El día que el exfiscal Guerra permitió presencia de carabineros infiltrados en causas judiciales a pesar de ser ilegal

Eran las 05:40 de la madrugada del jueves 15 de octubre del 2020, cuando un estruendo metálico despertó a los habitantes de las poblaciones Cousiño y Lo Hermida de Peñalolén. Todo era parte de un violento procedimiento policial del OS-7 de Carabineros que terminó con trece viviendas allanadas y la detención de diez personas, entre ellas tres adolescentes.

«(El operativo) permitió la detención de 10 personas, a  las cuales les vamos a imputar delitos de infracción a la Ley  de Control de Armas, por lanzar bombas molotov al cuartel  policial de la Subcomisaría de Carabineros (…) Estas personas venían operando desde el mes de agosto», dijo a los  medios de comunicación el fiscal regional oriente Manuel  Guerra, quien agregó que funcionaban como una estructura organizada, con distribución de roles. 

En los antecedentes de la investigación se reveló que el  OS-7 infiltró a dos agentes encubiertos.

El caso de Lo Hermida no es la única investigación del estallido social que lideró el ahora exfiscal regional oriente Manuel Guerra. Otra causa fue el incendio en la estación Pedrero, ocurrido el 18 de octubre de 2019. Allí Daniel Morales y su sobrino Benjamín Salazar (en ese entonces de 16 años) fueron acusados del siniestro. Incluso, en junio de 2020 presentó una acusación en contra de ambos donde solicitó veinte años de cárcel y diez de internación en el Servicio Nacional de Menores (Sename). 

A pesar de su insistencia, luego de estar privados de libertad durante un año en Santiago Uno y en el Centro  de Internación Provisoria de San Joaquín, en noviembre de 2020 ambos fueron absueltos en un primer juicio. Sin embargo todo fue anulado por la Corte de Apelaciones de Santiago dos meses después, en una decisión que valoró el fiscal Guerra, insistiendo en que Morales y su sobrino eran culpables.

Para la defensa de Daniel y Benjamín, los videos y testimonios presentados durante el segundo juicio tenían diversas inconsistencias, especialmente en las pruebas entregadas por Fiscalía Oriente, liderada por Guerra, el Metro de Santiago y la Policía de Investigaciones.

El exfiscal Guerra no solía asistir a los juicios de sus investigaciones, pero sí estuvo presente por Zoom en las instancias finales del segundo juicio del caso Pedrero, esto debido a los cuestionamientos hacia Fiscalía Regional Oriente con respecto a la obtención y calidad de los vídeos de las cámaras de vigilancia de la estación.

Guerra también tuvo bajo su jurisdicción las investigaciones de otros dos casos emblemáticos de la revuelta social:  el incendio de la Universidad Pedro de Valdivia y Hotel Principado, ambos con participación de personal Intramarchas.

Según Lorenzo Morales, quien es abogado de Alejandro Carvajal -joven acusado de incendiar la Universidad Pedro de Valdivia-, el artículo 226 bis del Código Procesal Penal establece que el uso de agentes encubiertos se puede dar solo si el Ministerio Público posee la autorización de un juez de  garantía para proceder una investigación de este tipo. Lo que no habría ocurrido en este caso.

Otro caso polémico fue el incendio en las dependencias del Hotel Principado, ocurrido la tarde del 12 de noviembre de 2019, cuando una llamada alertó a la Compañía de Bomberos de Santiago. En dicho momento se desconocían las causas del siniestro, los  responsables y que la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) junto al OS-9, estaban realizando un operativo policial en el lugar. 

Finalmente se esclareció en la investigación que no solo en los casos de la Universidad Pedro de Valdivia y Lo Hermida hubo presencia de agentes encubiertos, aprobados por Manuel Guerra como pruebas testimoniales y documentales. También en el incendio del Hotel Principado la Fiscalía Oriente utilizó como evidencias declaraciones de personal Intramarchas.

En una entrevista en febrero del 2020, Guerra relató que en el caso del Hotel Principado y el incendio en la faena de construcción de la Universidad de Chile, existían ‘varios niveles de organización’, puesto que se habría actuado con los mismos elementos en las quemas del acceso de estación Baquedano y en la destrucción del Hotel Principado. Incluso dijo que hubo personas ‘que se convocaron previamente  para llevar acelerantes, fabricar bombas molotov’, lo que indicaría ‘un nivel de organización más que nada destinada a realizar acciones vandálicas’. 

Actualmente, Manuel Guerra está siendo investigado por su implicancia en el Caso Hermosilla, mientras que un reportaje de CIPER reveló que Hermosilla junto a Álvaro Jalaff habrían preparado un grupo armando para el estallido social.

*La información utilizada en esta nota, proviene del libro «Los Intramarchas» de LOM Ediciones.