Subsidio MINVU es cuestionado por falta de criterio

El 15 de noviembre del año 2013, en las postrimerías del gobierno de Sebastián Piñera, desde la subsecretaría de Vivienda emanaba la resolución que establece en 25 UF (que al 31 de noviembre de 2013 equivale a $582.739)  el ingreso familiar máximo para cualquier postulación a subsidio habitacional a través de la Ficha de Protección Social.

El documento que lleva la firma del subsecretario de la época, Francisco Irarrazabal Mena, y que busca “ajustar la forma en la que se determina el límite máximo de los ingresos para postular al Fondo Solidario de Elección de Viviendas” no formula detalles respecto a la conformación de los grupos familiares y la distribución de los ingresos en los mismos.

Al mismo tiempo, se solicita al postulante la Ficha de Protección Social, la certificación de los ingresos en el último año tributario y otra serie de documentos que acrediten que no tienen ingresos mayores a los mencionados. Todo a costo del postulante quien debe ir a dejar los documentos (el trámite no se realiza en línea) a las oficinas del MINVU en el país.

Esta ambigüedad de la resolución ha sido muy cuestionada por organizaciones de pobladores y comités de vivienda que califican al dictamen de la autoridad como “un sin sentido. Pues si un grupo familiar de dos personas recibe $581 mil ($290 mil per cápita) califica para el beneficio mientras que un grupo familiar de 6 personas que recibe $583 mil ($97 mil per cápita) no califica para la obtención del subsidio. Es absurdo”

Según Doris González, vocera de la Unión Nacional de Pobladores (UNAPO), esta resolución “es otra más de las trabas odiosas que se pone a las familias de los más pobres de chile, de parte de autoridades que a todas luces están más preocupados de satisfacer los intereses de los dueños del poder y la riqueza en nuestro país. Que falta de prolijidad, que poco profesionalismo y liviandad al escribir este tipo de documentos que tienen valor legal y que afectan el futuro de cientos de miles de familias vulnerables de nuestro país”.

“El ingreso familiar por sí solo, no basta para medir la vulnerabilidad de las familias. Para esto el estado chileno cuenta con la Ficha de Protección Social que es una encuesta que se utiliza para determinar quiénes pueden acceder a las prestaciones o beneficios sociales que entrega el Estado, como subsidios, bonos, pensiones, atención médica y otros” recalcó la dirigenta.

Desde el ministerio de Vivienda no existe un pronunciamiento respecto de este tema.

Finalmente, Doris González señaló que “sería bueno que mientras se encuentra en el debate público la Reforma Tributaria, que no responde a las necesidades de los más pobres de este país, se lleve a cabo una discusión respecto a los procesos para el acceso a la vivienda digna, donde todos los sectores involucrados puedan participar. Se debe superar la burocracia extrema que hoy existe y la tendencia a mercantilizar el derecho a la vivienda”.