Su apariencia engaña. Menuda, de voz suave y sonrisa dulce, grandes anteojos, podría pasar como una estudiante matea más. Pero la verdad es que Francesca Lessa, profesora asociada de relaciones internacionales de las Américas en University College London (UCL), en el Reino Unido, es una mujer testaruda, casi obsesiva. De merengue por fuera, acero inoxidable por dentro. Ambiciosa, de alto vuelo, como el cóndor.
Exdocente e investigadora en la Universidad de Oxford, lleva más de una década en los mismos asuntos: especialista en Plan Cóndor, justicia de transición, impunidad, y derechos humanos en América del Sur.
Su libro Los Juicios del Cóndor –se presentó en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago el 2 de julio pasado- ha recibido numerosos premios internacionales. Fue publicado en inglés el 2022 y traducido al español e italiano. La editorial Penguin Random House lo publicó en Uruguay. Aparte de lo novedoso de los juicios, el libro señala a Cóndor como una instancia de represión transnacional y rastrea todas las iniciativas de denuncia desde 1976. La autora creó la primera base de datos que contiene los casos de 805 víctimas de la coordinación represiva entre 1969 y 1981 en Sudamérica. Entre 2014 y 2018 efectuó una extensa investigación de campo en Sudamérica y consultó doce archivos estatales y de ONGs en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.
La investigación de Lessa duró ocho años y tuvo dos objetivos: averiguar cómo las dictaduras de ocho países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) coordinaron sus políticas represivas en la década del 70 y 80, más allá de las fronteras. Y, dos, mapear los juicios que se han efectuado para investigar estos delitos.
Cóndor fue un plan meticuloso, pensado en cada detalle. Los represores llevaron a cabo una tarea colectiva de exterminio a todos aquellos considerados enemigos, terroristas, subversivos para la patria y la región. América del Sur se tiñó de sangre y la barbarie se esparció como enredadera, con total impunidad. Surgió de una colaboración gradual y creciente hasta consolidarse a fines de 1975 con el silencio de las dictaduras y la complicidad de una justicia perversa. En el Archivo del Terror -encontrado en diciembre de 1992- se encontraron más de 700 mil hojas de documentos de la dictadura de Stroessner en Paraguay. Había material valioso sobre algunas víctimas del plan y, por ejemplo, se encontró la invitación que el jefe la DINA, Manuel Contreras, envió en octubre de 1975 a la reunión fundacional de la red en Santiago, junto con la agenda.
Las dictaduras suramericanas secuestraron, torturaron, y asesinaron a miles y a cientos de exiliados, o los devolvieron a la fuerza a los países de los que habían huido. Las policías secretas compartieron información y trasladaron a sus detenidos de un país a otro, amparados por el pacto de silencio entre los autores que nunca se ha quebrantado. Ninguno de ellos ha mostrado un asomo de arrepentimiento.
Se registra un elevadísimo nivel de persecución especialmente entre 1976 y 1978, en lo que se considera como el momento peak del llamado “Sistema Cóndor”, que alcanzó 487 víctimas. Entre marzo y diciembre de 1976 cayeron 249 personas (la mayoría de ellas en Buenos Aires y sus alrededores).
Entre las conclusiones de la investigación se determina que el 48 por ciento de las víctimas eran uruguayas, 24 por ciento argentinas y 14 por ciento chilenas (hay 115 chilenos caídos). Argentina fue el país donde la coordinación represiva actuó con más intensidad -el 70 por ciento de las víctimas cayeron en ese país-, los uruguayos fueron los más perseguidos, pero hay muy pocas condenas. El blanco principal fueron los militantes de partidos y agrupaciones políticas. Cientos fueron eliminados en secreto, algunos de ellos arrojados al mar desde aviones o helicópteros después de ser amarrados, encadenados a bloques de concreto o drogados para que apenas pudieran moverse. Los “vuelos de la muerte” sucedían los miércoles.
Hace unas semanas la prensa informó del hallazgo de un avión, abandonado en el aeropuerto de Melilla en Montevideo. Había pertenecido al almirante Emilio Massera. Nadie lo había buscado. Lo encontró el artista uruguayo Sebastián Santana, colaborador del proyecto Plan Cóndor, impulsado por la Universidad de Oxford. En mayo de 1977, en ese avión fueron trasladados clandestinamente los argentinos Alejandro Logoluso, José Nell, Marta Landi y los uruguayos Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana. Todos ellos desaparecidos.
