El pasado 8 de septiembre, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, presentó el texto «Reforma Integral al Sistema de Justicia en México: Desafíos y Propuestas«. Este documento llega en un momento crítico, justo cuando las comisiones del Senado se encuentran en pleno debate sobre la reforma judicial. Sin embargo, su presentación tardía y la falta de diálogo previo con los otros poderes generaron inquietud. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a todos los poderes a participar en la construcción de una reforma judicial al inicio de su sexenio, el Poder Judicial había mantenido un perfil bajo, hasta ahora. La propuesta de Piña aborda temas clave, pero, ¿llega a tiempo para influir en la reforma constitucional en marcha? No creo.
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El texto de Norma Piña plantea un diagnóstico claro y realista sobre el estado de la justicia en México: un sistema disfuncional, burocrático y lejano a las necesidades de la población, especialmente de los grupos más vulnerables. El acceso a la justicia en el país sigue siendo un ideal lejano para muchas personas. Los problemas estructurales, como la corrupción, el nepotismo y la falta de independencia, continúan afectando gravemente la capacidad del sistema judicial para impartir justicia de manera pronta, completa y expedita.
El documento enfatiza la importancia de reconocer que la justicia es una responsabilidad compartida entre los tres poderes del Estado y los tres niveles de gobierno. Este enfoque integral es necesario para evitar caer en el error de reducir la administración de justicia a una tarea exclusiva del Poder Judicial. Al proponer este enfoque, Piña subraya que la justicia no puede transformarse si solo se modifican leyes sin cambiar las prácticas y estructuras institucionales.
Una de las principales críticas al documento de Norma Piña es su llegada tardía. Desde 2021, se ha discutido una reforma al sistema judicial, con la participación de diversos sectores sociales y políticos. La propuesta de la presidenta de la Suprema Corte parece haber sido presentada en un momento en el que las reformas ya están prácticamente definidas. La falta de iniciativa por parte del Poder Judicial durante los primeros años del sexenio de López Obrador ha generado una percepción de desconexión con la realidad y las demandas ciudadanas. ¿Por qué se esperó tanto tiempo para presentar una propuesta integral?
El documento de Piña también ha sido cuestionado por su falta de concreción en algunas de sus recomendaciones. Si bien ofrece un análisis detallado de los problemas del sistema judicial, muchas de las soluciones propuestas son vagas y no abordan de manera específica cómo se implementarán los cambios necesarios. Esto ha generado escepticismo sobre la viabilidad de las propuestas.
Uno de los aspectos más destacados del texto de la Suprema Corte es su enfoque en los derechos humanos y la necesidad de una justicia más empática y cercana a las víctimas. El documento reconoce que el sistema de justicia mexicano ha fallado, en muchos casos, en procesar con eficiencia y sensibilidad las demandas de las víctimas, especialmente aquellas pertenecientes a grupos vulnerables.
Este enfoque es crucial, considerando que México enfrenta una crisis de derechos humanos sin precedentes, con altos niveles de violencia, desapariciones forzadas y violaciones a los derechos fundamentales. El texto subraya que la justicia debe adaptarse a las necesidades de quienes más la necesitan, y no limitarse a resolver disputas entre las élites o proteger a los intereses del poder económico o político.
El fortalecimiento de los poderes judiciales locales es otro de los puntos clave en el documento. Piña reconoce que gran parte del problema de acceso a la justicia en México tiene su origen en la desigualdad entre los estados. Los poderes judiciales locales, que deberían ser el primer contacto de los ciudadanos con la justicia, enfrentan graves problemas de presupuesto, corrupción y falta de profesionalización. Para que una reforma judicial sea efectiva, es necesario invertir en estos poderes locales y asegurar que funcionen de manera transparente y eficiente.
La propuesta también destaca la importancia de mejorar las fiscalías y las instituciones forenses. Estos órganos son fundamentales para la investigación de delitos y la resolución de casos, pero actualmente carecen de los recursos y la capacitación adecuada. Sin un fortalecimiento en estos sectores, la reforma judicial corre el riesgo de quedarse en el papel.
Aunque la propuesta de la presidenta de la Suprema Corte llega en un momento tardío, ofrece una base para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en México. Sin embargo, el éxito de cualquier reforma dependerá de la capacidad de los distintos poderes y actores involucrados para trabajar de manera conjunta, dejando de lado los intereses particulares y priorizando las necesidades de la ciudadanía.
El Senado y la Cámara de Diputados se enfrentan ahora al reto de integrar estas propuestas en la reforma judicial en curso. Para que esta reforma sea realmente transformadora, debe abordar de manera integral los problemas estructurales del sistema, incluyendo la corrupción, la falta de independencia y la impunidad. También es esencial garantizar que las reformas lleguen a todos los niveles del sistema, desde el federal hasta el local, y que se implementen con transparencia y rendición de cuentas.
El documento «Reforma Integral al Sistema de Justicia en México: Desafíos y Propuestas» representa un esfuerzo necesario, aunque tardío, por parte del Poder Judicial para participar en la transformación del sistema de justicia en México. Si bien la propuesta de Norma Piña plantea muchos de los problemas que aquejan al sistema, su impacto real dependerá de la voluntad política de implementarla.
A largo plazo, la reforma judicial será crucial para el futuro de México. En un país donde la justicia ha sido, históricamente, un privilegio de unos pocos, garantizar un acceso equitativo a la justicia es un paso fundamental hacia la construcción de una sociedad más justa y democrática. Ahora, más que nunca, es necesario que todos los actores involucrados, desde los jueces hasta los legisladores, trabajen para hacer realidad esta transformación. Eso pienso yo, ¿usted qué opina? La política es de bronce.
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