Por Giovanka Luengo Figueroa
En el caso de Eduardo Macaya (72), condenado en primera instancia por abuso sexual infantil, quien pasó por la prisión brevemente pero hoy está en su domicilio a la espera de lo que su defensa pueda hacer para revertir el juicio, ha generado un debate importante. El hijo del condenado, senador y hoy ex presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, salió a cuestionar las pruebas y desacreditar a las víctimas, señalando que fue «grabado en un entorno familiar», «grabado sin su consentimiento» y «con un video que es bastante editado». Esto ha provocado un revuelo y debate público que esperamos marque un antes y un después en estos temas, ya que el maridaje social, político e institucional que rodea el caso ha sacudido a la sociedad chilena.
La defensa pública de un pederasta condenado no solo pone en tela de juicio la integridad de quien declara dicha defensa, su envestidura pública implica a quienes nos representan, de paso siembra dudas sobre la eficacia y ecuanimidad de nuestro sistema judicial. Esto es una afrenta a todos aquellos que han sufrido abusos sexuales, lo cual es inaceptable y evidencia un claro conflicto de interés. Es importante recordar que un senador en su rol legislativo tiene el poder de influir en la elección de ministros de la Corte Suprema, un proceso fundamental para la justicia en Chile (CEP Chile), lo que instala serias dudas sobre la imparcialidad de nuestro sistema. La UDI, partido que Macaya presidía hasta hace unos días, podría ser parte de un próximo gobierno de derecha, por lo que estos cuestionamientos éticos y valóricos le hacen un flaco favor a su coalición y partido, y de paso, han dejado offside a la candidata presidencial del bloque conservador, Evelyn Matthei, quien no se pronunció a tiempo ni con la contundencia que el caso requiere.
Eduardo Macaya Zentilli no comenzó a abusar sexualmente de niñas hace dos o tres años; esta conducta se ha mantenido a lo largo del tiempo. Una de las testigos incluso indicó haber sido tocada inapropiadamente por el abusador cuando era niña y hoy tiene 40 años. A pesar de la gravedad del delito, se le permitió pagar una fianza de 150 millones de pesos para obtener arresto domiciliario durante el juicio. Este monto exorbitante es inalcanzable para la mayoría de los chilenos y es una medida inusual en casos de abuso sexual infantil.
Las lecciones son múltiples en esta trama que está muy lejos de terminar. Por el momento, creemos crucial recordar que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil ocurren dentro del ámbito familiar (Latorre 2023) y que, respecto al tramo etario de las víctimas ingresadas al sistema de justicia penal en 2022, el promedio de edad de las víctimas es de 11 años (Amparo y Justicia 2023). Así, la educación sexual integral en las escuelas es fundamental para proteger a los niños y niñas, permitiéndoles identificar comportamientos inapropiados y denunciar abusos (Unesco). Sin embargo, la derecha chilena, con la UDI como uno de sus representantes, se opone vehementemente a esta educación, perpetuando un sistema que silencia a las víctimas y protege a los agresores.
No podemos permitir que este tipo de injusticias continúen. Es nuestra responsabilidad como sociedad proteger a los niños y niñas y asegurarnos de que quienes abusan de ellos sean castigados adecuadamente, independientemente de su posición social y política. En particular, en tiempos en los que la política se encuentra desprestigiada en nuestro país, es fundamental que los partidos políticos den muestras claras de carácter social, ética y responsabilidad pública. Los niños y niñas no se tocan, y como sociedad, debemos siempre protegerlos y actuar en búsqueda de su bienestar.
Por Giovanka Luengo Figueroa
Trabajadora Social
Secretaría de Disidencias @regionalistas.verdes @regverdes
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