Historiadores(as) ante violencia policial aplicada al pueblo mapuche

Con dolor e indignación, los historiadores e historiadoras que suscribimos esta declaración, constatamos que la interpelación que le hiciéramos a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en enero de 2008, en torno a acoger las demandas históricas del pueblo mapuche no sólo no ha sido escuchada, sino que, por el contrario, el cerco represivo y mediático se ha intensificado. Prueba de ello es el asesinato el miércoles 12 de agosto del joven comunero mapuche Jaime Mendoza Collío. Queremos, en consecuencia, ratificar ante el pueblo chileno y la comunidad internacional lo señalado hace un año y medio atrás.
1. Rechazamos la militarización del Gulumapu (territorio histórico del pueblo mapuche), la instauración de un régimen permanente de vigilancia y terror policial, el encarcelamiento y procesamiento de comuneros mapuches y el cobarde asesinato de Jaime Mendoza Collío.
2. Consideramos que situaciones de esta naturaleza tienen una larga génesis histórica, que arrancó con el proceso de conquista y ocupación militar de la Araucanía por las huestes españolas en el siglo XVI, cuando empezó el proceso de usurpación de las tierras indígenas. Si bien la resistencia mapuche logró contener durante los siglos coloniales y en las primeras décadas republicanas el avance invasor, durante la
segunda mitad del siglo XIX, a medida que el Estado nacional chileno se consolidaba, nuevamente la clase dominante fijó sus ojos en esos territorios, desplegando la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, que culminó con el despojo violento de las tierras del pueblo mapuche y su confinamiento en reducciones que han perpetuado su pobreza, marginación y discriminación hasta nuestros días.
3. Desde entonces la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras ancestrales no ha cesado aunque se ha manifestado de manera diversa y ha conocido avances y retrocesos según los momentos históricos. Comenzando con la constitución de las primeras organizaciones mapuches (mutualistas y culturales) a comienzos del siglo XX hasta las actuales recuperaciones de tierras, pasando por la participación en
partidos políticos, el levantamiento de Ranquil de 1934 (en alianza con campesinos pobres chilenos) y las “corridas de cerco” de los años de la Reforma Agraria, se puede observar una notable continuidad histórica en las demandas de tierra, justicia y libertad de este pueblo.
4. En los últimos años las reivindicaciones históricas mapuches han sido enfrentadas por el Estado de Chile de manera esencialmente judicial y policial, criminalizando sus luchas y negándose al reconocimiento de su autonomía como pueblo. Esto se ha traducido en una creciente militarización de la Araucanía, la aplicación de la Ley Antiterrorista, heredada de la dictadura militar, y el cerco mediático oficial respecto de la realidad que se vive en ese territorio.

5. Los principales agentes del Estado, al igual que las autoridades regionales y locales de la Araucanía, los partidos políticos representados en el Parlamento, las organizaciones empresariales y la mayoría de los medios de comunicación social han patrocinado o avalado esta ofensiva represiva contra las comunidades
mapuches, guardando un silencio cómplice o deformando groseramente lo que está ocurriendo.
6. Esta situación requiere un drástico cambio de política del Estado de Chile, que debe asumir un reconocimiento pleno de la diversidad de pueblos originarios existente en nuestro país, lo que implica, entre otros puntos, la autonomía política de las comunidades indígenas, la devolución de sus tierras arbitrariamente usurpadas en base al “derecho de Conquista” y el pleno respeto de los Derechos Humanos de sus integrantes.
7. Frente a la justicia de las demandas históricas del pueblo mapuche y teniendo presente el actual escenario represivo que el Estado chileno ha configurado en la Araucanía, manifestamos nuestra más profunda solidaridad con el pueblo mapuche y advertimos a las autoridades de gobierno que la violencia desatada por la policía en la región sólo legitima el derecho a la autodefensa de aquellos históricamente
agredidos.
Santiago de Chile, 19 de agosto de 2009.
Sergio Grez Toso, Universidad de Chile.
Igor Goicovic Donoso, Universidad de Santiago de Chile.
Julio Pinto Vallejos, Universidad de Santiago de Chile.
Jorge Pinto Rodríguez, Universidad de La Frontera (Temuco).
Patrick Puigmail, Universidad de Los Lagos (Osorno).
Milton Godoy Orellana, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, Universidad Diego Portales.
Augusto Samaniego Mesías, Universidad de Santiago de Chile.
Margarita Iglesias Saldaña, Universidad de Chile.
Alberto Díaz Araya, Universidad de Tarapacá (Arica).
Pablo Aravena Núñez, Universidad de Valparaíso.
Alejandra Brito, Universidad de Concepción.
Manuel Loyola, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Pedro Rosas Aravena, Universidad ARCIS.
Luis Corvalán Márquez, Universidad de Valparaíso.
Nelson Castro, Universidad de Valparaíso.
Sergio Caniuqueo Huircapán, Comunidad de Historiadores Mapuche.
Luis Vitale Cometa, Universidad de Chile.
Claudia Videla, Universidad de Chile.
Karen Alfaro Monsalve, Taller de Ciencias Sociales Luis Vitale Cometa (Concepción).
Pablo Artaza Barrios, Universidad de Chile.
Alexis Meza Sánchez, Universidad ARCIS.
Patricio Quiroga Zamora, Universidad de Valparaíso.
Claudio Robles, Universidad Austral de Chile (Valdivia).
Beatriz Areyuna Ibarra, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Mario Valdés Vera, Universidad ARCIS (Concepción).
Leonardo León Solís, Universidad de Chile.
Claudio Pérez Silva, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
César Leyton Robinson, Universidad de Chile.
Manuel Fernández Gaete, Universidad Bolivariana (Los Ángeles).
Ivette Lozoya López, Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
Marcos Fernández Labbé, Universidad Alberto Hurtado.¨