El sistema electoral mexicano está a punto de enfrentar un nuevo capítulo con la asignación de diputados y senadores plurinominales por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), un proceso que, aunque rutinario en términos formales, se ha convertido en un tema crucial para definir el equilibrio de poder en el Congreso. La sesión programada para el 23 de agosto será clave, no solo por su importancia técnica, sino por las implicaciones políticas que traerá consigo.
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Antes de profundizar en el tema, es importante dejar claro mi postura: considero que un sistema de representación proporcional pura, combinado con listas abiertas, es el camino más democrático para la asignación de legisladores. Esto garantizaría una representación más justa de la pluralidad política y evitaría las distorsiones que genera el sistema actual, basado en una mezcla de representación proporcional y de mayoría relativa.
Dicho esto, debemos abordar la asignación de plurinominales desde una perspectiva más amplia, enmarcándola dentro de los recientes acontecimientos políticos. Tras las elecciones del 2 de junio, se desató una polémica en torno a la posible sobrerrepresentación de Morena y sus aliados, y si esto les permitiría alcanzar una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso. Esto no es un tema menor, pues con tal mayoría, Morena, PT y PV tendrían la capacidad de impulsar reformas constitucionales sin la necesidad de consensos con la oposición.
Desde la misma noche de las elecciones, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, dio a conocer los rangos de integración para la próxima legislatura. Sin embargo, no se dieron cifras definitivas, ya que la asignación de plurinominales solo puede realizarse una vez que se concluyan los cómputos oficiales y se resuelvan los recursos de impugnación presentados. Este es un proceso que, aunque técnico y legalmente justificado, ha generado frustración y suspicacias tanto en la oposición como en el gobierno.
La oposición, principalmente representada por el PAN, PRI y el extinto PRD, ha centrado su crítica en la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados, advirtiendo que esto les daría un control desmedido sobre el Congreso. Señalan que esta ventaja obtenida en las urnas podría traducirse en una maniobra para consolidar el poder del partido en el gobierno, debilitando de facto cualquier posibilidad de contrapeso legislativo. En esencia, la oposición teme que Morena pueda utilizar su mayoría para modificar la constitución a su favor, perpetuando un dominio político similar al que el PRI mantuvo durante décadas.
Por otro lado, figuras clave como el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y otros líderes de Morena, han expresado con optimismo que su fuerza política logrará los dos tercios en la Cámara de Diputados. No obstante, en cuanto al Senado, incluso en el mejor escenario proyectado por la Secretaría de Gobernación, Morena y aliados se quedarían a dos escaños de la mayoría constitucional.
Este panorama revela que, si bien el debate sobre la sobrerrepresentación es legítimo, el sistema electoral actual es el mismo que en su momento benefició a la oposición cuando ésta controlaba el Congreso. Aquí surge la primera gran contradicción: los partidos que hoy critican la sobrerrepresentación son los mismos que en el pasado se beneficiaron de ella sin reparos ni autocrítica.
La fórmula de asignación que utiliza el INE para los plurinominales se basa en el cociente natural y el resto mayor, un método que busca reflejar de manera proporcional los votos obtenidos por los partidos en el Congreso. Sin embargo, este mecanismo, diseñado para ser justo y equitativo, se enfrenta a una realidad política en la que las alianzas partidarias juegan un papel fundamental. Las coaliciones, como las formadas por Morena, PT y el Partido Verde, pueden distorsionar el resultado final de la representación proporcional, otorgando una sobrerrepresentación que, en la práctica, supera los límites establecidos por la ley.
Es evidente que este sistema de asignación debe revisarse a la luz de la nueva realidad política de México. Las coaliciones entre partidos no pueden seguir sirviendo como una puerta trasera para obtener mayorías desproporcionadas en el Congreso. Sin embargo, cualquier cambio en el sistema electoral debe realizarse con el objetivo de fortalecer la democracia, no de beneficiar a una fuerza política en particular.
A pesar de las críticas y del debate que rodea al proceso, es innegable que el INE tiene la obligación de aplicar la ley tal como está. Este es un mandato ineludible que, aunque pueda generar descontento en algunos sectores, garantiza la estabilidad y legitimidad del proceso electoral. No obstante, una vez concluida la asignación de plurinominales, el debate sobre la sobrerrepresentación no debe desaparecer. Es fundamental que, en los próximos años, se realice una reforma electoral que permita adecuar el sistema de representación a la nueva dinámica política del país.
Para la oposición, la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados se ha convertido en un «clavo ardiente» al que se aferran con todas sus fuerzas. Han construido su discurso alrededor de la idea de que Morena y aliados está buscando un control absoluto del Congreso, lo que amenazaría la división de poderes y, por ende, la democracia en el país. Sin embargo, este argumento pierde fuerza cuando se considera que las reglas del juego no han cambiado desde que ellos mismos las aprovecharon en el pasado.
Morena ha sido hábil en utilizar esta narrativa a su favor. La posibilidad de obtener una mayoría calificada de dos tercios en la Cámara de Diputados ha sido utilizada como un símbolo de legitimidad popular, un reflejo de que la ciudadanía apoya el proyecto de transformación impulsado por López Obrador. Pero en el Senado, donde los números no dan, el gobierno deberá buscar una nueva táctica, lo que añade una capa de complejidad a sus planes legislativos.
El proceso de asignación de plurinominales por parte del INE, aunque complejo y técnico, refleja las tensiones más profundas de la política mexicana actual. La sobrerrepresentación, más que un problema aislado, es un síntoma de un sistema electoral que necesita ser revisado y adaptado a la nueva realidad política. Es imperativo que el próximo Congreso impulse una reforma electoral que garantice una representación más justa y equitativa, sin caer en los vicios del pasado.
Al final, la legitimidad de las instituciones democráticas depende de su capacidad para reflejar la voluntad popular de manera justa y equilibrada. Cualquier sistema que permita distorsionar esta representación, ya sea a través de la sobrerrepresentación o de las alianzas estratégicas, estará debilitando la confianza en el proceso democrático. Y eso es algo que México no puede permitirse. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
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