Con las conclusiones del informe de la PDI en mano, el senador Alejandro Navarro llegará esta mañana hasta las dependencias del Instituto de Salud Pública, “con el objeto de solicitar al director Dr. Ricardo Fábrega se tomen muestras de sangre a los coronelinos que viven en un radio de al menos dos kilómetros de a la termoeléctrica Bocamina”. Esto, con el objeto de “determinar el grado de envenenamiento de los vecinos y vecinas de la comuna y tomar las medidas epidemiológicas ante el inminente envenenamiento colectivo. El informe de la Brigada de Delitos Medio Ambientales de Valdivia, ha sido categórico en detectar rastros de mercurio, plomo, arsénico y otros metales pesados, altamente tóxicos, hasta en un 274% por sobre los límites permitidos, en lugares residenciales de Coronel y Lota, encontrando las mayores concentraciones de metales pesados en los sectores cercanos a la termoeléctrica Bocamina”, señaló el senador Navarro.
“Advertimos, estamos en presencia de un hecho de altísima gravedad, que pone en riesgo la salud y la vida de los habitantes de Lota y Coronel. No podemos esperar a que los vecinos comiencen con dolores en los huesos y manchas en el cuerpo, tal como ocurrió en Arica, para tomar medidas, aquí lo que se requiere, es anticiparse”, expuso el legislador.
A juicio del parlamentario “hemos llegado esta mañana hasta el ISP, ya que es urgente se realicen todas las acciones epidemiológicas necesarias. Se ordene, de inmediato, realizar exámenes de sangre a todas las personas que vivan en un radio de al menos dos kilómetros a Bocamina y a toda persona que manifieste probables síntomas y que se encuentran en las zonas detectadas con presencia de metales pesados. Esto, con el objeto de realizar el tratamiento con quelantes a los más afectados de manera inmediata. Aquí estamos ante unas inminente alerta sanitaria”, señaló el parlamentario.
El senador Navarro indicó que “el problema con el plomo es que es una sustancia que se fija en los huesos y afecta también los órganos internos, porque el cuerpo no es capaz de absorberlo y es muy difícil de erradicar. Además afecta el sistema nervioso”.
Así también, el legislador recordó que “en el 2007 la Corte Suprema determinó que Promel y sus socios debían reparar el daño causado. Además, ordenó al Estado indemnizar a 356 personas por un total de $2.848 millones de pesos (8 millones por persona), pues se comprobó que el Servicio de Salud de Arica no adoptó oportuna y eficientemente las medidas necesarias para resguardar la salud de las personas”.
Para finalizar el senador adelantó que “ENDESA, el Estado de Chile y todos los responsables de esta inminente catástrofe sanitaria, deberán hacerse cargo y reparar el daño ocasionado tanto ecológico, como a la salud de los habitantes de Coronel y Lota”, sentenció.