razón a la entidad fiscalizador.

En última instancia, durante el pasado mes de marzo, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación presentado por la empresa en contra del dictamen del tribunal especializado.

Cabe resaltar que la sociedad ha ingresado un total de tres proyectos con la intención de cumplir con lo resuelto por la Superintendencia del Medio Ambiente, procedimiento donde en una última resolución exigió como fecha máxima de ingreso a evaluación mayo de 2023 en el caso de DIA y febrero de 2024 en el caso del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Sin embargo, las iniciativas previas (todas DIA), que fueron presentadas en agosto de 2023, así como en mayo de este año, fueron declaradas inadmisibles.

Agrupaciones exigen término anticipado de la evaluación

Ante este escenario, desde la Agrupación Ambiental y Sociocultural Antukulef y la Fundación Raíces de Calafate decidieron ingresar un requerimiento ante el SEA para que “disponga el término anticipado de la evaluación tanto por carecer su DIA de información relevante y esencial insubsanable mediante adenda como por resultar indubitado que debió ingresar al SEIA por medio de un Estudio de Impacto Ambiental”.

La irregularidad en las obras ejecutadas ha quedado en evidencia no solo porque es un humedal catastrado en el inventario del Ministerio del Medio Ambiente, sino también porque se encentra dentro del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad “Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara” y de la Zona de Interés Turístico Chelenko, lsa cuales son considerados áreas bajo protección oficial para efectos del SEIA.

“Hace años atrás hubo daño al sector producto de un drenaje financiado por la CNR para esta plantación de cerezos, lo que obviamente impactó el humedal de La Puntilla. El sentir de la comunidad, y de nuestra organización principalmente, es que acá las cosas partieron al revés», afirmó Corina Ainol Oliva, presidenta de la Agrupación Ambiental y Sociocultural Antukulef.

«La empresa ya generó un daño, incluso asociado a esto apareció un proyecto de loteo en el mismo sector del humedal y fue algo que evidenció la misma comunidad en el año 2020», destacó.

Planteó, que desde la agrupación quieren resaltar la importancia que tienen los humedales, la necesidad de su protección por lo vital que son para el rol ecosistémico, además que es un lugar vital para el turismo local.

«Hay muchos prestadores que hasta la fecha siguen haciendo una puesta en valor de ese espacio. Además está en la memoria de la localidad, las familias de Chile Chico se sienten vinculadas al humedal, hay generaciones que hicieron educación ambiental allí y que lo siguen haciendo hasta la fecha», dijo.

“Como organización consideramos que es necesario de mantener un rol activo de la comunidad en la participación, en poder incidir en este tipo de proyectos que nos afectan negativamente en la comuna” concluyó Ainol.

Por su parte, Natalia Tapia Verdejo, presidenta de la Fundación Raíces de Calafate, expresó que para ellos es muy importante el término anticipado del proyecto, principalmente porque con todos los antecedentes que se han presentado, se puede concluir que «amenaza el ecosistema del humedal y todas las especies que interactúan ahí, incluyéndonos a nosotros, especialmente para nuestros estudiantes y pobladores que sabemos de su existencia».

“Los ciudadanos tenemos derecho a manifestar nuestras decisiones y apreciaciones con relación a un proyecto que fue iniciado de manera arbitraria y silenciosa. El humedal hoy en día nos enseña su capacidad de resiliencia y es nuestro deber como fundadoras protegerlo” puntualizó.

Durante los últimos días un conjunto de organismos evaluadores han ingresado sus informes a la plataforma del SEIA, varios de los cuales han planteado la necesidad de que se exija Estudio de Impacto Ambiental y también término anticipado, como es el caso del Servicio Agrícola Ganadero.

Por su parte, la seremi de Medio Ambiente asdirtió que “el drenaje del humedal Jeinimeni altera las condiciones naturales del ecosistema y los criterios que lo definen como tal, como son el régimen permanente de humedad, suelos saturados y presencia de vegetación hidrófila, lo anterior asociado al drenaje, canalización del agua, generando por ende cambios en su estructura y composición, como así también alterando su funcionamiento a su régimen y mantención de la conectividad hidrológica”.

La Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén ha venido desarrollando un conjunto de acciones de protección del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad “Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara”, haciendo diferente a los diversos intentos de intervención por parte de la Minera Cerro Bayo.

También ha impulsado el reconocimiento de la Zona de Interés Turístico Chelenko como área puesta bajo protección oficial.

El presidente de la agrupación, Erwin Sandoval Gallardo, planteó qque a la par del término anticipado y la exigencia de EIA, es necesario que la “Superintendencia del Medio Ambiente inicie un procedimiento sancionatorio.

«El riesgo hoy es que con su inactividad, en el caso de no formular cargos, se habilite que la infracción prescriba en septiembre de este año», dijo.

Planteó que tal y como lo ocurrido con Edelaysén en Los Maquis, “los cargos debieran ser calificados de gravísimos, tanto por ejecutar ilegalmente su proyecto como por incumplir los plazos dispuestos por la SMA para ingresar su proyecto a evaluación en el SEIA”.

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