¿Las instituciones funcionan? Exigen cambios urgentes en Poder Judicial tras caso Hermosilla

Crisis en el Poder Judicial: Exigen cambios urgentes tras caso Hermosilla y denuncian deficiencias estructurales

El reciente caso de tráfico de influencias que involucra al abogado Luis Hermosilla y a ministros de la Corte Suprema, como Ángela Vivanco y Jean Pierre Matus, ha desatado una tormenta de críticas hacia el Poder Judicial chileno, especialmente por la tardía reacción de la Suprema.

La Asociación de Trabajadores Judiciales ha sido contundente en sus exigencias, pidiendo la renuncia de los involucrados para preservar la dignidad del Poder Judicial. Marcelo Acevedo, presidente del gremio, fue claro al señalar que la rapidez inicial en la respuesta no es suficiente: «Esta es la segunda vez que pedimos que se haga una investigación seria. En una oportunidad, nos contestó la Corte que se estaba viendo a través de la Comisión de Ética, pero nos parece que la Comisión de Ética tiene que tener otros fines», planteó el dirigente en una publicación de El Desconcierto.

Acevedo, también fue enfático en señalar: “exhortamos a la ministra Vivanco y al ministro Matus, por dignidad al Poder Judicial, que presenten su renuncia«.

El caso ha puesto en tela de juicio el funcionamiento de las instituciones, en particular la Comisión de Ética de la Suprema. La ministra vocera, María Soledad Melo, aclaró que dicha comisión tiene competencias limitadas, revisando solo conductas de ministros del máximo tribunal, agregando que: “La Comisión no tiene plazos para desarrollar su trabajo, por lo que no se puede señalar cuándo terminará su cometido y presentará sus informes”.

Esta limitada capacidad de acción ha hecho que algunos sectores cuestionen si realmente se garantiza una supervisión ética efectiva dentro del Poder Judicial. La Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile, encabezada por Alejandro Vera, ha advertido que esta situación pone en riesgo la imparcialidad judicial, afectando gravemente la independencia de la Corte Suprema.

 «Pedimos que no solamente se investigue, sino que se haga con la mayor celeridad y se apliquen las mayores sanciones, porque este hecho, sin lugar a dudas, afecta al corazón del ejercicio de la función judicial«, dijo el representante de los jueces, según consigna El Desconcierto.

La reacción de la Suprema ante estos casos ha sido ampliamente criticada por su aparente lentitud. Si bien la ministra Melo defendió el trabajo de la Comisión de Ética, argumentando que ésta actúa de forma reservada y sin plazos, la presión pública y gremial aumenta. Además, se ha acusado a la Corte Suprema de ser reactiva, en lugar de preventiva, en la gestión de crisis que involucran a sus miembros.

En este contexto, la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas ha reiterado la necesidad de reformar el sistema de nombramientos dentro del Poder Judicial. Según su declaración más reciente, los procesos actuales no solo están plagados de opacidad, sino que también perpetúan la discriminación de género. En este sentido, la asociación ha urgido a la creación de un órgano autónomo que garantice nombramientos transparentes, basados en méritos y con perspectiva de género.

El problema no es nuevo. De acuerdo a lo señalado por la Asociación de Magistrados, éste lleva décadas solicitando reformas que separen los intereses políticos de los procesos de promoción judicial. Según su vocero, estas deficiencias permiten la intervención de actores externos en la toma de decisiones, lo que socava la independencia judicial. En su última declaración, insistieron en que «los jueces no deberían abogar ante autoridades políticas para conseguir ascensos». Esta patología del sistema de nombramientos ha sido una constante en la historia judicial chilena, y el caso Hermosilla ha puesto de manifiesto las consecuencias de no abordar estos problemas estructurales.

A su vez, los trabajadores judiciales han señalado que la crisis actual no es solo un reflejo de actos corruptos individuales, sino una falla sistémica dentro del Poder Judicial. La Asociación de Trabajadores Judiciales ha destacado que es fundamental cambiar el enfoque de la Comisión de Ética.

La Asociación de Magistrados ha enfatizado que, mientras persistan las actuales deficiencias en el sistema, los jueces y ministros seguirán expuestos a presiones indebidas. Hicieron un llamado al gobierno y al legislativo para que se avance en la creación de un órgano autónomo que supervise estos procesos y garantice la integridad de los jueces y juezas.

De esta forma, los gremios judiciales y los trabajadores insisten en que el problema es de carácter estructural y que solo una reforma profunda podrá restaurar la confianza en la justicia chilena.