Asignarle un reconocimiento superlativo a quienes son portadores de un currículo colmado de certificaciones académicas, se ha convertido en una práctica habitual en nuestro país. Hombres y mujeres, generalmente provenientes de sectores acomodados, logran autofinanciar estudios en universidades extranjeras a costos que para cualquier ciudadano normal resultan inalcanzables. Otros, ligados al aparato del Estado y apadrinados por conspicuos políticos, acceden a becas financiadas con recursos públicos, que se hallan vedadas para los hijos de los asalariados.
Este pequeño grupo de élite, sacralizado por la clase política, adquiere poderes al margen de la institucionalidad jurídica vigente y se coloca por encima de las instituciones tradicionales encargadas justamente de dirigir los destinos del Estado. Así, por ejemplo, se ha hecho cada vez más frecuente que distintos poderes del Estado recurran, cada vez que se trata de enfrentar una política pública de envergadura a, “comisiones técnicas”, a veces llamadas “comisión de expertos” o “mesas técnicas”.
Ha ocurrido, por ejemplo, para abordar el tema de la educación y su curriculum.
Generalmente quienes componen estos espacios provienen de centros de estudios que en el pasado validaron la educación de mercado a través del sistema de “voucher en educación”, que sometía a competencia los establecimientos educativos municipales con los particulares financiados parcial o totalmente con recursos del Estado.
El resultado de esta lógica de competencia desenfrenada, por capturar mayor cantidad de alumnos acompañados de sus correspondientes vouchers, despreocupó lo esencial de la educación, el currículo y la entrega y desarrollo de valores de los sujetos educandos, provocando una educación pública destruida por el predominio del negocio.
Recientemente, para el salvataje de las isapres se recurrió a una “comisión de expertos”, cuya experiencia y dominio suponía prescindencia de algún interés ajeno a la salud. Sin embargo, resultó que la comisión estaba integrada mayoritariamente por los defensores de la salud privada.
El resultado era predecible, significó el salvataje millonario de una industria que ha hecho de la salud un negocio completamente espurio, que la deja prisionera, quizá por cuanto años más, de la lógica del negocio en claro detrimento de la salud pública.
En otro ámbito, tan importante como la educación y la salud, están las pensiones.
Estas semanas hizo público su informe la “comisión técnica” por pensiones, instancia coordinada por el representante del Ministerio del Trabajo. Se reunieron durante dos meses y culminaron con el consenso de que las AFP no se tocan, en realidad la capitalización individual no se toca, la esencia del modelo privado de ahorro forzoso continúa.
No solo eso, por consenso concluyeron que la PGU no sea universal y que su monto no alcance la cifra prometida de $250 mil. Es decir, ninguno de los acuerdos a los que arribaron por consenso, resuelven las demandas que la inmensa mayoría reclama.
Conclusión, el negocio de la previsión continúa y los pensionados actuales y los futuros seguirán sufriendo las consecuencias.
Es claro que las mesas técnicas o de expertos responden a las concepciones dominantes en el mundo actual, que bien podemos ubicar en el “paradigma tecnológico”, cuyos promotores, conscientes y a veces no, enfatizan en la idea de que las sociedades humanas deben ser dirigidas por aquellos “que saben”, por aquellos que tienen dominio sobre modelos científicos, respaldados por la creencia de que los grandes problemas a resolver provocados por multiplicidad de factores que afectan a las sociedades actuales, pueden ser resueltos por expertos y especialistas.
Esta tecnocracia surge y adquiere importancia en la misma medida que aumenta la decadencia en la gestión actual de la política, de allí su sacralización de la que son objeto por esa misma clase política.
Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de las comisiones técnicas conformadas en el último tiempo en nuestro país tienen serios conflictos de intereses, representan directamente a los sectores económicos y políticos que han mantenido la hegemonía en el control social y político, por ello se han pronunciado permanentemente a favor de mantener los pilares estructurales del modelo de mercado que opera en nuestro país por más de cuatro décadas.
Las consecuencias de ceder la responsabilidad política en el diseño de políticas públicas es un atentado a la democracia, pues el pueblo no tiene mecanismos para sancionar y/o evaluar el rol que cumplen, pues se hayan fuera de la esfera del escrutinio público; son una suerte de adenda del poder político que cada vez se hacen más frecuentes y recurridos por parte de la clase política.
Pero, ¿quién dio ese mandato? ¿Dónde está regulado este nuevo proceder de la clase política? En ninguna parte. Es una práctica que se impuso desde fuera de la institucionalidad. No es neutra. Responde a intereses claramente del poder económico dominante.
En los hechos, cumplen el rol de confundir, dilatar la demanda social y, quizá lo más relevante, cumplen el rol de desarticuladores de la protesta social o, dicho de otro modo, son guardianes del statu quo.
Una de las más rimbombantes comisiones técnicas, la Comisión Bravo, que en 2015 hizo entrega a la presidenta Bachelet de un informe sobre el diagnóstico del sistema privado de pensiones, nueve años después el informe de poco o nada sirvió.
Si los políticos actuales -congresistas principalmente- y los partidos que están detrás de ellos, que cuentan con recursos considerables y asesores pagados, no son capaces de diagnosticar correctamente y tampoco de formular propuestas de mejoramientos en aquellas materias para las que las mayorías reclaman solución, entonces la decadencia es mayor, y cobra sentido preguntarse: ¿Cuál es el rol que frente a políticas públicas de envergadura juegan cada uno de los políticos, cuyo mandato emana de la voluntad popular y no de centros de estudios u ONG?
El peligro de esta cesión es que se hipoteca el rol público sobre el que están investidos los congresistas y políticos para delegarla al ámbito privado y, al mismo tiempo, desconocen el mandato de quienes los eligieron.
La gravedad es doble. Los grupos de interés privado fijan los bordes y contenidos de la discusión política y la tecnocracia captura la política para fines privados, destruyendo lo público, evidencia que hace años se profundiza y que en octubre de 2019 fue cuestionada intensamente por el pueblo movilizado, y, lejos de provocar cambios, terminó consolidando esa forma cada vez más alejada de la democracia que opera hoy en nuestro país.
Por Luis Mesina
Profesor de historia y activista chileno conocido por ser el vocero de la Coordinadora No más AFP.
Columna publicada originalmente el 3 de agosto de 2024 en SurySur.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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