Lo prometido es deuda

En tiempo de elecciones las promesas y compromisos de campaña aumentan de forma exponencial. Los equipos programáticos salen a la cacería de las causas más populares y visibles que les permitan sumar algún voto esquivo al candidato de sus amores. Y como sabemos, el papel suele aguantarlo todo: buenas intenciones, señuelos, consignas, deseos o ilusiones. Por otra parte, es innegable que a todos nos gusta que aquellas ideas o proyectos que promovemos se vean impresos en el programa de un candidato. El problema surge cuando han pasado las elecciones y los compromisos asumidos desaparecen de la agenda de quienes deben implementarlos.

En ese sentido, los ejemplos sobran. El capítulo chileno del Ombudsman nos informa en su web sobre la larga historia que ha debido enfrentar el proyecto que crea el Defensor de las Personas en Chile: “Con cierto rubor hemos de decir que, fundado nuestro Capítulo en 1985, un primer proyecto se presentó en 1991 y que todos los gobiernos durante 19 años han previsto lograr la institución y que la unanimidad de las fuerzas políticas dicen apoyarlo. Pero aún así,  al día de hoy, a pesar de promoverse por la Presidenta y aprobado por amplia mayoría por los diputados luego de una ardua tramitación, se encuentra estancado en una comisión del Senado”. Efectivamente, aunque ha estado presente en los programas de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet esta iniciativa continúa enfrentando grandes dificultades en su tramitación legislativa, y no solamente por causa de las previsibles reticencias de la oposición, sino también por la resistencia de connotados senadores de la Concertación.

Es desconcertante. En una reciente sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, y Justicia, cuando todo hacía prever que todos los senadores de la Concertación apoyarían de forma clara y consistente el proyecto del ejecutivo, la senadora Soledad Alvear y el senador Juan Antonio Gómez sorprendieron al auditorio al preguntar por la necesidad de implementar esta institución y sino sería necesario prolongar más la discusión sobre este punto. ¿No han sido suficientes los dieciocho años que ya lleva el Congreso? ¿No bastan los datos que muestran que un 90% de los chilenos considera que es vital para el país tener una Defensoría de las Personas, ya que se sienten desprotegidos ante las vulneraciones de derechos? ¿No justifica su existencia los recientes de abusos de las empresas eléctricas? ¿Es que no han captado que la ciudadanía siente que en el país no se respetan los derechos de las personas?

En el reciente estudio «Respeto y cultura democrática», elaborado por la corporación Genera, se delata que un 99% de los consultados cree que en Chile se respeta poco y nada a los indígenas, 98% opina lo mismo sobre los homosexuales, al igual que de los pobres (92%). Parece evidente que se necesita una institucionalidad que de cuenta de este tipo de vulneración de derechos. Sin embargo, nada de esto parece suficiente para nuestros senadores.

Lo más grave es que casos como este no son pocos ni aislados. No es de extrañar que las elecciones se transformen en un doble acto de cinismo: un puñado de candidatos que finge compromisos y un electorado que aparenta confiar en las promesas. Nuestra democracia no pasa de ser un simulacro planificado, una parodia de juramentos que no resultan ser más que espejismos. Tal vez ayudaría instalar un “DICOM” electoral que castigue a los parlamentarios que incumplan el programa con el cual han resultado electos. Pero a lo mejor bastaría con que nuestros candidatos le hicieran caso a Napoleón Bonaparte, que ya decía en su tiempo: “La mejor forma de cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás”.

Por Álvro Ramis

Presidente de la Asociación Chilena de ONGs ACCIÓN