Las multinacionales escaparán al control político con el Tratado de Libre Comercio UE-EEUU

Es el caso del Tratado de Libre Comercio que negocian la UE y EEUU, en un proceso en el que las multinacionales se niegan a quedar relegadas a un segundo plano.

Varias voces alertan sobre los peligros de la Asociación Transat­lántica para el Comercio y la Inversión -TTIP, por sus siglas en inglés- que las fuerzas neoliberales intentan vender destacando los supuestos beneficios económicos que generará, y eludiendo cualquier mención a los riesgos que conllevará el mismo.

Según un documento sobre el TTIP filtrado el pasado lunes, las propuestas actuales dentro del marco del tratado “concederían a gobiernos y empresas extranjeras una mayor oportunidad de influir en la opinión pública, tanto en la UE como en Estados Unidos”.

Esta es la denuncia de grupos como el Observatorio de las Corporaciones Europeas, Ecologistas en Acción y otras fuerzas políticas, que alertan del riesgo medioambiental, sanitario o para la seguridad de los consumidores que supondría rebajar los estándares que regulan la comercialización de bienes y servicios dentro de la UE, condición sine qua non para facilitar las relaciones comerciales.

El mismo grupo afirma que son más de 30.000 las personas que ejercen como lobbistas en Bruselas, y el británico The Guardian aseguraba en un reciente artículo que influyen en un 75% de las normativas europeas.

Para Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, el TTIP es “claramente una amenaza importante que podría afectar a muchos aspectos de nuestra vida diaria”. “Si el 80% de los supuestos beneficios económicos del tratado dependen de la eliminación o armonización de los reglamentos y normas, nos veríamos afectados por recortes sin precedentes en los derechos sociales, laborales y ambientales, denuncia.

Kucharz explica a Público que el documento filtrado -cuya procedencia dice no poder revelar- refleja los planes de la Comisión Europea de “cambiar fundamentalmente la forma en que se adoptarán en el futuro los reglamentos y directivas europeas para proteger a consumidores, trabajadores y el medio ambiente”.

De hecho, el ecologista defiende que los grupos de presión empresariales a ambos lados del Atlántico intentan “aprovechar al máximo la desregulación de las normas alimentarias y de seguridad de los productos”. “Si lo logran, la futura toma de decisiones se hará aún más antidemocrática, escapando al escrutinio democrático y colaborando abiertamente con el lobby empresarial”, vaticina.

“Efectivamente, ha habido diferentes informaciones acerca de las presiones que las grandes empresas transnacionales, buena parte de ellas estadounidenses, estarían haciendo para que el resultado de las negociaciones les fuera lo más propicio posible”, asegura a este medio Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida. “Al final, esas empresas y sus grupos de presión consiguen que se desarrollen marcos legales que acaban beneficiando a esas compañías privadas, en detrimento y en perjuicio de los derechos de los ciudadanos”, denuncia el parlamentario.

Esto, por no hablar del protocolo ideado para “proteger” las inversiones. EEUU y la UE discuten la incorporación de un mecanismo que, en palabras de Kucharz, permitirá a las grandes compañías reclamar indemnizaciones ante tribunales de arbitraje a los estados, si consideran que sus beneficios económicos o sus expectativas de ganancias futuras se ven afectados por leyes o políticas en un país en el que han invertido. Es decir: “Si no ganan lo que quieren, pueden demandar en tribunales privados al Estado en el que han invertido”, lamenta el ecologista, muy crítico con los “superderechos” que reciben estas organizaciones, “por encima de la soberanía de los Gobiernos y parlamentos”, como ha ocurrido con países como México o Costa Rica tras la firma de este tipo de tratados con EEUU.

Sixto también ve el mecanismo de solución de controversias como uno de los puntos más preocupantes en las negociaciones, ya que “permite a los inversores extranjeros eludir a los tribunales nacionales y presentar sus quejas directamente a los tribunales internacionales de arbitraje, a menudo compuestos por abogados de las mismas empresas. Se trata de un privilegio para las empresas más poderosas inconcebible e injustificable entre dos sujetos políticos con tribunales de justicia desarrollados y plenamente operativos”, defiende. A su juicio, una mejor solución sería dejar que los tribunales y el derecho de cada Estado resuelvan las disputas con las empresas que operen en esos países. “Lo que no se puede hacer, en ningún caso, es debilitar el poder legislativo de los Estados miembro para favorecer los intereses y beneficios de esas multinacionales”.

