El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adjudicó directamente, sin licitación y vía trato directo, un contrato por 16.838,5 UF -aproximadamente $619 millones- a la empresa Unholster para desarrollar una plataforma informática vinculada al Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, una decisión que ha generado cuestionamientos y críticas debido a la falta de transparencia del proceso.
Según reveló Ciper, el trato directo con Unholster fue aprobado el 17 de enero de 2024 a través de una resolución exenta de la Subsecretaría de Derechos Humanos y ratificado por una orden de compra emitida el 26 del mismo mes.
Esto ocurrió apenas cinco meses después de que la misma compañía se hubiera adjudicado -el 10 de agosto de 2023- una licitación por $98 millones para desarrollar el diseño de una de propuesta de anteproyecto orientado al desarrollo «una plataforma informática que debiera facilitar la gestión de información sobre personas detenidas desaparecidas» en el marco de implementación del Plan Nacional de Búsqueda.
Para justificar la posterior asignación directa, sin concurso abierto a otras ofertas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó optó por Unholster, ya que como había realizado el anteproyecto, era la empresa que mejor conocía el diseño de la plataforma que se requería, lo que contribuiría a reducir costos transaccionales y tiempos de implementación.
Sin embargo, esta decisión ha generado críticas en la comunidad académica y entre profesionales del sector, quienes han cuestionado por qué no se licitó el proyecto completo desde un principio, o por lo menos, la fase de desarrollo, que requería una mayor inversión, para asegurar máxima transparencia en en un tema tan sensible como la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.
Según el artículo del periodista Mauricio Weibel Barahona, publicado por Ciper, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no aclaró «por qué no se hizo una sola licitación nacional o internacional por el monto del total del proyecto, el que involucra una suma global de unos $717 millones, considerando la licitación inicial y el trato directo posterior».
Se están pagando $ 700 millones por algo que se estaba haciendo gratis
Para encender aún más la polémica, el exdetective de la Policía de Investigaciones (PDI), Sandro Gaete, quien recientemente salió del equipo del Plan Nacional de Búsqueda (PNB) y cuestionó el contrato firmado con la empresa Unholster para el desarrollo de una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos.
En conversación con La Tercera, Gaete señaló que presentó su renuncia a contar del primero de agosto y señaló que esta decisión “se relaciona en particular con el problema suscitado con la contratación de la empresa Unholster”.
Relató que tras la llegada del ministro Luis Cordero, “y por razones que nadie ha podido explicar, a las semanas siguientes se realiza una reunión en el despacho del ministro de Justicia. Estaba presente él, la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, el coordinador del Plan Nacional de Búsqueda, Juan Mena, algunos analistas del PNB y Cristóbal Huneeus, que es uno de los dueños de la empresa Unholster”.
“Este tema no es menor porque esa entrevista no fue registrada en la plataforma de lobby, ni tampoco como audiencia. Si uno revisa la plataforma de lobby del ministro Cordero, en las entrevistas que él concede incluso aparecen en el año 2023 anotadas todas las que sostuvo con agrupaciones de familiares de víctimas, por ejemplo”, indicó.
En sus declaraciones, el exPDI indicó que “según la definición que da la ley de lobby, Huneeus es un gestor de intereses privados. Y ese tipo de reuniones obligadamente se tienen que registrar. Más aún si después no damos cuenta de lo que pasó”.
“No está claro cómo llega Unholster, hay versiones encontradas; Zamorano dijo que era orden del ministro y el ministro dice que ellos -la empresa- le pidieron la reunión. ¿Por qué no se registra esa entrevista, esa audiencia? El ministro dice que no la registró en la plataforma de lobby porque ellos no eran vendedores de nada. La verdad es que no es así. En estricto rigor, la definición legal del trabajo que hace Huneeus es gestor de intereses privados”, dijo al medio citado.
Explicó que luego de esta reunión, “Unholster se gana una primera licitación para el diseño de una base de datos, siendo la oferta más cara, y después logra un trato directo para la implementación de lo que ellos mismos habían diseñado”.
“Eso es extrañísimo, porque el diseño e implementación de una base de datos no se hacen por separado. Porque además después, para justificar el trato directo, dicen que Unholster tenía experiencia en el diseño, ¡Pero lógico, si ellos lo diseñaron! y mienten al decir que no había ninguna otra empresa que pudiese brindar ese servicio. Y esa mentira se cae porque es el trabajo que está haciendo ahora el Instituto Milenio de Datos con el Museo de la Memoria y la Fundación de Archivos de la Vicaría”, enfatizó.
Gaete fue consultado sobre si alertó de esta situación a sus jefaturas, y aseguró que “se lo dijimos en una reunión de nuestro equipo a Paulina Zamorano y, de hecho, creemos que el contrato se divide para evitar la toma de razón en Contraloría”.
Con relación a si el contrato gatilló su salida del equipo del Plan Nacional de Búsqueda, el ex detective señaló que “no podía seguir ahí” y afirmó que “se están pagando más de $ 700 millones a una empresa por algo que se estaba haciendo gratis. Se le está ocultando información a los familiares, se está faltando a la verdad respecto a la capacidad técnica del Instituto Milenio, evitaron la toma de razón de la CGR y el trabajo de establecer las trayectorias ya está hecho y no lo elaboró Unholster”.
A las críticas también se han sumado parlamentarios como Carmen Hertz, quien lamentó la polémica generada por el polémico contrato.
“Lamentable y doloroso lo que está ocurriendo con el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, que tiene por objeto no sólo encontrar probables lugares de entierros clandestinos, sino establecer el método de exterminio implementado por la dictadura”, indicó la diputada del PC.
Hertz plnateó que “no se hacen tratos directos con empresas privadas a espalda de los familiares para recabar antecedentes que ya existen, desde el trabajo de los abogados de la Vicaría de la Solidaridad hasta analistas del Programa de Derechos Humanos”.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos exige término del contrato
Ante los cuestionamientos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile (AFDD) exigió el término del contrato Unholster y que se llevara a cabo una investigación al interior del Ministerio de Justicia.
A través de una declaración pública, la organización tildó de inaceptable el hecho de que «se hagan negocios en torno a la búsqueda de nuestros familiares Detenidos Desaparecidos; que se pretendan «privatizar los archivos» y entregarlos a privados subestimando, además, los ofrecimientos de universidades y organismos internacionales».
La AFDD también puso en tela de juicio la transparencia del contrato para el desarrollo de la plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos. luego que «las agrupaciones familiares no fueran informadas de estos procedimientos», apuntando a los organismos públicos que manejaban la información pese a la realización de al menos tres reuniones en lo que va del año, donde «en ninguna se mencionó el cuestionado contrato».
Ante esto, la agrupación exigió «el término del contrato con la empresa Unholster y que se investiguen, identifiquen y sancionen las responsabilidades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la operación», catalogando estos hechos como procedimientos que «perjudican e impiden avanzar en la anhelada búsqueda de verdad y justicia».
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