Los orígenes del narcotráfico y el crimen organizado en Chile

Por Ibán de Rementería

En noviembre del 2020, la Universidad Alberto Hurtado hizo pública la encuesta “Chile dice” con los siguientes resultados ante la pregunta: “¿Qué aspectos deberían ser prioritarios en la nueva Constitución?”, acceso a la salud gratuita, de calidad y oportuna 19,9%, educación pública gratuita y de calidad 14,5%, acceso a pensiones dignas 13,3%, nacionalización de los recursos naturales 7,2% y seguridad ciudadana 6,0%. Pero ahora, cuatro años después, todos los estudios muestran a la seguridad ciudadana como la primera prioridad entre los chilenos.

En el proceso de construcción del espectáculo (¹) de la seguridad ciudadana se ha afirmado que el crimen organizado hace su aparición en el país a partir de la introducción aquí de las organizaciones internacionales, particularmente de origen venezolano –el mal viene de afuera-, dentro del proceso migratorio masivo e intensivo debido a la grave crisis económica, social y política que padece Venezuela.

El imaginario del crimen organizado tiene como modelo al narcotráfico que viene de afuera, pero hay suficientes antecedentes para decir que Chile -desde los orígenes de esta actividad ilícita- tiene una participación activa en su desarrollo. Desde la década de los años 50 partes importantes y crecientes de los cultivos de coca de Perú y Bolivia, que producían para el consumo tradicional de mascado y mate, son procesados y convertidos en clorhidrato de cocaína a ser exportados a los mercados del norte de América y Europa. En particular la producción de Bolivia, dado que ese país no tiene salida al mar, su exportación se hace por Chile. Además, la tradición indica que los “químicos” o “cocineros” que sabían hacer los procesos de transformación de la hoja en cocaína eran chilenos; ellos tenían el control tecnológico de esas producciones ilícitas.

En la década de los 70 hay un auge de este mercado ilícito internacional de la cocaína, es la droga del éxito, ya que va aumentando ostensiblemente la demanda con el nuevo sistema económico, social y político que se denomina el neoliberalismo, con el cual se reemplaza el new deal o de la sociedad del bienestar y del Estado benefactor, desde la post guerra en 1945 a la crisis energética y del dólar en 1975. Época a partir de la cual aparecen varios casos de químicos y “burreros” chilenos, la pasta base de cocaína se traía de Bolivia y se procesaba en la zona interior de Valparaíso, donde se convertía en clorhidrato de cocaína, luego se embarcaba en ese puerto a sus destinos internacionales. Sobresalen dos casos emblemáticos que muestran el rol creciente de los chilenos en el tráfico internacional ilícito de cocaína.

Tráfico internacional

Uno fue el de Mario Silva Leyva, el “Cabro Carrera”, (1924-1999) de origen humilde y huérfano se hace delincuente común, con correrías por Argentina, de múltiples y complejas actividades ilícitas, como apuestas clandestinas, en la década de 1960 se inicia en el narcotráfico con destino a Estados Unidos. Tras el golpe de Estado de 1973, fue extraditado a ese país por petición de la DEA, tras tres años de presidio se trasladó a Europa para constituir una red de narcotráfico que abastecía a los Países Bajos e Italia, conectado al cartel de Medellín. Volvió a Chile en los 90, con una fortuna estimada en unos 20 millones de dólares. Tenía múltiples actividades públicas, algunas que implicaron a las autoridades, no obstante, en 1997 es detenido él y sus cómplices con la «operación policial Ana Frank», por los cargos de asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de estupefacientes; fallece en la cárcel en 1999.

El otro caso destacado de narcotráfico es conocido como la Operación Océano que implica al empresario naviero viñamarino Manuel Lozada, de buena familia, que había transportado a Estados Unidos de América en su nave Harbour media tonelada de cocaína para la mafia italiana; es capturado en 1992 y condenado a 10 años de privación de libertad en 1996; liberado en el 2000 y absuelto en 2009. Esa es la tradición del tráfico internacional de drogas a partir del país; el crimen organizado internacional no es ninguna novedad aquí, pero como en todas partes la información es muy opaca, sobre todo por las fuertes implicaciones de las autoridades policiales y judiciales en la facilitación de esas actividades.

Lo cierto es que el crimen organizado se va estructurando para gestionar, financiar y lucrar con la implementación y gestión de la oferta de bienes y servicios que la sociedad demanda pero que el Estado controla o prohíbe, tales como la explotación sexual, el contrabando, la trata de emigrantes, los servicios de seguridad informales, el tráfico de armas, municiones y fuegos artificiales, el tráfico de alcohol, tabaco y drogas, préstamos ilícitos, etcétera, a lo cual se debe agregar ahora la provisión y equipamiento del comercio ambulante o callejero, conocido como “toldos azules”, que ocupa la mayor parte del tercio de la fuerza de trabajo que en el país lo hace por cuenta propia; en breve, el comercio callejero es la mejor solución que la sociedad ha generado para enfrentar el desempleo, eso hoy lo controla el crimen organizado.