“Muy pocas personas sabían de este plan”, advierte Lessa. “Al igual que la represión a nivel nacional, la maquinaria del terror transnacional fue clandestina. Con muy pocas excepciones, como el informe final de la CONADEP argentina de 1984, no se investigó de manera oficial por mucho tiempo lo que había sido esa coordinación represiva.” La principal tarea de revelar los delitos de Cóndor recayó en los hombros de los sobrevivientes, familiares, activistas, periodistas e investigadores. Las denuncias comenzaron a surgir ya en 1976, cuando ni siquiera se conocía el nombre de esta operación.
En la madrugada del 16 de julio de 1976, mi hermana María Cecilia Magnet y Guillermo Tamburini fueron sacados violentamente de su domicilio -Avenida Córdoba 3386 Piso 4°, departamento 15- en Buenos Aires, por un comando conjunto del ejército y la policía argentina. Bloquearon la manzana, allanaron la casa y robaron cuanto pudieron. Dejaron los libros. A Cecilia se la llevaron en un auto. Guillermo intentó resistirse; lo mataron a balazos. Su cuerpo quedó tirado en la calle unas cinco horas, hasta que personal de la Policía Federal Argentina lo retiró. El portero fue obligado a limpiar todo para no dejar huellas. Fue amenazado de muerte si hablaba.
En enero de 1999, dado el gran número de querellas que investigaba el ministro Juan Guzmán Tapia en Chile, se determinó separarlas por episodios y de esta manera surge la causa 2182-98 Operación Cóndor. Más adelante se fueron agregando querellas por otras víctimas. Así, en octubre de 2004 se interpuso querella criminal contra Augusto Pinochet por el secuestro y otros delitos en perjuicio de María Cecilia.
El 27 de mayo de 2016, al cierre del juicio Plan Cóndor en Argentina, Humberto José Román Lobaiza (de 89 años) y Felipe Jorge Alespeiti (de 87), fueron los únicos dos imputados en el secuestro y desaparición de mi hermana. El primero fue condenado a 18 años de presidio y, el segundo, a doce. Alespeiti fue juzgado por 107 secuestros y desapariciones. Murió en julio de 2019, mudo, con la piel gris colgando y la mirada vacía.
“Muchos de los responsables ya han muerto”, dice Lessa, y suspira profundo. “Han conseguido una especie de ‘impunidad biológica’.” A dos meses de iniciado el juicio Cóndor en Argentina, en mayo de 2013 murió el dictador Jorge Rafael Videla, acusado exclusivamente de la desaparición de 44 víctimas. Al final, nadie fue condenado por esas desapariciones.
Pero muchos otros han debido enfrentar la justicia. Hay 50 juicios vinculados a Plan Cóndor. El de Argentina fue clave en la búsqueda de la verdad y la justicia y dejó en evidencia la existencia de políticas coordinadas y una doctrina común para reprimir violentamente a los opositores políticos. Al mismo tiempo, el poder prestar testimonio como familiar fue una experiencia reparadora. En Chile, la búsqueda de nuestros desaparecidos ha sido una travesía solitaria. La sociedad civil y los gobiernos democráticos no nos apoyaron como habríamos querido y el “Nunca Más” ha sido más un deseo que un compromiso profundo de los chilenos y chilenas.
El 21 de octubre de 1999 comenzó en Roma el primer juicio contra siete militares argentinos por el asesinato de siete ciudadanos italianos cometidos entre 1976 y 1978 y por el secuestro de un bebé nacido durante la detención ilegal de su madre. El 8 de junio de 2006, en un segundo juicio, se investigaron los asesinatos de tres ciudadanos italianos en la ESMA, entre 1976 y 1977. “Ellos, hitos históricos”, señala, Lessa, “constituyen el crucial telón de fondo de los procedimientos del Juicio Cóndor. Han demostrado que se puede derrumbar la lógica de la impunidad y que los tribunales nacionales pueden investigar eficazmente las atrocidades fronterizas.”
En Argentina, ya se han condenado más de mil personas por violaciones de derechos humanos, cometidas entre 1976 y 1983.
“No creo que se sepa todo, hay mucho más por descubrir, por investigar “, remata Lessa. Pero tenemos un buen conocimiento sobre cómo funcionaba el plan, sus patrones y cómo se armaba la coordinación represiva. En lo particular, nos falta saber el destino de las víctimas.”
Por Odette Magnet
(*) Foto de entrada de Francesca Lessa: Rodrigo Barbano
Columna publicada originalmente el 25 de julio de 2024 en La Nueva Mirada.
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