Por Amanda Durán
El presidente Gustavo Petro está en la mira. Las élites colombianas, esas que durante décadas han manejado el país como su feudo personal, han decidido que ya es hora de parar el cambio. Y como en América Latina los golpes de Estado ya no llegan con tanques ni balas, sino con procesos judiciales y paros empresariales, todo está cocinándose a fuego lento, como un guiso cuyo olor ya impregna todo. Dos estrategias han sido el menú de esta semana. La primera, un intento de destituir a Petro desde el Consejo Nacional Electoral (CNE); la segunda, un paro del sector del transporte que como estamos acostumbrados por estas tierras, más que gremial, huele a sabotaje.
Y es que parece que la prosperidad económica del país bajo Petro, sumada a su alta aprobación, tiene a ciertos sectores del poder tan nerviosos como a esos empresarios que siempre han gobernado en nombre del sufrimiento del pueblo. Estos mismos grupos, acostumbrados a gobernar por la fuerza, han decidido emular la fórmula chilena de 1973. A falta de un Pinochet a la mano, optaron por los mismos pasos previos al bombardeo de La Moneda, un paro empresarial del transporte, bajo la excusa de una lucha gremial que no era tal. Esto fue un paro con la marca registrada de la oligarquía: empresarios de transporte, políticos de derecha y el crimen organizado. El corte de carretera en el Cauca, disfrazado de protesta indígena, fue solo el preludio de esta estrategia destituyente.
Como bien señala la periodista Luciana Cadahia en un reciente artículo de Diario Red, no se trata de simples manifestaciones. Esto es la antesala de un golpe de Estado blando, el mismo que Petro lleva semanas denunciando. Y no es para menos. Los mismos que lideran la ofensiva desde el CNE son dos magistrados vinculados a partidos políticos que orbitan alrededor de Álvaro Uribe, ese expresidente cuya sombra sigue pesando en Colombia.
Y mientras los medios, que siempre han estado al servicio de las élites, juegan su papel en esta obra, el presidente se defiende en las calles. Petro sabe que su único aliado en esta contienda es el pueblo. No son pocos los que han salido a marchar, a llenar las plazas y a gritar que no van a permitir otro golpe. La convocatoria del 19 de septiembre será decisiva. Los sindicatos, las organizaciones populares, todos se preparan para resistir esta embestida que busca desalojar del poder a un presidente que, guste o no, fue elegido democráticamente.
El paro empresarial del transporte, sin embargo, no ha dado los frutos que esperaba la ultraderecha. A pesar de las amenazas y de las presiones, el gobierno de Petro ha logrado encauzar la movilización hacia la negociación. El paro se desinfló sin necesidad de recurrir a la fuerza, sin muertos, sin el baño de sangre que muchos predecían. Si comparamos esta situación con la de los paros durante la legislatura de Iván Duque, el contraste es evidente. En ese entonces, cada protesta era respondida con balas y represión. Hoy, al menos, se negocia.
El fantasma del golpe, sin embargo, sigue rondando. Los medios siguen lanzando encuestas que, curiosamente, colocan a Petro en niveles de desaprobación altísimos justo cuando más lo necesitan. La encuestadora Invamer, bien conocida por su cercanía a ciertos sectores del poder, ha publicado cifras que buscan construir el relato de que Petro está en caída libre. Pero, ¿quiénes están detrás de estas cifras? Los mismos que no han dejado de conspirar desde que Petro ganó las elecciones. No es casualidad que estas encuestas coincidan con el paro del transporte y con la investigación del CNE.
Como si fuera poco, el escándalo de Pegasus, el software espía israelí comprado por el gobierno de Duque para vigilar a sus opositores durante el estallido social de 2021, sigue levantando polvo. Petro ha revelado la compra de este software y, como era de esperarse, los medios han decidido ignorarlo. En lugar de exigir respuestas a los responsables, se concentran en deslegitimar al presidente, acusándolo de usar esta denuncia como una cortina de humo.
Es evidente que las élites colombianas no aceptan que, por primera vez en décadas, el país esté siendo gobernado por alguien que no responde a sus intereses. Y aunque han fracasado en su intento de destituir a Petro a través de un golpe judicial, su ofensiva continúa. Desde los medios, las instituciones y los gremios, todo está listo para seguir intentando derrocar a un presidente que se atreve a gobernar en nombre de las mayorías y no de los privilegiados.
La historia ya nos ha enseñado que, en América Latina, los golpes de Estado no siempre llegan con ruido de sables. A veces, llegan con jueces, con empresarios y con periodistas. Pero lo que esas élites parecen olvidar es que, al final, el pueblo siempre tiene la última palabra. Y en Colombia, ese pueblo está dispuesto a defender su democracia.
Las élites no lo logran comprender: este no es el mismo país que gobernaron con puño de hierro y sin oposición. Colombia ha cambiado, y lo que estamos viendo no es solo una resistencia a un gobierno, sino el choque inevitable entre dos modelos de país. Uno que abraza la inclusión, la justicia social y la paz, y otro que sigue aferrado al viejo orden, donde el poder es un privilegio hereditario. Tal vez puedan seguir cocinando su golpe a fuego lento, pero como buen guiso mal sazonado, terminará por hervir demasiado y derramarse.
Al final, no importa cuántos jueces o medios pongan de su lado, cuando un pueblo despierta, no hay campaña, encuesta ni sabotaje que lo vuelva a dormir. Y quizás, en esa vigilia masiva, al fin Colombia esté comenzando a escribir su verdadero capítulo de libertad. Estaremos atentos, desde todos los rincones del sur de esta América herida, a ver esos abiertos ojos del pueblo colombiano, y la defensa de su esperanzadora democracia, que a todos nos convoca.
Por Amanda Durán
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