Corrupción y favoritismo: Estudio revela que SQM ha influenciado en reforma de leyes y obstruido participación de terceros en licitaciones

Un reciente estudio de Fundación Terram -y al que este medio tuvo acceso exclusivo-, que estudia la industria del litio en Chile, detectó seis riesgos de corrupción, donde fue posible identificar espacios de captura del Estado y política por parte de los integrantes de la industria, mientras que el riesgo de “Favoritismo” obtuvo la mayor calificación.

«En la primera área de análisis fue posible identificar espacios de captura política y del Estado por parte de los integrantes de la industria. Dentro de estos sectores se identificaron cuatro riesgos de corrupción, los que se pueden desglosar en: Favoritismo en los procesos y decisiones de concesión de licencias (captura política), Obstrucción en la participación de terceros en contratos y licitaciones (captura política), Influencia privada indebida sobre leyes y reglamentos (captura del Estado), e Intervención de consultas comunitarias», se lee en el diagnostico de la corrupción en la industria del litio.

Respecto al riesgo de “Favoritismo” es considerado como el de ocurrencia más probable, debido a la frecuencia con que las decisiones políticas de diferentes gobiernos han beneficiado a la empresa SQM en perjuicio del bien público.

«SQM ejecutó “prácticas de captura” al influir indebidamente sobre la elaboración y/o reformas de leyes y reglamentos, a través de un financiamiento irregular y sostenido a la política que le permitió incorporar cláusulas “a su medida” a la discusión de la Ley N° 20.469 del año 2010 que “Introduce modificaciones a la tributación de la actividad minera” –situación que se revisará en detalle, en el análisis del área “recaudación de ingresos”–, como también influir en la reforma a la Ley N° 19.300 (2010) sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA) o “Ley Ambiental” en donde realizó un fuerte lobby con sus conexiones políticas para “suavizar” su articulado», detalla el documento de Terram.

También se desglosa que SQM realizó otras acciones reprochables que configuran la obstrucción de la participación de terceros en futuros contratos, y licencias para operar en el Salar de Atacama. Esta acción llevó a CORFO a establecer un arbitraje en el año 2016, acusando a la litífera de haber inscrito a su nombre derechos de agua por más de 300 L/s, en terrenos perimetrales a las pertenencias mineras que se le entregó temporalmente en arrendamiento en el Salar, y de haber tomado posesión de varias servidumbres mineras que se superponían a las pertenencias de su propiedad, inscribiendo algunas hasta el año 2059 y otras hasta 2057, lo que significaba una clara violación del contrato cuyo año de término sería el 2030.

“Cuando un sector extractivo se ve capturado políticamente quiere decir que el bien común y los intereses públicos se ven perjudicados por las decisiones tomadas en políticas públicas, donde se beneficia a ciertas industrias o grupos de personas. Mientras que, la captura del Estado se entiende como un marco sistémico e intencional que se caracteriza por la manipulación en leyes y normativas que van en beneficio de propio a cambio de ganancias ilícitas de funcionarios públicos”, explicó Telye Yurisch, investigador de Fundación Terram y co-creador del documento.

En este informe también se revela la influencia indebida sobre leyes y reglamentos de recaudación de ingresos (captura del Estado), y manipulación de las empresas sobre los factores que determinan sus obligaciones de ingresos. Lo anterior fue observado por los investigadores de Terram durante la controversia legal entre el Servicio de Impuestos Internos y SQM sobre el pago del IEAM y en las disputas que ha mantenido CORFO con SQM (2014) y Albermarle (2021) por alterar el cálculo de sus obligaciones fiscales y, de esta manera, pagar menos al ente estatal.

“Estos problemas son, en parte, consecuencia de las brechas que se han observado en el área de transparencia fiscal y la reportabilidad general que presenta la industria, donde se puede ver una cultura empresarial con muy bajos estándares de transparencia y mal comportamiento frente a sus obligaciones fiscales”, sentenció Gary González, co-creador del estudio.