Chile: El desencanto neoliberal

Por Florencia Lagos Neumann

El 59% de chilenas y chilenos considera que la situación del país ha empeorado en los últimos años, según el “XII Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024 ¿Por qué nos cuesta cambiar?: conducir los cambios para un Desarrollo Humano Sostenible” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El informe evidencia que uno de los factores de esta dificultad tiene que ver con la relación disfuncional entre ciudadanía, élites y movimientos sociales. Un divorcio que comenzó con la dictadura cívico militar al imponer un sistema económico a través de la fuerza que exterminó, persiguió y desapareció a sus adversarios políticos. Protagonistas del proceso de cambios estructurales en la sociedad chilena más avanzados de los últimos tiempos: La Unidad Popular.

Bajo la dictadura de Pinochet el Estado Neoliberal consagrado en la Constitución de 1980, tuvo como propósito esencial excluir todas aquellas expresiones políticas que se propusieran cambios estructurales. Este sistema económico, político y social fue consolidado por los posteriores gobiernos de la Concertación en la década de los 90.

La derecha chilena y algunos partidos de la centro izquierda legitimaron un Estado y modelo de desarrollo concentrador y excluyente. Por una parte, los derechos sociales: educación, salud, vivienda, seguridad social se transformaron en problemas de carácter individual, según el poder adquisitivo de cada cual y regulados por el mercado. Por otra parte, la búsqueda de consenso se transformó en materia de discusión de partidos y parlamentarios, con la más absoluta prescindencia de la sociedad civil. Todo lo cual, inhibe y excluye la participación ciudadana.

En este sentido, según la publicación, la mayoría de la población considera que quienes obstaculizan los acuerdos para resolver los problemas del país son principalmente los liderazgos políticos (67%). Las personas opinan que estos priorizan sus intereses personales (23%), que tienen poca experiencia (20%) que no conocen los problemas de la gente (20%), que privilegian sus ideologías políticas (19%) y que no tienen voluntad para llegar a acuerdos (14%). 

La denominada “clase política” en el país se encuentra severamente desacreditada y cuestionada por la ciudadanía, no sin razón durante el ciclo de protestas en 2019 fueron catalogados como “corruptos, ladrones, mafiosos, y tramposos”. Cabe señalar, que, por ejemplo, el sueldo promedio de un parlamentario es de U$ 8000, más otras asignaciones en transporte movilización y gastos de administración. Ello contrasta fuertemente con un salario promedio de apenas 500 dólares.

Chile tiene uno de los mayores niveles de desigualdad existentes a nivel mundial. La brecha salarial es enorme, mientras un obrero gana cerca de $500.000 al mes, un supervisor o jefe de área puede recibir hasta 10 o 15 veces ese sueldo. Situación muy problemática en un país donde todo se debe pagar: la educación, la salud, la vivienda y el transporte. El sueldo promedio es tan bajo que no es posible efectuar ningún tipo de ahorro, peor aún la compra de insumos básicos, tales como la comida, debe hacerse sobre un sistema de créditos que cobra intereses usureros; lo cual disminuye a la larga el ingreso mensual y convierte dicha deuda en una carga muy pesada para los hogares. El promedio de deudas de un hogar chileno alcanza el 75% de su ingreso disponible, lo que obliga a trabajar sin descanso para pagar las deudas y contraer nuevos créditos. Esto deteriora aún más el ingreso mensual.

Chile es uno de los países más caros a nivel mundial. Los costos del transporte público son altísimos, la educación superior es una de las más caras del planeta, la salud se encuentra privatizada y el presupuesto de la salud pública (que atiende al 80% de la población) es insuficiente. El sistema privado de pensiones ha resultado un engaño, y la mayoría de los jubilados tiene un ingreso por debajo del salario mínimo. Peor aún, en los últimos años se ha tenido conocimiento de una serie de denuncias y procesos judiciales que dan cuenta de la connivencia y corrupción entre la clase política y el poder empresarial.

En síntesis, un sistema económico y político que solo favorece al capital, una élite económica muy poderosa que controla casi toda la economía, el sistema de medios e incide de manera sustancial en la política y la sociedad.

Pese a las decepciones, el Informe del PNUD establece que el 88% de las personas quiere que las cosas cambien en el país. La mayoría que las cosas sean de otro modo, ni como eran antes ni como son ahora (67%).

El Informe destaca que las personas en Chile consideran que los cambios esperados en derechos y protección social han sido insuficientes. Y otros han afectado negativamente sus vidas, como por ejemplo el incremento de delitos violentos. Un 59% de las personas opina que el país se ha deteriorado en los últimos años, solo un 11% cree que ha mejorado. La evaluación negativa de los cambios recientes ha aumentado en la última década: en 2013 solo el 21% opinaba lo mismo.

Una ciudadanía desencantada de los mismos métodos de siempre, sin una solución real frente a sus problemas de fondo: seguridad, pensiones, salud, educación, vivienda, ingresos mínimos para sobrevivir en un sistema hostil y discriminador que no les ofrece oportunidades concretas de desarrollo.

Asumir el diagnóstico real es el punto de partida para tomar las decisiones oportunas frente al momento histórico que enfrentamos. Se debe avanzar hacia un mayor protagonismo de la ciudadanía en los procesos de cambios de la sociedad chilena, una real participación. Se requiere voluntad política para escuchar y realizar las urgentes transformaciones que nuestro país demanda.

Por Florencia Lagos Neumann

Master en Relaciones Internacionales Universidad de La Habana

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