Asimismo, se ha establecido el supuesto de que al interior de las cárceles se ha instalado la conducción del crimen organizado, incluso se ha aventurado que esas conducciones criminales prefieren estar al interior de las cárceles, tesis más que dudosa, pero que permite reforzar la ideología popular de que ampliar las cárceles para así sancionar a más delincuentes mejorará la seguridad ciudadana, conocida como la doctrina Bukele. Cierto es que las cárceles están hacinadas, con más de 50.000 privados de libertad; el 22% de esa población está por drogas, el segundo delito que más aporta a los privados de libertad, la mayor parte de ellos por microtráfico; si la mitad de ellos fuesen amnistiados tendríamos nuevos cupos por 5.000 plazas, como las que se proponen con la nueva cárcel de alta seguridad, cuya construcción puede tardar más de un quinquenio.

Delincuencia organizada

Las recientes matanzas de Quilicura, donde son asesinados a balazos cuatro adolescentes que hacían un asado en la plaza, mientras en Lampa durante una fiesta campestre de madrugada –after day – son asesinados cuatro venezolanos y un dominicano, incluida una mujer; hay varios heridos y sospechosos detenidos. En el caso de los adolescentes, hay un sospechoso detenido. Los hechos insinúan ejecuciones por “cuentas pendientes” entre bandas rivales o simplemente ejecuciones por incumplimiento de instrucciones.

Los homicidios habían crecido de 1.695 a 2.914, en más de un 70%, pero han disminuido de 1.330 en 2022 a 1.248 en 2023. Lo cierto es que el 43% de los homicidios son por conflictos intrafamiliares o entre conocidos.

Estos acontecimientos pavorosos para la población obligan al Gobierno a proponer una serie de medidas para controlar la delincuencia organizada en el país, donde destacan: la construcción de una cárcel de alta seguridad para recluir allí a los delincuentes más peligrosos, en especial a los jefes de los carteles del crimen organizado; también, se propone el control de armas de fuego, una vez más, sin indicarse cuál será el tipo e intensidad de tal control de la tenencia y porte de armas

En Gran Bretaña, por ejemplo, a los civiles no les está permitido ni el porte ni la tenencia de armas, con graves sanciones penales para quienes lo hagan. Es recomendable ahora el control de armas continuo en la vía pública, en lugares abiertos a todos y en espectáculos públicos varios, que estén respaldados con sanciones penales gravosas para quienes las tengan o porten, además, de tener un poder disuasivo a su uso, la constatación por parte de la población de que tales controles se están haciendo, tendría el efecto de generar seguridad entre ella, como acontece con el patrullaje vehicular continuo por las calles de las ciudades.

Reparación vicaria

El Gobierno, además, se propone acelerar la aprobación de las leyes que aprueban una nueva institucionalidad de inteligencia contra el crimen organizado, un “sistema de inteligencia del Estado”, así como un nuevo sistema de vigilancia, control y sanción del enriquecimiento ilícito, incluido el fin de la protección al secreto bancario, para controlar el lavado de dinero proveniente del crimen organizado, un “sistema de inteligencia económica”.

Dado que la mayor parte de los delitos, la mitad de ellos, son hurtos, robos con fuerza, robos por sorpresa o con violencia, mientras que la otra mitad son robos de cosas o partes desde los automóviles, y los portonazos y encerronas no llegan al 2%, entonces, los problemas delictuales que más afectan directamente a la población son los delitos comunes con pérdida de bienes, cosa que poco y nada tiene que ver con el crimen organizado. De seguro, la población afectada por esos delitos mayoritariamente se sentiría muy satisfecha y mejor protegida si el Estado hiciera una reparación vicaria a su cargo por los bienes perdidos, dado que el 90% los imputados no se conocen, y si son llevados ante la justicia no tiene capacidad reparatoria civil; la reparación vicaria operaría de la misma manera y con las mismas restricciones como lo hacen los seguros contra robos.

Otras medidas adicionales para intervenir en el miedo de la población a la delincuencia en relación al aumento de los homicidios por encargo serían: 1) Cambiar la actual política de control de drogas con diversas formas lícita de acceso a ellas, como, entre otros, lo hacen en los Países Bajos, Portugal, Alemania, Suiza, Uruguay, México, Colombia y 27 estados de los EEUU -que tiene 50-, para así quitarle el negocio a los narcotraficantes. Además, 2) Controlar y perseguir la vulneración de los derechos de los niños, que es la principal causa de su deriva delictual, así como, asegurar la participación de los escolares y estudiantes en la gestión educativa. 

Por Ibán de Rementería

Columna publicada originalmente el 4 de agosto de 2024 en El Porteño.

1. Ver: Guy Debord. La Sociedad del Espectáculo. Sapos y Culebras Ed. Los Angeles (Chile). 2017 ↩︎

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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