Denunciarán a parlamentarios y pedirán veto a ley que criminaliza protestas sociales

La Asociación Chilena de ONG’s juntará firmas y se reunirán con parlamentarios con el objetivo de vetar el artículo 4 del proyecto de ley que responsabiliza a los convocantes de actos públicos por eventuales daño. También instará a los ciudadanos a pedir explicaciones a parlamentarios concertacionistas que votaron a favor de la ley.

La Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN, anunció que solicitará a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que ejerza su derecho a veto sobre el Artículo 4º del proyecto de ley, ya aprobado por la Cámara, que establece responsabilidades civiles para los convocantes a manifestaciones públicas. Para ello iniciarán una recolección pública de firmas de la ciudadanía en respaldo a esta solicitud de aplicar el veto.

El artículo en cuestión señala que organizadores y convocantes responderán por todos los daños que se produzcan en el marco de una manifestación pública, “a menos que se hayan adoptado todas las medidas” y cuando cumplan las “obligaciones impuestas por la policía”. El proyecto, que impone fuertes sanciones a los organizadores y convocantes de manifestaciones o protestas públicas. debe pasar ahora a tercer trámite constitucional en el Senado.

ACCIÓN había denunciado este martes a los parlamentarios concertacionistas que votaron a favor de la misma, a la vez que anunció que demandará a los candidatos presidenciales que se pronuncien sobre el contenido de esta ley, y que incluso recurrirá a instancias internacionales ya que consideran que contraviene las disposiciones de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y exigirán pronunciamientos a los candidatos presidenciales.

La Diputada Isabel Allende (PS) señaló haberse equivocado al momento de la votación y afirmó no compartir el artículo aprobado por la Cámara, que responsabiliza a los organizadores de manifestaciones por eventuales desmanes. Afirmó que no “comparte el espíritu» de Artículo 4 del proyecto que modifica algunos aspectos en materia de orden público. Reiteró que “no puede culparse a la organización de cualquier tipo de manifestación por la llegada de elementos externos o encapuchados”.

En opinión de las ONG, la ley aprobada en la Cámara no solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público.

Además, estiman que su carácter coercitivo y represivo limita la libertad de reunión y el derecho de todos los ciudadanos a usar los espacios públicos.

ACCIÓN está compuesta por 60 organismos no gubernamentales que trabajan en diversos ámbitos como infancia, medio ambiente, género, y desarrollo entre otros, y que promueven la participación ciudadana en los asuntos públicos.

DENUNCIA DE DIPUTADOS
También ACCIÓN contactará a las organizaciones sociales de los distritos de los diputados Isabel Allende, Fulvio Rossi y Jorge Burgos, para denunciarlos por haber votado favorablemente esta legislación, que a su juicio perjudica gravemente el derecho a la libre expresión de las demandas sociales, y llamarlos a que como ciudadanos exijan a quienes los representan en el Parlamento, que expliquen y fundamenten dicha votación.

A través de una declaración pública, ACCIÓN señaló que “nuestro país enfrenta un proceso de grave criminalización de las protestas sociales. Un ejemplo de lo anterior es la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que establece responsabilidades civiles para los convocantes a manifestaciones públicas, en el marco de la llamada Agenda Corta de Seguridad Ciudadana”.

“No solamente avanza la criminalización de los movimientos sociales, sino que instala un mecanismo que hará engorroso y conflictivo el poder convocar a alguna manifestación de interés público, lo que va en contra de todos los deseos o expresiones del llamado gobierno ciudadano”, explicó el dirigente.

ACCIÓN demandará también a los candidatos presidenciales que se pronuncien sobre el contenido de esta ley, que impone fuertes sanciones a los organizadores y convocantes de manifestaciones o protestas públicas.

Álvaro Ramis, presidente de ACCIÓN, señaló que este “es el momento para que las autoridades políticas, tanto en el Ministerio del Interior como en el Parlamento, reflexionen sobre el curso de las políticas de control social que están implementando y que poseen impredecibles consecuencias”.

Por otra parte, ante la carta del Subsecretario del Interior Patricio Rosende al diario El Mercurio, donde plantea que “no es correcto afirmar que se busca responsabilizar a los convocantes”, cabe destacar que la única modificación realizada por la Cámara al proyecto fue agregar una línea que señala que organizadores y convocantes responderán por todos los daños que se produzcan en el marco de una manifestación pública, “a menos que se hayan adoptado todas las medidas” y cuando cumplan las “obligaciones impuestas por la policía”.

Ramis señaló que estas modificaciones al proyecto de ley no restan su carácter coercitivo y represivo, que limita la libertad de reunión y el derecho de todos los ciudadanos a usar los espacios públicos.

El Ciudadano