Gobernador del Biobío en la mira: Contraloría revela millonarias irregularidades en Caso Convenios

La gestión del gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz Wörner, continúa en la mira, tras revelarse millonarias irregularidades relacionadas con el Caso Convenios.

Díaz Wörner se encuentra investigado por la Fiscalía debido a los convenios suscritos de forma presuntamente irregular con distintas entidades sin fines de lucro de la región y su situación parece complicarse luego de que la Contraloría General de la República emitiera un lapidario informe respecto a los acuerdos de transferencia provenientes del Gobierno Regional (GORE) del Bío Bío. 

Tras realizar la auditoría una auditoría, el organismo descubrió un posible conflicto de interés del gobernador regional, a la hora se suscribir los convenios con organizaciones.

De acuerdo con el Informe del ente contralor, el GORE ejecutó convenios con varias entidades privadas sin fines de lucro, entre las cuales se encuentran la Fundación En Ti, la Corporación Ciudades y la Fundación para la Educación Financiera (FUNDEF), pero la auditoría detectó múltiples irregularidades en la ejecución de estos convenios, lo que pone en duda la eficacia y transparencia de los procesos de transferencia de recursos.

Asimismo se evidenciaron retrasos significativos en la aprobación y contabilización de las rendiciones de cuentas, algunos llegando hasta 157 días hábiles y una falta de control respecto a la documentación exigida en las rendiciones de cuentas.

Este escenario dejó en evidencia una falta de coordinación entre los departamentos técnicos y financieros del GORE, contraviniendo los principios de control interno y administración eficiente de los recursos públicos, sostiene el ente contralor.

Un punto crítico que reveló el informe de Contraloría, se refiere a las grandes falencias observadas en el trabajo de la Unidad de Control.

«La presente auditoría se planificó teniendo en cuenta el importante aumento de los recursos transferidos por el Gobierno Regional, mediante los convenios para la Ejecución del Plan de Trabajo y Presupuesto Operacional para el año 2022 por $1.578.722.000 y el Fondo Reactivación Económica Pymes por $11.076.879.000», planteó el documento consignado por Resumen.

«Luego, considerando los riesgos detectados en su funcionamiento interno, tales como la alta concentración de tareas críticas de algunos funcionarios, y el aumento de gasto en nuevas actividades, entre otros aspectos, y considerando, además, la falta de auditorías por parte del Gobierno Regional, se estimó necesario llevar a cabo la presente auditoría», indicó el informe del ente contralor.

A juicio del consejero regional, Javier Sandoval Ojeda , la falta de auditorías de parte de la Unidad de Control, «es una muestra de la inacción e inobservancia que permanentemente hemos denunciado y que en variados aspectos Contraloría ha confirmado»

«Auditorías que hemos solicitado junto a cuestionamientos reiterados a la falta de transparencia y que nunca se abordaron debidamente, redundando en falta a la probidad, por lo que ahora Contraloría se ve en la obligación de auditar al Gobierno Regional ella misma», indicó.

Encargado de Unidad de Control es candidato a CORE por Pacto Republicanos

Ante la serie de irregularidades planteadas, la labor de Cristian Andrade Salgado, como encargado de las auditorías desde la Unidad de Control ha sido motivo de críticas y cuestionamientos.

Andrade, quien actualmente figura como candidato al Consejo Regional por la Circunscripción Provincial Concepción I, en el Pacto Republicanos e Independientes, asumió esta responsabilidad a finales de 2022.

«A finales del año 2022 el gobernador discute con la directora de Control -después se querella contra él por acoso laboral- se va, y mientras no hay director de control asume Cristian Andrade como titular suplente y en esa calidad se presenta al consejo regional durante todo el 2023, en el foco del Caso Convenios», señaló a Resumen, el consejero regional, Piero Blas.

Según Blas, el republicano se mantendría así «hasta que se designa a fin de año a Juan Carlos Veragua», quien es el actual jefe de la Unidad.

Sin embargo, seegún el informe trimestral de la Contraloría, Cristian Andrade figura como auditor, coordinador para la implementación del SISREC y ejecución del Plan Anual de Auditoría.

El documento de 109 páginas, no lo deja nien parado, ya que revela retrasos significativos en la aprobación y contabilización de las rendiciones de cuentas, posibles conflictos de interés en la ejecución de los convenios, irregularidades en la ejecución de convenios, en especial de la Fundación Bonhomía, la ONG Red Cultivarte y la Corporación Motum.

Asimismo, el informe del ente contralor confirma la falta de auditorías por parte de la Unidad.

Según consignó Resumen, al ser consultado sobre su versión de los hechos, Andrade indicó que no está «facultado para entregar una (cuña) al respecto», y prefiere que las preguntas se le realicen al equipo de comunicaciones del GORE.