Denuncian realización de encuestas tendenciosas y presunta malversación de fondos públicos en la Municipalidad de La Florida

Estas denuncias también incluyen presuntas faltas a la probidad por parte de algunos funcionarios de la Municipalidad de La Florida, quienes habrían participado activamente en la campaña del candidato a alcalde Daniel Reyes Morales.

El Ciudadano

30/08/2024 3:32pm

POR JAVIERA POBLETE

Paola Romero, candidata a la alcaldía de La Florida, ha denunciado presuntas irregularidades en la gestión del alcalde Rodolfo Carter, señalando posibles malversaciones de fondos municipales -denuncia que realizó ante Contraloría antes de ser candidata por la Municipalidad-. En respuesta a estas acusaciones, la Contraloría notificó que ha iniciado un proceso de auditoría en la Municipalidad de La Florida desde el 22 de agosto de 2024. Este proceso buscará revisar el uso de recursos públicos y verificar el cumplimiento del dictamen N° E471612 emitido el 5 de abril de 2024, el cual establece instrucciones para las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de consejeros regionales que se celebrarán el 27 de octubre de 2024.

El dictamen subraya la importancia del principio de probidad en la función pública, recordando que los servidores públicos deben actuar con imparcialidad y no utilizar recursos o autoridad para influir en los resultados electorales. También detalla las conductas que violan la probidad administrativa, como el uso de bienes públicos con fines electorales.

Además de la participación indebida en la campaña de Daniel Reyes por parte de Rodolfo Carter, Paola Romero reporta que vecinos de la comuna han denunciado una encuesta telefónica que consultaba a los votantes sobre su preferencia entre el «comunista Nicolás Hurtado y el candidato Daniel Reyes», excluyendo a Romero, Carol Espinaza y Juan Carlos Zurita.

Lo anterior, podría contravenir la Ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que establece que, durante los 60 días previos a una elección, todas las actividades públicas deben incluir a todos los candidatos del territorio electoral, garantizando así la igualdad de condiciones.

Asimismo, la Ley N° 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado, prohíbe a los funcionarios públicos realizar actividades políticas dentro de la administración o utilizar sus cargos para beneficiar a ciertas candidaturas. A pesar de las denuncias, existe preocupación de que la respuesta de la Contraloría llegue demasiado tarde, cuando los efectos en el proceso electoral ya se hayan producido.