Fundación Terram presenta Análisis de Transparencia en la Industria del Litio: resultados preocupantes en reportabilidad fiscal y contractual
Hace aproximadamente un mes, desde las carteras de Hacienda y Minería, en conjunto con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), se dio a conocer el total de empresas y consorcios interesados en explotar, explorar y beneficiarse del litio contenido en salares y lagunas salinas del norte de Chile. Según las propias palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, dichas manifestaciones podrían convertirse en Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL) en abril o mayo de 2025.
Aunque las autoridades del Gobierno se mostraron conformes con el resultado, hay quienes han cuestionado categóricamente la manera en que el proceso se está llevando a cabo, ya que -se alega- este ha sido poco transparente y no ha tomado como base información técnica y científica de los salares.
Así mismo lo demostró un reciente estudio publicado por Fundación Terram, titulado “Análisis de Transparencia de la Información de la Industria del Litio”. De acuerdo a lo evaluado en el informe, de todas las etapas de la cadena de valor, el área de “Contratos” es una de las que presenta los más bajos niveles de transparencia.
“Esto se explica por la escasa reportabilidad y el acceso parcial que tiene la ciudadanía a los contratos de arriendo y proyecto firmados por Corfo y las industrias. Así como también, la falta de información y documentos que ha presentado el Ministerio de Minería en relación a los CEOL celebrados hasta la fecha”, indicó Telye Yurisch, investigador de Fundación Terram y co-autor del documento.
Tres de cuatro etapas de la cadena de valor obtuvieron calificaciones menores a cinco puntos
El estudio evaluó la información dispuesta por instituciones públicas y empresas del sector, para lo cual examinó en detalle cuatro etapas de la cadena de valor de la industria del litio (contratos, operaciones, pagos y tributos, rendición de cuentas).
A nivel general la industria del litio nacional fue calificada con cuatro puntos (de un total de diez), es decir, existe un bajo nivel de transparencia. Asimismo, determinó que hay una insuficiente reportabilidad pública en materias fiscales.
De las etapas de la cadena de valor revisadas, el área de “Operaciones” fue la que obtuvo mayor puntuación con un total de 8,7, siendo así la única etapa que alcanzó el rango óptimo de transparencia (ver tabla 6).
“Para este estudio el nivel de transparencia fue desglosado en cuatro categorías. Cero puntos se consideraron como información no transparente, de 0.1 a 3.9 como poco transparente, de 4 a 7.9 es medianamente transparente y, finalmente, de 8 a 10 corresponde a información transparente”, explicó Engel Ramírez, co-autora del estudio e investigadora de la Fundación.
Poca información sobre los aportes de empresas a instituciones públicas y comunidades
En tanto, las otras tres fases restantes obtuvieron puntajes menores -o iguales- a los cuatro puntos, siendo destacadas por su baja calificación las etapas de “Rendición de Cuentas” y “Pagos y Tributos”, con un total de 1,1 y 2,7 puntos respectivamente.
“Estos resultados deberían ser alarmantes para las instituciones, ya que caben dentro del nivel que considera la información poco transparente”, recalcó la investigadora.
Asimismo, los autores explican que, si bien se pudo encontrar información referente a ambas secciones, esta tenía problemas de acceso, era de baja calidad y descrita en un lenguaje poco comprensible para el público general.
De acuerdo a Telye Yurisch, un punto que se repitió en ambas etapas fue “la poca -o nula- información sobre los aportes realizados por las empresas a instituciones públicas y comunidades indígenas”.
En “Pagos y Tributos” los autores analizaron las plataformas de la Tesorería General de la República (TGR), el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección General de Presupuesto (Dipres) y la Corfo, sin embargo, no lograron encontrar información sobre los aportes fiscales que realizan las empresas de litio.
Mientras que, en la etapa de “Rendición de Cuentas” (calificada con la menor puntuación) las únicas instituciones que reportaron información más completa sobre los aportes de SQM, fueron la Municipalidad de María Elena (10 puntos) y la Municipalidad de Antofagasta (7 puntos), junto al Gobierno Regional del mismo nombre (3,5 puntos).
“Nos llamó la atención que en las subcategorías de “instituciones públicas” y “comunidades”, la Corfo y las comunidades indígenas locales no disponían de información relacionada a los aportes de las empresas litíferas”, sentenció Gary González, investigador de Fundación Terram y co-autor del estudio.
Metodología
El estudio fue realizado por Telye Yurisch, Gary González y Engel Ramírez, investigadores de Fundación Terram, siguiendo los lineamientos del Natural Resource Governance (NRGI). Junto a este, también fue publicado el documento titulado “Diagnóstico de la Corrupción en la Industria del Litio en Chile”. Ambos estudios, además de analizar a fondo la industria de este mineral no metálico, entregan insumos y propuestas para mejorar la participación y el acceso a la información dentro del sector.
Revisa el estudio completo aquí.