Ecologistas en Acción es sólo una de las 180 organizaciones encargadas de velar por el medioambiente, los derechos laborales o sanitarios que están exigiendo explicaciones a los negociadores comerciales de la UE y de EEUU, aunque por el momento no han tenido mucho éxito. Junto a ellas, el Observatorio Corporativo Europeo – ONG que estudia la actividad empresarial en el Viejo Continente- lleva años publicando informes críticos con las instituciones europeas, y la Alianza por la Transparencia de los Lobbies y su Regulación Ética (ALTER-EU) ha logrado el apoyo de 1.100 candidatos al Parlamento Europeo -100 de ellos españoles- para denunciar la excesiva presión de bancos y multinacionales en la política comunitaria, pero la Cámara ha hecho caso omiso a sus reivindicaciones.

“Es muy preocupante ver que los negociadores están concibiendo maneras de proceder que introducirían los intereses de grupos de presión empresariales en el seno de los procedimientos regulatorios en el futuro”, denuncia Kenneth Haar, investigador del Observatorio Corporativo Europeo (CEO).

“Como las negociaciones no van a hacer a las partes subir sus estándares, el resultado inevitable es que la UE baje los suyos. Productos químicos que hoy no se utilizan serán permitidos, como ocurrirá con productos alimentarios”, lamenta Haar. “Un ejemplo: de momento la UE ha prohibido el uso de 1.300 sustancias en productos cosméticos, EEUU sólo 11″, razona.

En una entrevista con Público el pasado mes de noviembre, el máximo responsable de Bruselas en las negociaciones del TTIP, Ignacio García Bercero, aseguró que no rebajar los estándares era uno de los “principios base de la negociación”, pero según Kucharz es un argumento falso.

“Estados Unidos no tiene ratificadas seis de las ocho normas fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluida la Convención sobre la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva”, recuerda Sixto. “La agenda de negociación del TTIP muestra que no hay ninguna ambición de avanzar en mayor protección de los derechos laborales”, sostiene, denunciando que el reconocimiento mutuo supondría en la práctica la anulación efectiva del derecho a regular, y “se fomentaría un dumping desregulador sin precedentes”.

Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y EEUU comenzaron en julio de 2013, cuando acababa de destaparse el escándalo de las escuchas de la NSA a ciudadanos y líderes europeos. Socialistas y Conservadores se opusieron a paralizar la firma de un acuerdo que supondrá la eliminación de barreras normativas y económicas para las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el Viejo Continente, y que teóricamente representará un beneficio anual de hasta 110.000 millones de euros para las exhaustas arcas europeas (cerca de 545 euros por familia para nuestro país), y de 95.000 millones de euros para EEUU.

Sin embargo, tras cuatro rondas de reuniones oficiales (la última en marzo) los negociantes no aportan argumentos que sustenten estas estimaciones, que en cualquier caso no comenzarán a notarse antes de 2016, fecha en la que se espera la implantación del tratado, que deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y que no será sometido a referéndum.

“La negociación de los documentos, las contribuciones de las partes interesadas, agendas y actas de las reuniones con la industria, ninguno de ellos son públicos”, asegura Kucharz, uniendo su voz a la de los políticos, activistas y ciudadanos que ya han denunciado la falta de transparencia en las negociaciones.

Preguntado por el escaso interés que el poder político tiene en explicar el TTIP y la aparente ausencia de inquietudes al respecto por parte de los ciudadanos, Haar responde que cuando son informados sobre la esencia de las negociaciones “se quedan en estado de shock o se enfadan”, insistiendo que les interesa, pero que “lleva tiempo transmitir el mensaje”.

“Tienen mucha prisa para negociar este tratado, porque saben que cuánto más se sepa sobre el TTIP, más rechazo va a provocar, y mayores costes políticos podría causar en algunos partidos y gobiernos”, sostiene Kucharz.

“El TTIP se está convirtiendo en un elemento de debate de cara a las europeas, y la mayoría prefiere no tocarlo en público porque supondría un elemento de presión, ataría sus manos de cara a las negociaciones, asegura Haar”.

En esta línea, el investigador destaca la labor de la Izquierda Unitaria Europea y el grupo de Los Verdes en el Parlamento, pero recuerda que según los sondeos la Cámara seguirá en manos de los conservadores tras las elecciones. En palabras de su compañero Kucharz, “son capaces de canalizar el rechazo, pero no tendrían la mayoría política necesaria para impedir su ratificación, tanto en el PE como en el ámbito nacional”, lamenta.