Un apicultor del sector Pelchuquín, camino a San Antonio, en la región de Los Ríos, hizo historia al ganar una demanda que interpuso por la muerte de sus abejas, ocasionada por la aplicación incorrecta de plaguicidas.
Después de un proceso judicial que se extendió por cinco años, el productor apícola, Andrés Rojas, con el apoyo del Movimiento Nacional de Apiculores de Chile, obtuvo una sentencia inédita en la Corte Suprema, que falló a su favor en la causa.
Rojas relató que en pleno invierno de 2015, en el sector aledaño a su domicilio se hizo una plantación de canola o raps, mientras él llevaba a cabo «polinizaciones dirigidas y cruzadas en huertos de arándanos en em Agroberries»,
«El dueño de la canola y yo acordamos que yo polinizar su producto. Yo le expresé explícitamente que en caso de que el fumigara o asperjara algún tipo de plaguicida, funguicida o herbicida, lo dijera con antelación para proteger a mis abejas, relató al diario La Tribuna.
Señaló que el 08 de octubre de 2015, el sujeto le pidió que tapara sus abejas porque al día siguiente se llevaría a cabo la aspersión de un funguicida e insecticida, po lo que procedió a resguardarlas el día 9 de octubre, liberándolas al día siguiente para que «él asperjara el 10 de octubre», contó.
Sin embargo, indicó que el dueño de la canola «fumigó cuando las abejas estaban en vuelo, liberadas, y mató a muchísimas de estas; sobre todo las que buscan comida en los huertos».
Esta situación dejó al apicultor con la mitad de sus colmenas afectadas y recordó que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) se hizo presente para verificar que en efecto las abejas se encontraban muertas.
No obstante, indicó que el organismo tomó muestras, pero éstas nunca llegaron sus manos, y tampoco tuvo acceso a los logotipos de los plaguicidad asperjados.
Con la información recabada, se le aplicó al dueño de la canola una multa de 150 UTM, porque el personal que llevó a cabo la aspersión no contaban con los implementos de resguardo requeridos.
Aunque intentó que varios abogados tomaran su caso, los profesionales se negaron, argumentando que este tipo de demandas eran fáciles de perder.
«Encontré a mi abogado, Vladimir Alberto Riesco Bahamondes, que es ambientalista, que me dijo: Demos la pelea», indicó al medio citado.
Posteriormente, interpuso la demada en 2018 ante el Tercer Juzgado Ambiental de Valdivia , que se declaró incompetente.
Ante este escenario, acudió a la Corte Suprema, donde el pasado 12 de septiembre de 2024, «el caso fue abodado y acogido por los magistrados, dando a todo a mi favor», dijo Rojas.
«Esto es un caso histórico. No había pasado a nivel nacional ni latinomaericano», destacó el apicultor.