En conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó un juicio político contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña. La acusación surge después de que Piña admitiera dos expedientes de pago de impuestos de una empresa que suman 35 mil millones de pesos, a pesar de que, según el mandatario, no debieron ser aceptados por motivos legales.
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López Obrador argumentó que la presidenta de la Corte entregó el juicio con la mayor cantidad de dinero a un ministro conocido por defender a los poderosos, mientras que el segundo expediente, de menor cantidad, fue asignado a una ministra con un historial más limpio. “Es evidente que violan la Constitución”, enfatizó el presidente, criticando la arbitrariedad con la que, según él, se manejaron los expedientes.
El mandatario sugirió que la ministra Piña permitió la entrada de los expedientes de manera indebida, otorgando el caso de mayor valor económico a un ministro cuya imparcialidad cuestiona. Aseguró que estos expedientes debieron ser rechazados por no cumplir con los requisitos legales necesarios, señalando que hay un conflicto de intereses en la asignación de los casos.
López Obrador también expresó su escepticismo sobre el posible resultado del caso, insinuando que la Suprema Corte podría fallar en contra del pago de los impuestos adeudados al Estado. “Ahí se los encargo, ¿eh?”, dijo, refiriéndose a la necesidad de vigilar el desarrollo del caso en los próximos años, incluso después de que termine su mandato.
El presidente consideró que si se iniciara un juicio político contra la ministra Piña, los opositores lo interpretarían como una persecución política. Sin embargo, insistió en la necesidad de actuar ante lo que considera una clara violación de la ley y de los principios de imparcialidad que deben regir a la Suprema Corte.
Finalmente, López Obrador criticó la posibilidad de que sus adversarios recurran a instancias internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) o incluso gobiernos extranjeros, para denunciar una supuesta persecución, minimizando tales acciones como intentos de desacreditar a su administración y su política de transparencia y justicia.
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Foto: Redes
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